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EL ESTUDIO DE LA ULPGC SOBRE PLAYA DEL INGLÉS: CUATRO AÑOS TARDE
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El estudio por encargo del Cabildo grancanario sobre la renovación de la planta alojativa de Playa del Inglés de los catedráticos de urbanismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Eduardo Cáceres y Juan Palop, dado ha conocer el día 13 de marzo en el Seminario sobre Territorio y Turismo organizado por el propio Cabildo, ha llegado cuatro años tarde, cuando poco, y, además, en ‘solitario’. Este concienzudo y laborioso estudio debió ser presentado ‘en sociedad’, especialmente al Gobierno de Román Rodríguez y a los partidos políticos antes de que La Ley de Directrices o Moratoria al crecimiento turístico fuese aprobada por dicho Gobierno y también por el Parlamento en abril del 2003. La “triste y penosa” situación, “de calidad baja”, según el estudio, en que se encuentra la gran parte de la oferta alojativa de Playa del Inglés ya era conocida por casi todos los políticos grancanarios, de los que no pocos sientan cátedra cuando hablan de turismo, pero optaron unánimemente por apoyar la Ley de Directrices o Moratoria al crecimiento turístico que fue aprobada por nuestro Parlamento el 14 de abril del mentado 2003, a ‘calzón caído’ por puro afán populista a causa de las inminentes elecciones. Esta Ley fue ‘vendida’ a la opinión pública grancanaria como una Ley que se marcaba el objetivo de renovar la planta turística obsoleta, especialmente la extrahotelera que rondaban las 80.000 camas y su gran mayoría muy gastadas y no pocas irrecuperables como menciona el mentado estudio, acompañando dicho objetivo con un drástico cerrojazo al crecimiento de nuevas camas, tanto hoteleras como extrahoteleras, cerrojazo que se ha llevado a efectos. Al día de hoy, cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley de Directrices o Moratoria, esa renovación de la planta extrahotelera obsoleta, presuntamente justificadora de la implantación de esta Ley, brilla por su ausencia.
Y ahora el lector tal vez se pregunte: ¿Y por qué la mención de que este estudio ha sido presentado en ‘solitario’? Pues porque este estudio debió ser efectuado y presentado, en compañía de otro estudio de mercado turístico, antes de la aprobación de la Ley de Directrices; los dos juntos. Puede que se suscite también la pregunta: ¿y por qué acompañado de un estudio de mercado para promulgar una Ley que recorte el crecimiento turístico a cero, como ha sido el caso? Porque esta Ley iba a actuar sobre el crecimiento económico de nuestra Isla en el sector turístico que representa el 80% de nuestra economía y debió ser fundamental el disponer de una información completísima de la situación del mercado turístico para poder valorar si los objetivos marcados en la prevista Ley iban a sintonizar con esas exigencias del mercado en lo que a Gran Canaria se refiere. Expongo a continuación mis puntos de vista, que no lo son de ahora, a ‘toro pasado’, sino que ya lo eran mucho antes de que se aprobara esta Ley y quedó constancia de ello en numerosos artículos que me fueron publicados al respecto en la prensa local de papel y digital. Me explico:
Un estudio del mercado turístico antes de aprobar la Ley que nos ocupa nos habría puesto clarísimo que la demanda del mercado turístico en ese momento, y desde hacía más de una década, se había decantado masivamente hacia los hoteles de tres estrellas para arriba, especialmente los de cuatro y cinco estrellas. Ese estudio, que debió efectuarse por encargo del Cabildo grancanario a través de su Consejería de Turismo, debía recaer en profesionales independientes del mercado de la demanda no vinculados a turoperadores con intereses en hoteles en Gran Canaria. Este estudio les habría sido a nuestros políticos grancanarios una herramienta más que útil y necesaria para saber de fuente no interesada qué es lo que exigía el mercado ya antes de aprobar la Ley de Directrices, y esa Ley, que tal vez entonces no habría visto la luz, habría dejado las puertas abiertas de par en par, por puro sentido común, para todo proyecto hotelero en Gran Canaria orientado a satisfacer esa demanda, sin que dicho proyecto tuviese que estar condicionados a tener que llevar complementos como campos de golf, puertos deportivos u otras exigencias de tal calibre, porque de tanto lujo como algunos ‘enterados’ de la ‘cosa’ turística han querido imponer a golpe de ley ha resultado al final que el grueso de nuestra oferta turística sólo se compone de camas extrahoteleras y obsoletas.
