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EL VICIO HISTÓRICO DE METER LA CUCHARA EN SUELO AJENO
Al día de hoy, y después de echar una ojeada a siglos transcurridos, se puede aseverar que los gestores políticos de España han tenido una fijación por mantener un control férreo sobre el suelo, tanto como si ha sido propiedad del Estado, en cuyo caso es natural, como si ha sido de propiedad privada, en cuyo caso es intervencionismo y metida de cuchara donde no deben, y, en lo que a la actualidad se refiere, pasarse por el ‘arco del triunfo’ el Artículo 15 de la Ley del Suelo española. ¿Que esto ha tenido homogeneidad en otras naciones de la Europa Occidental? Sin duda alguna pero no con la continuidad española y en muchísima menor medida como más adelante podremos ver en el ejemplo comparativo que expondré sobre el concepto español de la propiedad del suelo y el sajón (británico para más señas). Comenzaré por ubicarme en la época en la que se sentaron las bases para que el ciudadano de España, en esa época aún envuelta en lucha por su reunificación, perdiera el poder sobre la propiedad de su suelo en profundidad -en los casos que fuese propietario de suelo- y pasó a ser un propietario superficial del mismo. El artífice absolutista de esta iniciativa fue el rey Alfonso XI, también llamado El Justiciero, a la sazón rey de Castilla y León, cuya proclama sobre el territorio podríamos aventurarnos a definir como una avanzadilla de lo que más tarde, a lo largo del siglo XX, especialmente, se convertiría en doctrina del comunismo sobre el suelo que se fundamenta esencialmente en que el suelo es propiedad del Estado en su totalidad. Los Lenins, Los Marxes y demás tenidos como fenómenos de la ideología comunista del siglo XX fueron, por la distancia en el tiempo en que se configuraron los conceptos, unos angelitos comparados con semejante mente preclara en lo que a voracidad del Estado sobre el territorio ajeno se refiere, aunque él, Alfonso XI, no tuviera a la sazón la más remota idea de que lo que puso en pie ya en 1348 tendría eco como consigna totalitaria con una proyección tan brutal y demoledora para la humanidad como sería el comunismo del Este de Europa de nuestra Historia reciente, aún vivo y activo en algunas naciones del Globo.
Este rey, supongo que con la ayuda no desdeñable de una coorte de masa gris-rojiza, convirtió en ley, a través del “Ordenamiento de Alcalá” de 1348, que el subsuelo de todo el territorio bajo el dominio de su Corona fuese de propiedad del Estado, es decir, de la propiedad de la Corona, de su propiedad para ser más claro, porque, por ser los reyes de la época absolutistas, el Estado era él mismo. En otras palabras, de un plumazo se hizo con el subsuelo de todo el territorio en el que gobernaba su Corona, así, por la cara, nacionalización regia universal del subsuelo. Estas Ordenanzas o Ley que, después de ser ratificada en 1387 por el rey Juan I con las “Ordenanzas de Briviesca”, perduró inalterable a través de los siglos hasta nuestros días, pero no porque fuese un bien común pues sólo beneficiaba a los cuantos de turno alrededor del poder o en el propio poder sino que fue, y sigue siendo, una poderosa arma política en manos de los gobernantes en ejercicio del poder.
Ahora puede haber lugar al siguiente interrogante: ¿ha sido bueno y positivo para los ciudadanos españoles lo que Alfonso XI tomó para sí arrebatando al propietario de suelo de la época el derecho total sobre el subsuelo de su propiedad y que, con el transcurrir de los siglos, ha pasado a ser propiedad de un Estado común, como es el caso en la actualidad? En mi criterio no, no ha sido bueno ni positivo para el ciudadano español esta nacionalización del subsuelo impuesta por AlfonsoXI y tampoco ha sido bueno para España. ¿Razones para este criterio? Las hay, por ejemplo: ha coartado la iniciativa individual del ciudadano a explotar su propiedad en profundidad, tanto si se tratara de mineralogía como petrolífera, sin deber tener otro límite que el que le marcara la propiedad colindante, además de controles adecuados en lo que al aprovechamiento de acuíferos se refiere ya que pueden tener origen en otras propiedades ajenas y ser drenados hacia la propia, lo que necesita de por sí una regulación muy precisa. Por otro lado, el Estado no tenía en las épocas a las que nos remontamos los tentáculos informativos necesarios para detectar dónde sacar riqueza del subsuelo por lo que hubo riquezas que no fueron explotadas durante siglos. Ahora cabe otra pregunta al respecto: ¿tiene algún beneficio el ciudadano del Estado español de los tiempos modernos del omnímodo poder que ostenta éste sobre la propiedad del subsuelo de todo el territorio nacional? Podemos aseverar, dejando un pequeño margen para algunas actuaciones puntuales, que ningún beneficio o casi ninguno; por el contrario, al amparo del ‘paraguas’ de esta potestad absoluta de disponer del subsuelo de todo el territorio y no permitir excavación alguna sin concesión o licencia previa, ha dado pábulo a la picaresca en el poder y a que el tráfico de influencias campara por sus respetos a lo largo de los siglos en lo que a concesiones de la explotación del subsuelo se refiere. El poder corrompe y el poder sobre el territorio, bien superficial o en profundidad, es tremendo y ha corrompido siempre tremendamente.
