GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

domingo, 19 de julio de 2015

La Biblioteca Pública de Las Palmas; "Tres casos justiciables similares con resoluciones distintas"...(Libro: "Cómo iniciar...y pudrirse en...")


Tres casos justiciables similares con resoluciones distintas

Cómo iniciar un proyecto turístico en Gran Canaria y pudrirse en el desierto

Libro electrónico de 251 páginas con 214 enlaces de acceso rápido desde su generoso índice -16 páginas- a su contenido para facilitar la visión rápida y sin búsqueda de asuntos concretos de los tratado en el libro. Dispone, además, de unos 1.800 folios de documentos públicos guardados en una nube de acceso inmediato a través de enlaces insertados en su texto, según corresponda. Esta posibilidad tal vez sea excepcional en relatos de su clase. Su "divisa": "Todos los hechos relatados son de inmediata constatación"

A continuación, en recuadro, la opinión que este libro ha merecido a uno de sus lectores.


"Es un relato muy real y elegante y sobre todo caritativo"

Fecha de publicación de esta opinión en la página web de descarga del libro: el 10 de julio de 2015.

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PÁGINAS 163 a la 171 DEL LIBRO

TRES CASOS JUSTICIABLES SIMILARES CON RESOLUCIONES DISTINTAS

Imperó La Ley

Ermita Ntra. Sra. de Los Dolores - Mancha Blanca - Lanzarote (construcción de retretes)

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Imperó La Ley

Biblioteca pública de Las Palmas de Gran Canaria

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!

Harchicasa en el Barranco del Medio Almud en el Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito

El barranco del Medio Almud es el corazón del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito y representa el 82,88% de los 187.630 m2 de suelo aprovechable de dicho Plan Parcial. Es la aportación de Harchicasa, 155.510 m2 de suelo neto, a la Junta de Compensación del mentado Plan Parcial. La incorporación de Harchicasa a la Junta fue por imperativo legal de la Ley del Suelo. (Artículo 168.2 del RGU). De los 155.510 m2 de suelo aprovechable al 100% sólo recibió una parcela de 43.168 m2 (la nº 3), 23% del suelo aprovechable; los restantes 112.342 m2 los recibió en el Proyecto de Compensación la sociedad Inmobarrenda S.L., (después Unimadoc S.L.), del grupo de la constructora Hermanos Santana Cazorla S.L., en compensación por los 730.464 m2 de riscales de nulo aprovechamiento urbanístico que metió en la Junta.

Imagen de un plano del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito


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EL CASO LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Se impuso la Ley

Biblioteca pública de Las Palmas de Gran Canaria

La biblioteca pública de Las Palmas de Gran Canaria fue construida entre 1997/2001 e inaugurada el 25 de junio de 2002. Costó seis millones de euros que fueron sufragados por el Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España. Según el 'agua que ha pasado por debajo del molino' desde entonces, hemos podido saber que fue construida contraviniendo las ordenanzas urbanísticas municipales para esa parcela, en cuanto a los metros cuadrados construidos, sobrepasándose en altura y disminuyendo el espacio de parque público, convirtiéndose en pantalla a las vista del mar del edificio San Telmo que está detrás. Estos excesos en metros cuadrados construidos y disminución de parque público no los cubría la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Las Palmas en 1997, por tanto, infracción urbanística grave que convertía lo construido en ilegal propenso a demolición si se producía la pertinente demanda judicial. En todo caso, hoy nadie duda que la Biblioteca pública es un centro cultural de mucho relieve en la ciudad.

¿Y cuáles han sido las consecuencias de edificar una biblioteca con esos volúmenes donde las ordenanzas del suelo para esa parcela no lo permitían? Las consecuencia han sido que el edificio se ha erigido entre el edificio de viviendas San Telmo y el mar, y, consecuentemente, ha conformado una pantalla visual que no permite a los vecinos de dicho edificio disfrutar de las vistas del mar, como sí las tenían antes de erigirse la biblioteca, y se vieron perjudicados porque sus propiedades se devaluaron en cierta medida, optando por interponer un recurso contencioso-administrativo contra la otorgación de la licencia de construcción de la biblioteca. El recurso contencioso recibió el número 814/1998.