Si este minucioso estudio de la ULPGC, junto con el de mercado efectuado por parte no interesado, lo hubiesen tenido los políticos grancanarios a su disposición y estudiados a fondo antes de dar su aprobación a una Ley que condicionaría y sigue condicionando el 80% de la actividad económica de nuestra Isla con el riesgo, hoy ya casi certeza, de convertirnos en un destino turístico degradado en grado sumo, habrían visto con suma claridad que la rehabilitación de la planta extrahotelera de la Isla, especialmente de Playa del Inglés, es una misión imposible, como el estudio de la ULPGC recalca, porque la propiedad privada de casi la totalidad de las camas extrahoteleras está muy atomizada y esa propiedad, al igual que cualquier otra, invierte su dinero donde espera obtener beneficios y no puede ser motivada a ‘golpe’ de Ley. Las argumentaciones de los propulsores de esa Ley culpando al actual Gobierno del fracaso de la Ley en la culminación de sus objetivos en la renovación de la planta obsoleta por no haberse centrado en su desarrollo, son argumentos que no se sostienen por la razón antes expuesta de que la renovación pasa por el bolsillo de los propietarios de las camas extrahoteleras y ninguna Ley puede obligarlos a invertir en algo donde no hay expectativas de beneficio. El Gobierno les puede cerrar el negocio si no cumplen la normativa pero eso sería todo lo que puede hacer dentro de nuestro Estado de Derecho. De todas formas, el objetivo fundamental de los propulsores de la Ley -básicamente la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, El Hierro y La Gomera (ASHOTEL)- ha sido alcanzado con toda rotundidad: congelación absoluta de proyectos hoteleros de calidad que pudieran mermar su liderazgo en la oferta turística canaria en ese campo.
Por consiguiente, cuando muy alegremente todo nuestro Parlamento se apuntó al ‘éxito’ aprobando por unanimidad la Ley de Directrices en abril del 2003, faltó la previa e imprescindible información para tomar la decisión acertada que nunca debió ser el cerrar a cal y canto el desarrollo de proyectos hoteleros de cuatro y cinco estrellas para Gran Canaria, de los que adolecía y sigue adoleciendo nuestra Isla, en aras de proteger y obligar a renovar la decrépita planta extrahotelera en detrimento del sector hotelero que es el único que da alto relieve e importancia a una zona turística de las características de la nuestra. Los hoteles de calidad ‘tiran del carro’ de la buena imagen de toda zona turística y dan muy buena ‘sombra’ a los complejos extrahoteleros. El sacrificar el crecimiento hotelero en beneficio del sector extrahotelero es el mayor error que ha cometido Gran Canaria, dentro de los muchos cometidos, en su política turística.
Ha lugar el mencionar ahora el ‘salpafuera’ protagonizado esta semana en nuestro Parlamento a cuento de las cinco mil y pico de camas turísticas que han sido aprobadas dentro de la excepcionalidad contemplada en la Ley de Directrices y que ha representado una clara degradación de nuestro Parlamento según titulaba en portada el pasado día 23 un diario local de papel, pero si ha habido degradación de nuestro Parlamento no ha sido precisamente por el ‘salpafuera’ protagonizado por sus Señorías, porque para eso y para más está la ‘Caja de Resonancia’ de una sociedad plural y democrática, sino por el hecho de que el Parlamento se ocupe de la autorización de proyectos turísticos y que durante casi una semana se enzarce en un rifirrafe impresentable a cuenta de la aprobación de ese puñado de camas turísticas cuando hay miles de ciudadanos canarios que no tienen una cama donde ‘caerse muerto’ y nuestro Parlamento no se da por enterado. Esa tumultuosa semana bien mereció que un día, un solo día cuando menos, hubiese sido reservado para dar solución por la vía de urgencia al calvario que viven día a día nuestros enfermos mentales y sus familiares, aún excluidos de la total y absoluta cobertura de nuestra Seguridad Social, tanto en asistencia diaria como en camas hospitalarias. Menuda vitalidad echaron sus Señorías en mantener o derribar proyectos turísticos, que pueden tardar una década en construirse si la demanda del mercado turístico decrece, y que no debieron pasar nunca de la Consejería responsable a estos efectos del Cabildo, el único que en cada Isla del Archipiélago debería tener la potestad de aprobar o rechazar actuaciones turísticas dentro de su territorio, y de la Consejería de Turismo del Gobierno en lo que concierne a la aplicación de la reglamentación sobre establecimientos turísticos.
Hay días que despierto con la desoladora sensación que nuestra Isla deriva hacia el Sur, hacia el África variopinta, hacia un desierto sin retorno, mientras los de ‘ahí enfrente’ contemplan complacidos nuestra deriva, cual jaula de grillos al pairo en el Océano, y bailan felices bajo el “Árbol de la Felicidad” (Léase Ley de Directrices o Moratoria).
Las Palmas de La Gran Canaria, 31 de marzo del 2007.