Por otra parte, nunca el Estado puede suplir a la iniciativa privada en actuaciones múltiples en toda la geografía nacional. El monopolio sobre el subsuelo significó para España un desaprovechamiento inmenso por ausencia de diversidad de explotadores de la minería, especialmente en las Españas de Ultramar donde tuvo implantación y continuidad hasta el día de hoy el tristemente famoso “Ordenamiento de Alcalá” de 1348, refrendado por la “Real Cédula de 1504 de los Reyes Católicos. El abuso del derecho sobre el subsuelo por parte de la Corona de España en las Españas de América tuvo un efecto desastroso para el desarrollo y proyección económica de Hispanoamérica porque limitó a unos cuantos elegidos el desarrollo mineralógico del subsuelo, bien por la vía de la concesión o licencia en suelo de propiedad privada, y cercenó toda posible iniciativa privada del emprendedor individualista en la explotación del subsuelo que se mantuvo atado a concesiones o prebendas otorgadas por el cacique gubernamental de turno, desafuero económico que se ha prolongado a través de los siglos hasta nuestros días, ya que ninguna nación hispana de América ha tenido gobiernos que estuvieran por la labor de otorgar a la propiedad del suelo la del subsuelo por serle intrínseca; esto habría significado pérdida de poder político que ningún político cede de buen grado.
Una prueba fehaciente de lo que ha significado para Hispanoamérica el control omnímodo del subsuelo por parte del Estado la tenemos en la demoledora diferencia que existe entre el desarrollo económico experimentado por la América Sajona (América del Norte) y la Hispana (Centro y Sur América); no es gratuito que la economía de la América Hispana lleve siglos por los suelos comparada con el Norte del continente, no pudiéndose argumentar que ello es debido al carácter indolente hispano o sureño para justificar semejante desigualdad en el desarrollo de ambas Américas; la razón básica está en que en la América del Norte los sajones británicos implantaron desde los comienzos de su colonización el derecho irrenunciable a la propiedad privada en suelo y subsuelo traído al Nuevo Mundo desde Inglaterra, lo que vino a generar múltiples actuaciones individuales de emprendedores en todo lo relacionado con el suelo que es básico para cualquier desarrollo económico. La América hispana, por el contrario, fue encadenada, al igual que la Metrópolis, a las leyes de la Corona que, si bien escribió capítulos de humanidad plagados de aciertos y generosidad, no soltó prebenda alguna sobre el subsuelo y condicionó a sus dominios, especialmente a las Españas de América, a un desarrollo económico en manos de un puñado de individuos, no siempre de buen hacer y desdeño del enriquecimiento propio.
¿Consecuencias de esta avidez por el control del suelo? Están ahí para ver y tocar, especialmente en la América Hispana. El éxodo de hispanoamericanos hacia la América Sajona en busca de un medio de vida es espectacular y no precisamente porque sus respectivos países sean pobres por naturaleza sino porque su desarrollo económico ha estado en manos de pocos mientras que la iniciativa emprendedora de muchos ha sido ahogada por las normas disuasorias impuestas a través de los siglos, entre ellas el fatídico “Ordenamiento de Alcalá” de 1348 del rey Alfonso XI, un verdadero derecho Real de pernada económica impuesto por la Corona del Descubrimiento y mantenido en el correr de los siglos a todo lo que se movía relacionado con el subsuelo.