El 10 de octubre de 2002 la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia sobre el recurso contencioso 814/1992 interpuesto por la Comunidad de Propietarios del edificio San Telmo anulando la licencia de obras emitida por el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas el 25 de septiembre de 1997 en base a que se había aumentado considerablemente (580 m2) el espacio cultural y se había disminuido el espacio libre en 817 m2. Esta sentencia fue recurrida en Casación al Tribunal Supremo que vino a ratificar, en un toma y daca de años, la sentencia inicial del TSJC. Se obvió la ley en su edificación y, como corresponde en un Estado de Derecho, el edificio tiene que ser demolido y así lo ratifica en su última sentencia de 16 de mayo de 2014 el Tribunal Supremo desestimando el recurso de Casación interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas y la Abogacía del Estado. Por supuesto que no es del agrado de cualquier ciudadano el ver que se procede a la demolición de una biblioteca, precisamente ésta que es de tal relieve cultural en la ciudad; no obstante, todos los que creen en lo que significa para todos los españoles los valores de un Estado de Derecho, según criterios varios expuestos en la prensa local a cuento del asunto biblioteca, lo aceptan como hecho lógico e inexcusable. LA LEY TIENE QUE IMPERAR.

2014-05-16 sentencia del TS ordenando la demolición de LA BIBLIOTECA TS Cont 16-05-2014.pdf

Sobre esta sentencia definitiva, desestimación del recurso de Casación 1621/2013 interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas y la Abogacía del Estado, el Poder Judicial emitió el comentario que sigue, el cual, además de insertarlo a continuación, pongo de relieve la siguiente frase:

"nuestro cometido institucional (artículo 117 de la Constitución) es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales".

(Transcripción literal de lo publicado en la página siguiente)


Noticias Judiciales

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Autor: Comunicación Poder Judicial

martes, 1 de julio de 2014

El Supremo ordena demoler una biblioteca pública en las Palmas de Gran Canaria La sentencia de la Sala Tercera señala que el edificio contradice a las disposiciones urbanísticas

El Tribunal Supremo ha confirmado que el edificio de la Biblioteca Pública del Estado, en Las Palmas de Gran Canaria, debe ser demolido, por ser contrario a las disposiciones urbanísticas y, entre otras infracciones, haber eliminado zonas verdes y constituir una pantalla arquitectónica que cercena las vistas del litoral.

La Sala Tercera del alto tribunal rechaza los recursos del ayuntamiento de Las Palmas y de la Abogacía del Estado contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 14 de febrero de 2013, que rechazó la solicitud de que se decretase la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia firme del caso que estableció la demolición (que es del año 2002), con el argumento de que la biblioteca tiene idéntico régimen jurídico de los bienes de interés cultural, previsto en la Ley de Patrimonio, por lo que no procede ordenar su demolición.

El Supremo rechaza esa tesis e indica que la finalidad de la Ley de Patrimonio es amparar las bibliotecas de titularidad del Estado "bajo el presupuesto de que éstas se hayan construido legalmente, y no parece que su objetivo sea permitir las edificaciones ilegales destinándolas a bibliotecas, archivos o museos estatales".

La Sala se manifiesta consciente de los conflictos que plantean las actuaciones administrativas declaradas ilegales cuando los hechos se han consumado, como sucede en este caso con el edificio destinado a biblioteca de titularidad estatal, pero -añade- "nuestro cometido institucional (artículo 117 de la Constitución) es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales".

La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados que la han dictado, que entendían que debía estimarse el recurso del ayuntamiento y del abogado del Estado declarándose la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, y fijándose alternativamente una indemnización para los vecinos de la comunidad de propietarios del edificio San Telmo (vencedores del pleito)."

(El resaltado es añadido)

Y ahora tal vez haya lugar al siguiente interrogante: ¿hubo mala fe por parte de los regidores municipales que extendieron la licencia para la construcción de la biblioteca al hacerlo? Descartado, no pudo haber mala fe en extender una licencia para la construcción de algo tan importante y necesario como es un edificio cultural. (Hago referencia a "la fe" porque la buena o mala fe es un calificativo de actos que en lo judicial aparece con frecuencia como "comodín" para dictaminar en una línea o la opuesta según criterios del juzgador del momento sobre el asunto enjuiciado. No hay duda que este "comodín" puede resultar muy útil en los casos en los que el juzgador pueda aportar su propio convencimiento de lo justo o injusto aparte de la rigidez de la ley pero no es menos cierto que da un margen, tal vez excesivo, a que el juzgador dicte resoluciones en base a criterios o circunstancias personales que pueden dar origen al concepto procesal denominado "incongruencia procesal")

A cuento del asunto biblioteca, el diario CANARIAS7 de 18 de noviembre de 2014 publicó la siguiente información sobre la situación del proceso a dicha fecha:


CANARIAS7 - 18 de noviembre de 2014

"El Tribunal Supremo rechazó, a fines de septiembre, el incidente de nulidad de actuaciones promovido en julio por el Ayuntamiento para evitar el derribo de la biblioteca estatal. Los magistrados entienden que la demolición hace prevalecer «el valor superior de la justicia, que conlleva el cumplimiento de las sentencias firmes como manifestación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales»."

