GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

martes, 30 de junio de 2015

Las buenas intenciones de la Corporación de Mogán al aprobar el 18 y 19-07-2001 los instrumentos de desarrollo...(Pag 191 a 195 del libro: "Cómo iniciar...y pudrirse.." )

Cómo iniciar un proyecto turístico en Gran Canaria y pudrirse en el desierto

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PÁGINAS 191 a la 195 DEL LIBRO, (LITERAL)

......Continua la página 191.

"Es un escarnio que las "buenas intenciones" de la Corporación de Mogán en la aprobación el 18 y 19 de julio de 2001 del Plan Parcial y sus instrumentos de desarrollo prevalezcan en el mantenimiento de los instrumentos de desarrollo del Plan Parcial cuando precisamente el día 27 de junio de 2001 el Consejo de Gobierno de dicha Corporación protagonizó el acto presuntamente delictivo de falsedad en documento público como cooperante imprescindible al autorizar a su concejal de Urbanismo, Juan Santana Artiles, a que diera conformidad en la preceptiva representación de la Corporación en la constitución de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito que tuvo lugar el 10 de julio de 2001, en cuyo acto de constitución Inmobarrenda S.L., filial de Hermanos Santana Cazorla S.L., se arrogó la titularidad de la finca denominada Sector-16, ubicada en el ámbito del Plan Parcial, cuya finca era propiedad de la sociedad Investaurito S.A., también filial de la misma constructora, finca de 8.200 m2 sobre la que pesaba el embargo por impago de tributos al Ayuntamiento de Mogán de 351.424,68 euros y sobre cuya finca el Ayuntamiento ya había dictado el 14 del mismo mes de junio de 2001 diligencias de embargo. La Corporación, muy a sabiendas, dio su conformidad a la constitución de la Junta con la indicación "libre de cargas y gravámenes" en la escritura de constitución (página 8) de la Junta en el apartado de "Cargas" de la finca de Inmobarrenda S.L., finca, la denominada Sector-16, que sería sacada a subasta por el Ayuntamiento de Mogán el 6 de mayo de 2002, siéndole adjudicada a Exco Eximport de Comestibles S.L., y que tuvo las consecuencias de suspensión del Proyecto de Compensación sine die. La situación creada por esta subasta se relata con detalles en la Fase Segunda de la Etapa IV del libro.

2001-07-10 Constitución (escrituras) de la Junta de Compensación Sector 32 Costa Taurito.pdf

2007-09-27 Decreto 1908-2007-R del Ayto Mogán ratifica embargo finca S-16 el 14-06-2001 tributos 351.424.68 E. ptes..pdf

2002-05-06 PUBLICACION EN EL BOP EL ANUNCIO DE SUBASTA DE LA PARCELA S-16 DE COSTA TAURITO.pdf

2002-05-06 ACTA DE LA SUBAS DE LA PARCELA S-16 ADJUDICADA A EXCO EXIMPORT DE COMESTIBLES SL.pdf


Página 72 de este libro - Párrafo 2º y 3º - Corresponde a la Fase Primera
de la Etapa IV

En cuanto a la responsabilidad de los munícipes que el 27 de junio de 2001 acordaron en Comisión de Gobierno autorizar al concejal de Urbanismo de Mogán, Juan Santana Artiles, a que representara a la Corporación en el acto de constitución de la Junta de Compensación a celebrar ante notario el 10 de julio de 2001 y diera su conformidad a dicha constitución, conformidad imprescindible e inexcusable para que el acto adquiriese legalidad porque así lo manda la Ley del Suelo (Artículo 163.1 del RGU), se hicieron indispensables partícipes de los presuntos delitos de falsedad en documento público y estafa porque eran sobradamente conscientes que la finca Sector-16 pertenecía a Investaurito S.A., que dicha finca se encontraba ubicada dentro del ámbito del Plan Parcial cuya Junta de Compensación se iba a constituir y que la finca tenía desde el 14 de ese mismo mes de junio de 2001 diligencias de embargo decretado por el propio Ayuntamiento a causa del impago de tributos por la cuantía de 351.424,68 euros dimanantes de la compra-venta de la finca por parte de Investaurito S.A. a José Leva Marmol, tributos que fueron asumido por la compradora en la escritura de compra-venta.

2007-09-27 Decreto 1908-2007-R del Ayto Mogán ratifica embargo finca S-16 el 14-06-2001 tributos 351.424.68 E. ptes..pdf

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

Constitución el 10 de julio de 2001 de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito. Número de Protocolo 4.948 del Notario don Juan Alfonso Cabello Cascajo.