Ahora puede que se suscite la pregunta: ¿y qué pintamos nosotros los grancanarios en todo este rollo sobre el suelo? Sí, no hay duda que la pregunta es de cajón y voy a intentar trasladar a nuestro contexto de forma resumida a dónde me lleva esta exposición sobre el suelo en Hispanoamérica. Veamos:
Si bien el control del subsuelo por el Estado en las naciones de Hispanoamérica atrasó el desarrollo económico de las naciones hispanas comparado con sus vecinos del Norte, podemos decir que la influencia que tuvo el escaso desarrollo del subsuelo en sus vidas cotidianas no fueron determinantes puesto que casi nadie contaba con ese factor como de vital importancia para el día a día de la vida; es decir, había otras actividades sobre el basto territorio con las que poder ir tirando. Por tanto, la no explotación del subsuelo en todas sus posibilidades no fue vital para el vivir cotidiano. ¿Y cuál podría ser el dato comparativo de la América Hispana con Gran Canaria en lo que a sus respectivas dependencias del suelo se refiere? Ahí está precisamente el quid de la cuestión: para la América Hispana el monopolio y control que el Estado ejercía y ejerce sobre el subsuelo no era determinante, como he mencionado, para subsistir mientras que en Gran Canaria el control exacerbado y el intervencionismo que los Gobiernos canarios han venido ejerciendo sobre el suelo de titularidad privada en Gran Canaria en las dos últimas décadas sí ha sido y sigue siendo determinante para la subsistencia de una importantísima parte de la ciudadanía grancanaria. Me explico:
Si bien no puede decirse que la explotación o no explotación del subsuelo grancanario sea determinante para que mejore o empeore el status de vida de un número significativo de grancanarios, sí podemos asegurar que en las cuatro últimos décadas el 75%, aproximadamente, de la economía de la Isla ha dependido del binomio turismo/construcción, ambas actividades ligadas intrínsecamente al suelo; es decir, una actuación racional sobre el suelo ha venido dando sustento al 75%, bien directamente relacionados con el binomio citado o de forma indirecta, de los grancanarios. Y bien, ¿qué problema hay?, tal vez se pregunta el lector. El problema que hay es muy gordo, gordísimo porque el intervencionismo y control desmesurado que los Gobiernos canarios han venido ejerciendo desde comienzos de la década de los noventa hasta el día de hoy ha hecho totalmente imposible que Gran Canaria pudiese actualizar su oferta alojativa con camas hoteleras de calidad, lo que viene exigiendo el mercado desde la década de los ochenta, y ha perdido el liderazgo del mercado turístico de invierno en Europa en beneficio de Tenerife, que está en camino de triplicar a Gran Canaria en su oferta de camas hoteleras de cuatro y cinco estrellas, mientras que Gran Canaria mantiene en su inventario un abultado número de camas extrahoteleras de bajísima calidad que están predestinadas a quedar fuera del mercado a muy corto plazo en una cuantía que rondará las 80.000 camas repartidas desde Bahía Feliz hasta Mogán, lo que pone de manifiesto que la sangría de despedidos por cierre de complejos extrahoteleros en el Sur de la Isla tienen remotas posibilidades de encontrar un nuevo puesto de trabajo porque las moratorias del 2001 al 2003, la del 2003 al 2009 (Ley de Directrices) y la del 2009 hasta cuando el Gobierno de turno quiera (Ley de Medidas urgentes) han aniquilado al binomio construcción/turismo y, con ello, la creación de nuevas camas de calidad que nos proyectaran nuevamente a la primera línea del mercado turístico europeo y absorbiera la mano de obra que está quedando ociosa por el cierre de complejos extrahoteleros, especialmente en el Sur de la Isla.
