GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

miércoles, 24 de junio de 2015

Ningún Tribunal tiene potestad para expropiar derechos adquiridos por sentencia firme....(Art.105 de la LRJC) ...(Página 171/72/73 del libro "Cómo iniciar....y pudrirse en el desierto")

PÁGINAS 171/72/73 DEL LIBRO

"Así mismo, la Doctrina del Tribunal Constitucional dice a cuento de la ejecución de sentencias:


c Incidente de ejecución. Alcance:

No permite resolver cuestiones que no hayan sido abordadas ni decididas en el fallo o con las que éste no guarde una inmediata o directa relación de causalidad, pues, de otro modo, no sólo se vulnerarían las normas legales que regulan la ejecución sino que podría resultar menoscabado, asimismo, el derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes procesales o terceros ( STC 18-7-1994 [ RTC 1994, 219] ).

C) Consagrando la llamada garantía de la inmodificabilidad del fallo, se razonó que:

“... los principios de seguridad jurídica y de legalidad en materia procesal de los artículos 9.3 y 117.3 de la Constitución impiden que los Jueces y Tribunales puedan revisar el juicio efectuado en un caso concreto, si entienden con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad aplicable.

Ha de admitirse, en consecuencia, que la inmodificabilidad de una Sentencia integra también el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la protección judicial carecería de efectividad si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por Sentencia firme. De este modo, el derecho fundamental del justiciable a la tutela judicial efectiva actúa como límite y fundamento que impide que los Jueces y Tribunales puedan revisar las Sentencias y demás resoluciones firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la Ley”

.

A continuación título del libro con enlace de descarga gratuita desde la editorial "Español.free-ebooks.net" en formato PDF incorporado.

CÓMO INICIAR UN PROYECTO HOTELERO EN GRAN CANARIA Y PUDRIRSE EN EL DESIERTO

PÁGINAS 171 - 172 - 173 DEL LIBRO

"ANÁLISIS DEL AUTO DE LA SALA DE INSTANCIA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LOS TRES RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Páginas 172 a 203

En primer lugar, hay que resaltar al iniciar este análisis jurídico que nos encontramos ante un incidente (proceso) de ejecución de sentencia -de sentencia firme de cosa juzgada y no ante un procedimiento de instrucción de un asunto a juzgar-, y, por consiguiente, está fuera de lugar el que se introduzca en la ejecución de este incidente asunto alguno ajeno a lo ya juzgado y que se haga con miras a tergiversar el resultado de lo fallado, bien por parte de la Sala de instancia o por ente alguno con pretensión de consolidar presuntos derechos patrimoniales adquiridos desde la ilegalidad, o Administración alguna en sus alegaciones en aras de la defensa de inexistente interés general. A este respecto, El Tribunal Constitucional deja meridianamente claro en sus repetidas sentencias que ningún juez, magistrado o Tribunal alguno está facultado por ley a cambiar la sustancia de un fallo de sentencia firme en un incidente (proceso) de ejecución de sentencia expropiando de esta manera a la parte actora de los derechos adquiridos a través de dicha sentencia; esta potestad es reservada exclusivamente al Consejo de Ministros y, en casos extremos de catástrofe natural, a la Comunidad Autónoma, según las situaciones contempladas en el artículo 105 de la Ley 29/1998 RJCA. Ver lo que dice el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, inserto en la página anterior, a este respecto.

(Art. 105 de la Ley 29-1998 Reguladora de la Jurisdicción Conten.-Admi. (expropiación derechos de sentencia firme).pdf)

Iniciando el análisis de este Auto, comienzo por insertar a continuación los tres Razonamientos Jurídicos en los que se basa la resolución de desestimar la petición-alegación de Harchicasa de anular los instrumentos de ejecución del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito, o sea, la Junta de Compensación, las Bases y Actuación de la Junta, el Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización.

El argumentario de los tres Razonamientos Jurídicos se extiende en un verbo de ocho folios de los que ocupa buena parte un relato del proceso de anulación de las Órdenes 633 y 634 de 5 de julio de 1999 (4ª Aprobación del PIOT para Costa Taurito y Normas Subsidiarias de Mogán para Costa Taurito) de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, hecho zanjado con la anulación de dichas Órdenes, firme, por sentencia 253/02 de 8 de marzo 2002, del TSJC, ratificada por la sentencia del TS de 15-10-2005, debiéndose tener muy en cuenta que ya desde el 14 de abril de 2000 pesaba sobre ambas Órdenes suspensión cautelar por Auto de la Sala de instancia que, en el caso del PIOT, se mantuvo hasta la definitiva anulación del mismo, y en el caso de las Normas Subsidiarias fue levantada dicha suspensión cautelar el 25 de octubre de 2000. No obstante, dicho acto de levantamiento de su nulidad temporal fue sólo puro brindis al sol porque su suspensión cautelar se mantuvo jurídica y procesalmente dado que su aprobación condicionó su vigencia, de acuerdo con los informes técnicos de 4 de febrero de 1999 del propio Ayuntamiento de Mogán, a la vigencia del PIOT, su documento jerárquico, por lo que dichas Normas Subsidiarias nunca dejaron de estar anuladas, primero cautelarmente, segundo por su dependencia del documento jerárquico, el PIOT, y, con la sentencia 253/02 de 8 de marzo de 2002 del TSJC y su ratificación por TS, definitivamente.

En todo caso, la pretensión de que el Auto de la misma Sala de instancia de 25 de octubre de 2000, que levantó la suspensión cautelar sobre la misma, le restaurara su vigencia es absolutamente erróneo y falso porque nunca estuvieron en vigor dichas Normas después del Auto de 14-04-2000 de la Sala de Instancia, como mencionado en el párrafo anterior. Por tanto, la pretendida validez de las Normas Subsidiarias que se justifica como uno de los Razonamientos Jurídicos a la ya mencionada resolución de desestimar la petición de Harchicasa de anular los instrumentos de ejecución del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito (Junta de Compensación, Estatutos y Bases de la Junta, el Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización) está totalmente fuera de lugar en su mera consideración. Asimismo, está igualmente fuera de lugar el pretender mantener la vigencia de dichos instrumentos de ejecución urbanística en base a que la aprobación de los mismos no fue tomada por la Corporación de Mogán el 18 y 19 de julio de 2001 sin intención de eludir la sentencia, no nata aún, que resultase del contencioso 114/2000 interpuesto por Harchicasa, cuya sentencia tuvo lugar el 8 de marzo de 2002. (Por la importancia de estos hechos en la resolución tomada, me alargaré en detalles en el Razonamiento Jurídico Segundo con información de evidencia procesal de hechos ya sentenciados por la propia Sala de instancia).

Como dato a tener en cuenta, debo mencionar que el Plan Parcial que nos ocupa fue aprobado por la Corporación de Mogán el 18 de julio de 2001, como ya se ha mencionado en el párrafo anterior, y sus instrumentos de ejecución urbanística citados fueron aprobados por dicha Corporación el 19 de julio de 2001, fechas en que estaba en pleno vigor el Decreto 126/2001 de 28 de mayo de 2001 (BOC 28-05-2001) de moratoria de planificación o edificación turística alguna, y, además, también estaba en pleno vigor la suspensión cautelar de la Aprobación 4ª del PIOT para Costa Taurito y las NNSS de Mogán para Costa Taurito, estas últimas por estar su vigencia condicionada, como ya se ha citado, a su documento jerárquico, el PIOT, que continuaba suspendido para Costa Taurito."

No hay comentarios:

Publicar un comentario