Interviniente por la Corporación de Mogán

3.- DON JUAN SANTANA ARTILES, en su condición de delegado por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán, según acuerdo de la Comisión de Gobierno de dicho ayuntamiento de fecha 27 de junio del 2.001, según certificación de la secretaria del Ayuntamiento de Mogán que se incorpora al presente.


Página 68 de este libro - párrafos 1º, 2º, 3º y 4º - Corresponde a la Fase Primera
de la Etapa IV (Ver también sus páginas 69,70,71 y 72)


Como podemos ver, Inmobarrenda S.L. aportó una finca como propia que no lo era en su totalidad, y aunque tanto Inmobarrenda S.L. como Investaurito S.A. eran filiales del mismo propietario, Hermanos Santana Cazorla S.L., lo que podía haber tenido una inmediata solución vía absorción de Investaurito S.A. por Inmobarrenda S.L., o por medio de compra-venta de la finca, no optó Hermanos Santana Cazorla S.L. por esta fácil solución por razones que hoy parecen obvias: la sociedad Investaurito S.A. tenía ya un embargo de 351.428,68 euros (unos ¡58 millones! de las antiguas pesetas) sobre esta finca decretado el 14 de junio de 2001 por el Ayuntamiento de Mogán por impuestos tributarios no satisfechos por y desde la compra-venta de la finca S-16 a José Leva Marmol el 17 de septiembre de 1986 y cuyo impuesto asumió como parte compradora en la escritura.

En el Decreto 1908/2007-R del Ayuntamiento de Mogán de 27 de septiembre de 2007, en su página 2, párrafo 1º, se puede apreciar que 26 días con anterioridad a la constitución de la Junta ya se había decretado el embargo sobre dicha finca. (Ver a continuación el párrafo del Decreto concerniente a la fecha del embargo).

".....a la vista de la diligencia de embargo fechada el 14 de junio de 2.001, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 1 de agosto de 2.001, ...."

Si bien ya es lo suficientemente grave en sí que Inmobarrenda S.L. aportara como propia la finca S-16 cuyo propietario era Investaurito S.A., lo que resulta mucho más grave y un acto manifiesto de presunta falsedad en documento público el hecho de que ocultase la voluminosa deuda tributaria que dicha finca tenía pendiente con el Ayuntamiento de Mogán y que declarase en el acto de constitución, como refleja su escritura, que la finca aportada por Inmobarrenda S.L. estaba libre de cargas y gravámenes.

0 Ley Orgánica 10-1995 CÓDIGO PENAL (Art 390 de la falsificación de documentos públicos oficiales y).pdf
0 Art. 248 del Código Penal -ESTAFA-.pdf

Siguiendo con el Razonamiento 3º del Auto, veamos lo que dice el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de junio de 2013, sentencia que anula los Autos de la Sala de instancia de 2 de diciembre de 2011 y 20 de abril de 2012 que archivaron el proceso inconcluso de ejecución sentencia firme 253/02 de 8 de marzo de 2002 del TSJC:

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013 (RCA 2713/2012). en sus "Antecedentes de Hecho" QUINTO, párrafo 8º, página 8, dice:


"En fecha 2 de diciembre de 2011, sin tramitar incidente de ejecución, se dio respuesta al escrito que había sido presentado por la demandante el 5 de octubre de 2010, mediante el auto traído a la casación, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Declarar ejecutada la Sentencia y archivar este procedimiento de ejecución. Todo ello sin imposición de las costas causadas en el presente incidente».

Sigue diciendo el Tribunal Supremo en la mentada sentencia sobre lo que dice el Auto de la Sala:


"Esta decisión se basa, esencialmente, en el siguiente fundamento jurídico segundo:

"Los acuerdos municipales cuya nulidad se pretende ahora, son anteriores al dictado de la sentencia de esta Sala y por supuesto a la fecha en que, desestimado por el Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto, adquirió firmeza.

Finalmente, no existe imposibilidad alguna de ejecutar la sentencia, como efectivamente se ha hecho por la Administración autonómica.

Procede desestimar la solicitud de ejecución formulada.»