Así las cosas, al día de hoy tenemos unos 250.000 personas en las listas del paro en Canarias de los que un 50%, aproximadamente, son grancanarios, todos ellos con escasísimas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo en los próximos años, tanto en la construcción como en la hostelería. Por otro lado, el intervencionismo e injerencia desmedida de la política en el mundo de la economía y la iniciativa privada ha originado un fuerte retraimiento del inversionista porque ha creado una tremenda inseguridad jurídica y zozobra al inversionista el hecho de que lo que es hoy válido para un gestor político mañana deja de serlo para el que le pueda sustituir en el cargo y que la política dicte a placer lo que se puede hacer sobre un suelo ordenado -después de haber sido aprobado por todas las instituciones competentes lo que se puede hacer en los pertinentes Planes Parciales- cuándo se puede hacer, cómo se tiene que hacer y en cuánto tiempo hay que hacerlo, utilizando para ello incluso leyes que bordean la trampa como es el caso de la reciente Ley de Medidas Urgentes en la que se fijan condicionantes para la realización de proyectos que son imposibles de cumplir, como pudieran ser los hoteles escuela, con los que el Gobierno pretende que el empresariado asuma sus obligaciones docentes, o el desarrollar proyectos en el plazo rígido de tres años en una situación de recesión aguda de la demanda turística que desaconseja el invertir, de momento, en nuevas camas turísticas. Todo esto con la penalización de la desclasificación del suelo, la expropiación y una retahíla de otras medidas coercitivas y penalizadoras, por lo que cabe preguntarse: ¿este panorama tan desolador es atractivo para un inversionista, especialmente si es foráneo? o ¿es de recibo una ley que obliga a construir un hotel en un tiempo record de tres años, so pena de ser desclasificado el suelo, cuando la inversión tiene gran riesgo de rentabilidad por falta de demanda en el mercado? o ¿Se puede penalizar por ley al propietario de un suelo debidamente ordenado con la desclasificación del suelo si no construye un hotel escuela como única posibilidad de construir, cometido docente que corresponde al Departamento de Formación del Gobierno? o, Si todo este trajín de moratorias para acá y para allá tienen la finalidad del “ni una cama más”, ¿cómo es posible que se penalice con desclasificación del suelo a quien no construya más camas porque no tiene mercado para ellas, por ejemplo? o, si la política del Gobierno sigue siendo el “ni una cama más”, ¿cómo vamos a recibir turismo de calidad en número suficiente para poder reincorporar a los hoy existentes desempleados al mundo del trabajo si nos falta la infraestructura receptiva -camas hoteleras de calidad- para ello? Tal vez alguien dentro del mundo político que dirige nuestro destino tiene la respuesta de qué fue primero, el huevo o la gallina… porque esa respuesta aquí podría ser de utilidad.
CONCLUSIÓN FINAL
HISPANOAMÉRICA: El monopolio de la Corona de España sobre el subsuelo de las naciones de Hispanoamérica, además del territorio metropolitano pues América no fue una excepción, lastraron de forma relevante sus respectivos desarrollos a través de los siglos y hoy el lastre continúa; no obstante, siguen ‘tirando’ hacia adelante porque sus territorios son inmensos y sus posibilidades también.
GRAN CANARIA: La congelación del crecimiento económico de la mano del intervencionismo, injerencia y control férreo del suelo ordenado de propiedad privada por parte de los Gobiernos de Canarias ha llevado a Gran Canaria a una situación drástica de paro de dificilísima solución y a un retroceso muy grave en nuestro liderazgo, tantos años mantenido, de la oferta turística de invierno en el mercado europeo. Gran Canaria no sigue ‘tirando’ hacia adelante, está en regresión, vamos hacia atrás, peor que Hispanoamérica porque nuestro abanico de posibilidades de desarrollo económico se reduce a dos sectores: TURISMO/CONSTRUCCIÓN. Ninguno de los demás sectores económicos de la Isla es alternativa en la actualidad al modelo turismo/construcción. La salida de la crisis canaria no es fácil pero el binomio citado es el único camino, no hay otro ahora mismo, y ese camino tiene que ser allanado por nuestros dirigentes políticos sacando ‘la cuchara’ del suelo ajeno, no dando más ‘chutes’ de intervencionismo al enfermo y dejarlo que por sí mismo se recomponga, recupere su pulso y constantes vitales y podremos ver como, por sus propios pies, sale de la UCI tan pronto como ‘escampe’ en el exterior..
Mismo artículo con información gráfica en mi página web: http://danielgarzonluna.blogspot.com/
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de diciembre de 2009.