Daniel Garzón Luna
El mismo artículo con información gráfica en mis páginas WEB de Google y MSN: http://danielgarzonluna.blogspot.com/
http://zxcvbn14.spaces.live.com
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El estudio por encargo del Cabildo grancanario sobre la renovación de la planta alojativa de Playa del Inglés de los catedráticos de urbanismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Eduardo Cáceres y Juan Palop, dado ha conocer el día 13 de marzo en el Seminario sobre Territorio y Turismo organizado por el propio Cabildo, ha llegado cuatro años tarde, cuando poco, y, además, en ‘solitario’. Este concienzudo y laborioso estudio debió ser presentado ‘en sociedad’, especialmente al Gobierno de Román Rodríguez y a los partidos políticos antes de que La Ley de Directrices o Moratoria al crecimiento turístico fuese aprobada por dicho Gobierno y también por el Parlamento en abril del 2003. La “triste y penosa” situación, “de calidad baja”, según el estudio, en que se encuentra la gran parte de la oferta alojativa de Playa del Inglés ya era conocida por casi todos los políticos grancanarios, de los que no pocos sientan cátedra cuando hablan de turismo, pero optaron unánimemente por apoyar la Ley de Directrices o Moratoria al crecimiento turístico que fue aprobada por nuestro Parlamento el 14 de abril del mentado 2003, a ‘calzón caído’ por puro afán populista a causa de las inminentes elecciones. Esta Ley fue ‘vendida’ a la opinión pública grancanaria como una Ley que se marcaba el objetivo de renovar la planta turística obsoleta, especialmente la extrahotelera que rondaban las 80.000 camas y su gran mayoría muy gastadas y no pocas irrecuperables como menciona el mentado estudio, acompañando dicho objetivo con un drástico cerrojazo al crecimiento de nuevas camas, tanto hoteleras como extrahoteleras, cerrojazo que se ha llevado a efectos. Al día de hoy, cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley de Directrices o Moratoria, esa renovación de la planta extrahotelera obsoleta, presuntamente justificadora de la implantación de esta Ley, brilla por su ausencia.
Y ahora el lector tal vez se pregunte: ¿Y por qué la mención de que este estudio ha sido presentado en ‘solitario’? Pues porque este estudio debió ser efectuado y presentado, en compañía de otro estudio de mercado turístico, antes de la aprobación de la Ley de Directrices; los dos juntos. Puede que se suscite también la pregunta: ¿y por qué acompañado de un estudio de mercado para promulgar una Ley que recorte el crecimiento turístico a cero, como ha sido el caso? Porque esta Ley iba a actuar sobre el crecimiento económico de nuestra Isla en el sector turístico que representa el 80% de nuestra economía y debió ser fundamental el disponer de una información completísima de la situación del mercado turístico para poder valorar si los objetivos marcados en la prevista Ley iban a sintonizar con esas exigencias del mercado en lo que a Gran Canaria se refiere. Expongo a continuación mis puntos de vista, que no lo son de ahora, a ‘toro pasado’, sino que ya lo eran mucho antes de que se aprobara esta Ley y quedó constancia de ello en numerosos artículos que me fueron publicados al respecto en la prensa local de papel y digital. Me explico:
Un estudio del mercado turístico antes de aprobar la Ley que nos ocupa nos habría puesto clarísimo que la demanda del mercado turístico en ese momento, y desde hacía más de una década, se había decantado masivamente hacia los hoteles de tres estrellas para arriba, especialmente los de cuatro y cinco estrellas. Ese estudio, que debió efectuarse por encargo del Cabildo grancanario a través de su Consejería de Turismo, debía recaer en profesionales independientes del mercado de la demanda no vinculados a turoperadores con intereses en hoteles en Gran Canaria. Este estudio les habría sido a nuestros políticos grancanarios una herramienta más que útil y necesaria para saber de fuente no interesada qué es lo que exigía el mercado ya antes de aprobar la Ley de Directrices, y esa Ley, que tal vez entonces no habría visto la luz, habría dejado las puertas abiertas de par en par, por puro sentido común, para todo proyecto hotelero en Gran Canaria orientado a satisfacer esa demanda, sin que dicho proyecto tuviese que estar condicionados a tener que llevar complementos como campos de golf, puertos deportivos u otras exigencias de tal calibre, porque de tanto lujo como algunos ‘enterados’ de la ‘cosa’ turística han querido imponer a golpe de ley ha resultado al final que el grueso de nuestra oferta turística sólo se compone de camas extrahoteleras y obsoletas.