Acabamos de ver lo que dice el Razonamiento Jurídico del Auto de la Sala de instancia de 2 de diciembre de 2011, anulado por la sentencia del Tribunal Supremo como hemos visto, y veamos ahora el Razonamiento Jurídico del Auto de la misma Sala de 24 de septiembre de 2014 sobre el mismo asunto, Auto que motiva este análisis:


"La Sala estima que los Acuerdos del ayuntamiento de Mogán citados no se dictaron con el fin espúreo de eludir el cumplimiento de la sentencia sino con la finalidad de agilizar la tramitación del planeamiento que se estimaba en vigor aunque estuviera en tramitación el recurso contencioso administrativo."

Podemos ver que la Sala insiste en lo procedente de las actuaciones de la Corporación de Mogán y resuelve en consonancia, a pesar de que este Razonamiento Jurídico ya fue objeto de anulación de los Autos anteriores por esta sentencia del Tribunal Supremo; el lector puede observar que el propio Tribunal Supremo da a la "no intencionalidad de la Corporación de Mogán de eludir la ejecución de la sentencia" como Fundamento Jurídico "esencial" en la resolución de la Sala de instancia del Auto de archivo de 2 de diciembre de 2011, lo que dio motivo de casación y anulación. Es relevante que ya entonces la Sala de instancia obviara en su Auto de archivo del proceso de ejecución de la sentencia 253/02 de 8 de marzo de 2002 del TSJC que cuando la Corporación de Mogán aprobó el 18 y 19 de julio de 2001 el Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito y sus instrumentos de desarrollo, respectivamente, existía en Canarias una prohibición absoluta en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura de aprobación de Disposiciones y desarrollo turístico-urbanístico impuesto por el Decreto 126/2001 de 28 de mayo de 2001 del Gobierno de Canarias, que tuvo su prolongación en la Ley 19/2003 de Directrices de 14 de Abril de 2003, y que, a más abundamiento, también existía sobre todo Costa Taurito la suspensión cautelar del PIOT y las Normas Subsidiarias de Mogán para Costa Taurito, decretado por la Sala de instancia con su Auto de 14 de abril de 2000 y que la Corporación de Mogán no podía olvidar ni eludir puesto que fueron dictados precisamente para evitar desmanes urbanísticos en Costa Taurito antes de que se produjera la sentencia definitiva.

A pesar de la anulación por el Tribunal Supremo de sus dos citados Autos de archivo del incidente de ejecución de la sentencia 253/02 de 8 de marzo de 2002 declarando incorrecto el Razonamiento Jurídico de que la Corporación de Mogán no aprobó las mentadas Disposiciones de desarrollo urbanístico con la intención de eludir la sentencia que recayese en el contencioso 114/2000, la Sala de instancia, como mencionado en el párrafo anterior, insiste en este Razonamiento Jurídico y estima que le da base jurídica suficiente para mantenerse en sus criterios, a pesar de la sentencia del TS, y resolver en su Auto de 24 de septiembre de 2014 en contra de ejecutar la sentencia en sus justos términos -lo que implica la anulación de los instrumentos de ejecución del anulado Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito-, expropiando con ello los derechos de la parte actora, Harchicasa, de una ejecución de sentencia como manda la Ley e incontables sentencias del TC, asumiendo potestad para expropiar tales derechos en una sentencia firme sólo atribuible al Consejo de Ministros en situaciones extremas de emergencia nacional, como pudiera ser una guerra, -ya pormenorizado en el primer párrafo del análisis (Página 172)- y dejando sin ejecutar en sus justos términos la sentencia 253/02 de 8 de marzo de 2002 de la propia Sala de instancia, de cuya sentencia es prolongación la del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013, cuyo incidente de ejecución nos ocupa. (Ver los apartados 1. y 3. del artículo 105 de la Ley 29-1998 RJCA a continuación).

Veamos lo que dice el Artículo 103.2 y .4 de la LEY REGULADORA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

103.2) "LAS PARTES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR LAS SENTENCIAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE EN ÉSTAS SE CONSIGNEN."

103.4) "SERÁN NULOS DE PLENO DERECHO LOS ACTOS Y DISPOSICIONES CONTRARIOS A LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LAS SENTENCIAS, QUE SE DICTEN CON LA FINALIDAD DE ELUDIR SU CUMPLIMIENTO."

105.1) No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo.

105.3) Son causas de utilidad pública o de interés social para expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme el peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional. (Ver el artículo completo en el enlace que sigue).

0 Art. 105 de la Ley 29-1998 Reguladora de la Jurisdicción Conten.-Admi. (expropiación derechos de sentencia firme).pdf "

continua en páginas siguientes........

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