Daniel Garzón Luna
Al día de hoy, y después de echar una ojeada a siglos transcurridos, se puede aseverar que los gestores políticos de España han tenido una fijación por mantener un control férreo sobre el suelo, tanto como si ha sido propiedad del Estado, en cuyo caso es natural, como si ha sido de propiedad privada, en cuyo caso es intervencionismo y metida de cuchara donde no deben, y, en lo que a la actualidad se refiere, pasarse por el ‘arco del triunfo’ el Artículo 15 de la Ley del Suelo española. ¿Que esto ha tenido homogeneidad en otras naciones de la Europa Occidental? Sin duda alguna pero no con la continuidad española y en muchísima menor medida como más adelante podremos ver en el ejemplo comparativo que expondré sobre el concepto español de la propiedad del suelo y el sajón (británico para más señas). Comenzaré por ubicarme en la época en la que se sentaron las bases para que el ciudadano de España, en esa época aún envuelta en lucha por su reunificación, perdiera el poder sobre la propiedad de su suelo en profundidad -en los casos que fuese propietario de suelo- y pasó a ser un propietario superficial del mismo. El artífice absolutista de esta iniciativa fue el rey Alfonso XI, también llamado El Justiciero, a la sazón rey de Castilla y León, cuya proclama sobre el territorio podríamos aventurarnos a definir como una avanzadilla de lo que más tarde, a lo largo del siglo XX, especialmente, se convertiría en doctrina del comunismo sobre el suelo que se fundamenta esencialmente en que el suelo es propiedad del Estado en su totalidad. Los Lenins, Los Marxes y demás tenidos como fenómenos de la ideología comunista del siglo XX fueron, por la distancia en el tiempo en que se configuraron los conceptos, unos angelitos comparados con semejante mente preclara en lo que a voracidad del Estado sobre el territorio ajeno se refiere, aunque él, Alfonso XI, no tuviera a la sazón la más remota idea de que lo que puso en pie ya en 1348 tendría eco como consigna totalitaria con una proyección tan brutal y demoledora para la humanidad como sería el comunismo del Este de Europa de nuestra Historia reciente, aún vivo y activo en algunas naciones del Globo.
Este rey, supongo que con la ayuda no desdeñable de una coorte de masa gris-rojiza, convirtió en ley, a través del “Ordenamiento de Alcalá” de 1348, que el subsuelo de todo el territorio bajo el dominio de su Corona fuese de propiedad del Estado, es decir, de la propiedad de la Corona, de su propiedad para ser más claro, porque, por ser los reyes de la época absolutistas, el Estado era él mismo. En otras palabras, de un plumazo se hizo con el subsuelo de todo el territorio en el que gobernaba su Corona, así, por la cara, nacionalización regia universal del subsuelo. Estas Ordenanzas o Ley que, después de ser ratificada en 1387 por el rey Juan I con las “Ordenanzas de Briviesca”, perduró inalterable a través de los siglos hasta nuestros días, pero no porque fuese un bien común pues sólo beneficiaba a los cuantos de turno alrededor del poder o en el propio poder sino que fue, y sigue siendo, una poderosa arma política en manos de los gobernantes en ejercicio del poder.
Ahora puede haber lugar al siguiente interrogante: ¿ha sido bueno y positivo para los ciudadanos españoles lo que Alfonso XI tomó para sí arrebatando al propietario de suelo de la época el derecho total sobre el subsuelo de su propiedad y que, con el transcurrir de los siglos, ha pasado a ser propiedad de un Estado común, como es el caso en la actualidad? En mi criterio no, no ha sido bueno ni positivo para el ciudadano español esta nacionalización del subsuelo impuesta por AlfonsoXI y tampoco ha sido bueno para España. ¿Razones para este criterio? Las hay, por ejemplo: ha coartado la iniciativa individual del ciudadano a explotar su propiedad en profundidad, tanto si se tratara de mineralogía como petrolífera, sin deber tener otro límite que el que le marcara la propiedad colindante, además de controles adecuados en lo que al aprovechamiento de acuíferos se refiere ya que pueden tener origen en otras propiedades ajenas y ser drenados hacia la propia, lo que necesita de por sí una regulación muy precisa. Por otro lado, el Estado no tenía en las épocas a las que nos remontamos los tentáculos informativos necesarios para detectar dónde sacar riqueza del subsuelo por lo que hubo riquezas que no fueron explotadas durante siglos. Ahora cabe otra pregunta al respecto: ¿tiene algún beneficio el ciudadano del Estado español de los tiempos modernos del omnímodo poder que ostenta éste sobre la propiedad del subsuelo de todo el territorio nacional? Podemos aseverar, dejando un pequeño margen para algunas actuaciones puntuales, que ningún beneficio o casi ninguno; por el contrario, al amparo del ‘paraguas’ de esta potestad absoluta de disponer del subsuelo de todo el territorio y no permitir excavación alguna sin concesión o licencia previa, ha dado pábulo a la picaresca en el poder y a que el tráfico de influencias campara por sus respetos a lo largo de los siglos en lo que a concesiones de la explotación del subsuelo se refiere. El poder corrompe y el poder sobre el territorio, bien superficial o en profundidad, es tremendo y ha corrompido siempre tremendamente.