2014-11-18 El Supremo se reafirma en demoler la biblioteca.pdf

Cerrada la vía ordinaria después de 4 resoluciones del Tribunal Supremo desestimatorias de lo recurrido, el Consistorio recurre en amparo al Tribunal Constitucional.

A continuación enlace al artículo de Francisco J. Chavanel sobre la sentencia de demolición de la Biblioteca de Las Palmas publicado en el diario CANARIAS7 de 21 de noviembre de 2014, que es de lo más instructivo, y también las declaraciones publicadas en canariasahora.com el 02-07-2014 del alcalde Juan J. Cardona que vislumbró expropiación de derechos a la parte actora y lo que dice la Ley 29-1998 LJCA (art.105) sobre la expropiación de derechos adquiridos en sentencia firme.

2014-07-02 Cardona demolería antes los hoteles ilegales de Lanzarote que la biblioteca (canariasahoras.com).pdf

Art. 105 de la Ley 29-1998 Regula de la Jurisdi Conten.-Admi. (expropiación derechos de sentencia firme).pdf

2014-11-21 Derribo de la Biblioteca y el Mamotreto (Francisco J. Chavanel en el Canarias7).pdf

Ampliar imagen para facilitar su lectura

Biblioteca de Alejandría - destruida por la barbarie en el 646 de nuestra Era


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CASO LOS EVACUATORIOS DEL PUEBLO DE MANCHA BLANCA (LANZAROTE)

Aplicación de la Ley, simplemente

Ermita "Nuestra Señora de Los Dolores" (También Virgen de Los Volcanes)

Pueblo Mancha Blanca (Lanzarote)

Evacuatorios "Los Dolores"

La ermita del pueblo de Mancha Blanca en Lanzarote es un lugar de peregrinaje por antonomasia en la isla de Lanzarote. Raramente hay visitante turístico a la isla que no pase por dicha ermita porque su influencia religiosa se remonta a tiempos muy pretéritos en los que se le atribuye el milagro de haber salvado a la isla del fuego de los volcanes al parar el avance de la lava, de ahí que, además de ser conocida por su denominación propia de "Nuestra Señora de Los Dolores", también es conocida como "La Virgen de los Volcanes". En todo caso, la afluencia de peregrinaje a esta ermita es de record. La afluencia de personas a esta ermita era un hecho que seguía en aumento cada día pero, hete aquí que ello vino a presentar un grave problema de higiene y situaciones embarazosas para los visitantes ya que en las inmediaciones de la ermita no había sitio alguno donde aliviar la vejiga.... o cosas mayores. Ante esta situación, y ante el inevitable cartel de tercermundista que nos estábamos ganando a pulso, el regidor de la época en el Cabildo tomó la decisión de solventar tan acuciante problema, porque acuciante es el tener que 'descargar' y no encontrar ni una tunera a la vista para perpetrar el acto fuera de la vista de la numerosa concurrencia al lugar.

Como mandan los cánones, el regidor en cuestión de la isla asumió la obligación de solventar el problema porque también en Lanzarote vive el 80% de su población del turismo, pues pensó que para ello le pagaban, y tiró de tiralíneas y marcó un punto cercano a la ermita donde construir unos evacuatorios , no muy grandes porque unos evacuatorio no necesitan un campo de futbol, y los edificó. No se fijó debidamente en la elección del sitio, posiblemente porque pensó que por su pequeño tamaño, alrededor de 100 m2, metro más o menos, podría pasar desapercibido, y, sobre todo, obvió que marcaba en suelo protegido de imposible edificabilidad si no se cambiaban previamente las normas de su protección, y así fue que en junio de 2003 edificó los evacuatorios sin cambiar previamente las normas sobre ese pedazo de suelo y obviando la prohibición que imponía la ley de edificar en ese sitio.

El asunto de los evacuatorios terminó en los tribunales, en este caso por la vía penal, y una juez de Lanzarote lo condenó en mayo de 2011 a dos años de prisión por haber edificado los mentados evacuatorios en suelo protegido que no permitía edificación alguna; por tanto, infracción grave de la ley sobre el territorio. Esta sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife de mayo de 2011, con el fallo