Si este minucioso estudio de la ULPGC, junto con el de mercado efectuado por parte no interesado, lo hubiesen tenido los políticos grancanarios a su disposición y estudiados a fondo antes de dar su aprobación a una Ley que condicionaría y sigue condicionando el 80% de la actividad económica de nuestra Isla con el riesgo, hoy ya casi certeza, de convertirnos en un destino turístico degradado en grado sumo, habrían visto con suma claridad que la rehabilitación de la planta extrahotelera de la Isla, especialmente de Playa del Inglés, es una misión imposible, como el estudio de la ULPGC recalca, porque la propiedad privada de casi la totalidad de las camas extrahoteleras está muy atomizada y esa propiedad, al igual que cualquier otra, invierte su dinero donde espera obtener beneficios y no puede ser motivada a ‘golpe’ de Ley. Las argumentaciones de los propulsores de esa Ley culpando al actual Gobierno del fracaso de la Ley en la culminación de sus objetivos en la renovación de la planta obsoleta por no haberse centrado en su desarrollo, son argumentos que no se sostienen por la razón antes expuesta de que la renovación pasa por el bolsillo de los propietarios de las camas extrahoteleras y ninguna Ley puede obligarlos a invertir en algo donde no hay expectativas de beneficio. El Gobierno les puede cerrar el negocio si no cumplen la normativa pero eso sería todo lo que puede hacer dentro de nuestro Estado de Derecho. De todas formas, el objetivo fundamental de los propulsores de la Ley -básicamente la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, El Hierro y La Gomera (ASHOTEL)- ha sido alcanzado con toda rotundidad: congelación absoluta de proyectos hoteleros de calidad que pudieran mermar su liderazgo en la oferta turística canaria en ese campo.
Por consiguiente, cuando muy alegremente todo nuestro Parlamento se apuntó al ‘éxito’ aprobando por unanimidad la Ley de Directrices en abril del 2003, faltó la previa e imprescindible información para tomar la decisión acertada que nunca debió ser el cerrar a cal y canto el desarrollo de proyectos hoteleros de cuatro y cinco estrellas para Gran Canaria, de los que adolecía y sigue adoleciendo nuestra Isla, en aras de proteger y obligar a renovar la decrépita planta extrahotelera en detrimento del sector hotelero que es el único que da alto relieve e importancia a una zona turística de las características de la nuestra. Los hoteles de calidad ‘tiran del carro’ de la buena imagen de toda zona turística y dan muy buena ‘sombra’ a los complejos extrahoteleros. El sacrificar el crecimiento hotelero en beneficio del sector extrahotelero es el mayor error que ha cometido Gran Canaria, dentro de los muchos cometidos, en su política turística.
Ha lugar el mencionar ahora el ‘salpafuera’ protagonizado esta semana en nuestro Parlamento a cuento de las cinco mil y pico de camas turísticas que han sido aprobadas dentro de la excepcionalidad contemplada en la Ley de Directrices y que ha representado una clara degradación de nuestro Parlamento según titulaba en portada el pasado día 23 un diario local de papel, pero si ha habido degradación de nuestro Parlamento no ha sido precisamente por el ‘salpafuera’ protagonizado por sus Señorías, porque para eso y para más está la ‘Caja de Resonancia’ de una sociedad plural y democrática, sino por el hecho de que el Parlamento se ocupe de la autorización de proyectos turísticos y que durante casi una semana se enzarce en un rifirrafe impresentable a cuenta de la aprobación de ese puñado de camas turísticas cuando hay miles de ciudadanos canarios que no tienen una cama donde ‘caerse muerto’ y nuestro Parlamento no se da por enterado. Esa tumultuosa semana bien mereció que un día, un solo día cuando menos, hubiese sido reservado para dar solución por la vía de urgencia al calvario que viven día a día nuestros enfermos mentales y sus familiares, aún excluidos de la total y absoluta cobertura de nuestra Seguridad Social, tanto en asistencia diaria como en camas hospitalarias. Menuda vitalidad echaron sus Señorías en mantener o derribar proyectos turísticos, que pueden tardar una década en construirse si la demanda del mercado turístico decrece, y que no debieron pasar nunca de la Consejería responsable a estos efectos del Cabildo, el único que en cada Isla del Archipiélago debería tener la potestad de aprobar o rechazar actuaciones turísticas dentro de su territorio, y de la Consejería de Turismo del Gobierno en lo que concierne a la aplicación de la reglamentación sobre establecimientos turísticos.
Hay días que despierto con la desoladora sensación que nuestra Isla deriva hacia el Sur, hacia el África variopinta, hacia un desierto sin retorno, mientras los de ‘ahí enfrente’ contemplan complacidos nuestra deriva, cual jaula de grillos al pairo en el Océano, y bailan felices bajo el “Árbol de la Felicidad” (Léase Ley de Directrices o Moratoria).
Las Palmas de La Gran Canaria, 31 de marzo del 2007.
Daniel Garzón Luna
El mismo artículo con información gráfica en mis páginas WEB de Google y MSN: http://danielgarzonluna.blogspot.com/
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