Por otra parte, nunca el Estado puede suplir a la iniciativa privada en actuaciones múltiples en toda la geografía nacional. El monopolio sobre el subsuelo significó para España un desaprovechamiento inmenso por ausencia de diversidad de explotadores de la minería, especialmente en las Españas de Ultramar donde tuvo implantación y continuidad hasta el día de hoy el tristemente famoso “Ordenamiento de Alcalá” de 1348, refrendado por la “Real Cédula de 1504 de los Reyes Católicos. El abuso del derecho sobre el subsuelo por parte de la Corona de España en las Españas de América tuvo un efecto desastroso para el desarrollo y proyección económica de Hispanoamérica porque limitó a unos cuantos elegidos el desarrollo mineralógico del subsuelo, bien por la vía de la concesión o licencia en suelo de propiedad privada, y cercenó toda posible iniciativa privada del emprendedor individualista en la explotación del subsuelo que se mantuvo atado a concesiones o prebendas otorgadas por el cacique gubernamental de turno, desafuero económico que se ha prolongado a través de los siglos hasta nuestros días, ya que ninguna nación hispana de América ha tenido gobiernos que estuvieran por la labor de otorgar a la propiedad del suelo la del subsuelo por serle intrínseca; esto habría significado pérdida de poder político que ningún político cede de buen grado.
Una prueba fehaciente de lo que ha significado para Hispanoamérica el control omnímodo del subsuelo por parte del Estado la tenemos en la demoledora diferencia que existe entre el desarrollo económico experimentado por la América Sajona (América del Norte) y la Hispana (Centro y Sur América); no es gratuito que la economía de la América Hispana lleve siglos por los suelos comparada con el Norte del continente, no pudiéndose argumentar que ello es debido al carácter indolente hispano o sureño para justificar semejante desigualdad en el desarrollo de ambas Américas; la razón básica está en que en la América del Norte los sajones británicos implantaron desde los comienzos de su colonización el derecho irrenunciable a la propiedad privada en suelo y subsuelo traído al Nuevo Mundo desde Inglaterra, lo que vino a generar múltiples actuaciones individuales de emprendedores en todo lo relacionado con el suelo que es básico para cualquier desarrollo económico. La América hispana, por el contrario, fue encadenada, al igual que la Metrópolis, a las leyes de la Corona que, si bien escribió capítulos de humanidad plagados de aciertos y generosidad, no soltó prebenda alguna sobre el subsuelo y condicionó a sus dominios, especialmente a las Españas de América, a un desarrollo económico en manos de un puñado de individuos, no siempre de buen hacer y desdeño del enriquecimiento propio.
¿Consecuencias de esta avidez por el control del suelo? Están ahí para ver y tocar, especialmente en la América Hispana. El éxodo de hispanoamericanos hacia la América Sajona en busca de un medio de vida es espectacular y no precisamente porque sus respectivos países sean pobres por naturaleza sino porque su desarrollo económico ha estado en manos de pocos mientras que la iniciativa emprendedora de muchos ha sido ahogada por las normas disuasorias impuestas a través de los siglos, entre ellas el fatídico “Ordenamiento de Alcalá” de 1348 del rey Alfonso XI, un verdadero derecho Real de pernada económica impuesto por la Corona del Descubrimiento y mantenido en el correr de los siglos a todo lo que se movía relacionado con el subsuelo.