FALLO

"al considerar probado que cometió los delitos de prevaricación urbanística, daños contra el Patrimonio y un delito contra la ordenación territorial"

fue ratificada por la Audiencia Provincial de Las Palmas el 26 de marzo de 2012, sentencia no recurrible. Como hemos podido ver en este otro ejemplo, no obstante la innegable necesidad de proveer al pueblo Mancha Blanca de baños-evacuatorios en las inmediaciones de su ermita, se hicieron en la ilegalidad, se obvió e incumplió la ley del suelo en su edificación, y tuvo como consecuencia la condena al regidor infractor que implicó dos años de privación de libertad, además de ocho años de inhabilitación para ocupar cargo público, porque, en este caso, el actor demandante optó por la vía penal. De haber optado por la vía de lo contencioso posiblemente la sentencia habría sido la demolición de lo construido donde la ley no lo permitía, si así lo hubiese pedido el denunciante, sin tomar en consideración la imperiosa necesidad que existía de edificar dichos evacuatorios porque la ley no se puede acomodar a las necesidades o pretensiones de cualquiera en cada caso y situación. En el caso de los evacuatorios de "Los Dolores" igualmente procede plantearse el mismo interrogante que en el caso de "la biblioteca": ¿hubo mala fe por porte del regidor de Lanzarote al hacer construir los retretes en las inmediaciones de la ermita de Nuestra Señora de Los Dolores en el pueblo Mancha Blanca? Descartado, no pudo haber mala fe porque no había lucro personal de ningún tipo. Ha lugar a insertar aquí el mismo comentario que en el caso " la Biblioteca" sobre el "comodín" de la buena o mala fe en los procedimientos procesales.

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CASO HOTELES ARCHIPIÉLAGO CANARIO S.A. (HARCHICASA) EN EL BARRANCO DEL MEDIO ALMUD, COSTA TAURITO, MOGÁN

El Auto de 24 de septiembre de 2014 de un Tribunal de la Sala de instancia, compuesto por los señores magistrados D. César José García Otero, Dña. Cristina Páez Martínez-Virel y D. Javier Varona Gómez-Acedo, desestima las alegaciones presentadas por Harchicasa y deja vigentes la Junta de Compensación, los Estatutos y Bases de la Junta, el Proyecto de Urbanización y el Proyecto de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito, cuya anulación pedía Harchicasa en razón de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013, cuyo proceso de ejecución nos ocupa, que trae causa de la 253/02 del TSJC de 8 de marzo de 2002, firme. Estos magistrados fueron parte de los 4 denunciados el 26 de septiembre de 2013 por Harchicasa en la Fiscalía del TSJC por presunta prevaricación. En el texto de este Auto no figura presidente ni ponente. (Denuncia en Etapa VII, Parte Segunda).

2014-09-24 Auto de la Sala de lo Contencioso del TSJC desestimando anular Junta Comp y Pro Compen.pdf

2013-09-26 DENUNCIA EN FISCALÍA (1ª pag con sello entrad) contra 4 magis de la Sala Segunda del TSJC.pdf

Cabe comenzar este apartado con una frase del contundente contenido del comunicado que el Poder Judicial emitió el 1 de julio de 2014 (Ver texto completo en el enlace que sigue) a cuento de la sentencia desestimatoria del recurso de Casación del Ayuntamiento de Las Palmas y la Abogacía del Estado contra la demolición de la biblioteca pública de Las Palmas de G.C., lo que ratifica y confirma la demolición de la misma (ver el caso la Biblioteca en la página 165). Inserto a continuación una frase literal del mismo:

"nuestro cometido institucional (artículo 117 de la Constitución) es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales"

2014-07-01 EL SUPREMO ORDENA DEMOLER LA BIBLIOTECA - NOTA DEL PODER JUDICIAL.pdf

Así mismo, la Doctrina del Tribunal Constitucional dice a cuento de la ejecución de sentencias:


c Incidente de ejecución. Alcance:

No permite resolver cuestiones que no hayan sido abordadas ni decididas en el fallo o con las que éste no guarde una inmediata o directa relación de causalidad, pues, de otro modo, no sólo se vulnerarían las normas legales que regulan la ejecución sino que podría resultar menoscabado, asimismo, el derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes procesales o terceros ( STC 18-7-1994 [ RTC 1994, 219] ).

C) Consagrando la llamada garantía de la inmodificabilidad del fallo, se razonó que: “... los principios de seguridad jurídica y de legalidad en materia procesal de los artículos 9.3 y 117.3 de la Constitución impiden que los Jueces y Tribunales puedan revisar el juicio efectuado en un caso concreto, si entienden con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad aplicable.

Ha de admitirse, en consecuencia, que la inmodificabilidad de una Sentencia integra también el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la protección judicial carecería de efectividad si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por Sentencia firme. De este modo, el derecho fundamental del justiciable a la tutela judicial efectiva actúa como límite y fundamento que impide que los Jueces y Tribunales puedan revisar las Sentencias y demás resoluciones firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la Ley”.

[Continua en la página siguiente el análisis sobre el Auto de 24 de septiembre de 2014 de la Sala de instancia]

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