Ahora puede que se suscite la pregunta: ¿y qué pintamos nosotros los grancanarios en todo este rollo sobre el suelo? Sí, no hay duda que la pregunta es de cajón y voy a intentar trasladar a nuestro contexto de forma resumida a dónde me lleva esta exposición sobre el suelo en Hispanoamérica. Veamos:
Si bien el control del subsuelo por el Estado en las naciones de Hispanoamérica atrasó el desarrollo económico de las naciones hispanas comparado con sus vecinos del Norte, podemos decir que la influencia que tuvo el escaso desarrollo del subsuelo en sus vidas cotidianas no fueron determinantes puesto que casi nadie contaba con ese factor como de vital importancia para el día a día de la vida; es decir, había otras actividades sobre el basto territorio con las que poder ir tirando. Por tanto, la no explotación del subsuelo en todas sus posibilidades no fue vital para el vivir cotidiano. ¿Y cuál podría ser el dato comparativo de la América Hispana con Gran Canaria en lo que a sus respectivas dependencias del suelo se refiere? Ahí está precisamente el quid de la cuestión: para la América Hispana el monopolio y control que el Estado ejercía y ejerce sobre el subsuelo no era determinante, como he mencionado, para subsistir mientras que en Gran Canaria el control exacerbado y el intervencionismo que los Gobiernos canarios han venido ejerciendo sobre el suelo de titularidad privada en Gran Canaria en las dos últimas décadas sí ha sido y sigue siendo determinante para la subsistencia de una importantísima parte de la ciudadanía grancanaria. Me explico:
Si bien no puede decirse que la explotación o no explotación del subsuelo grancanario sea determinante para que mejore o empeore el status de vida de un número significativo de grancanarios, sí podemos asegurar que en las cuatro últimos décadas el 75%, aproximadamente, de la economía de la Isla ha dependido del binomio turismo/construcción, ambas actividades ligadas intrínsecamente al suelo; es decir, una actuación racional sobre el suelo ha venido dando sustento al 75%, bien directamente relacionados con el binomio citado o de forma indirecta, de los grancanarios. Y bien, ¿qué problema hay?, tal vez se pregunta el lector. El problema que hay es muy gordo, gordísimo porque el intervencionismo y control desmesurado que los Gobiernos canarios han venido ejerciendo desde comienzos de la década de los noventa hasta el día de hoy ha hecho totalmente imposible que Gran Canaria pudiese actualizar su oferta alojativa con camas hoteleras de calidad, lo que viene exigiendo el mercado desde la década de los ochenta, y ha perdido el liderazgo del mercado turístico de invierno en Europa en beneficio de Tenerife, que está en camino de triplicar a Gran Canaria en su oferta de camas hoteleras de cuatro y cinco estrellas, mientras que Gran Canaria mantiene en su inventario un abultado número de camas extrahoteleras de bajísima calidad que están predestinadas a quedar fuera del mercado a muy corto plazo en una cuantía que rondará las 80.000 camas repartidas desde Bahía Feliz hasta Mogán, lo que pone de manifiesto que la sangría de despedidos por cierre de complejos extrahoteleros en el Sur de la Isla tienen remotas posibilidades de encontrar un nuevo puesto de trabajo porque las moratorias del 2001 al 2003, la del 2003 al 2009 (Ley de Directrices) y la del 2009 hasta cuando el Gobierno de turno quiera (Ley de Medidas urgentes) han aniquilado al binomio construcción/turismo y, con ello, la creación de nuevas camas de calidad que nos proyectaran nuevamente a la primera línea del mercado turístico europeo y absorbiera la mano de obra que está quedando ociosa por el cierre de complejos extrahoteleros, especialmente en el Sur de la Isla.
Así las cosas, al día de hoy tenemos unos 250.000 personas en las listas del paro en Canarias de los que un 50%, aproximadamente, son grancanarios, todos ellos con escasísimas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo en los próximos años, tanto en la construcción como en la hostelería. Por otro lado, el intervencionismo e injerencia desmedida de la política en el mundo de la economía y la iniciativa privada ha originado un fuerte retraimiento del inversionista porque ha creado una tremenda inseguridad jurídica y zozobra al inversionista el hecho de que lo que es hoy válido para un gestor político mañana deja de serlo para el que le pueda sustituir en el cargo y que la política dicte a placer lo que se puede hacer sobre un suelo ordenado -después de haber sido aprobado por todas las instituciones competentes lo que se puede hacer en los pertinentes Planes Parciales- cuándo se puede hacer, cómo se tiene que hacer y en cuánto tiempo hay que hacerlo, utilizando para ello incluso leyes que bordean la trampa como es el caso de la reciente Ley de Medidas Urgentes en la que se fijan condicionantes para la realización de proyectos que son imposibles de cumplir, como pudieran ser los hoteles escuela, con los que el Gobierno pretende que el empresariado asuma sus obligaciones docentes, o el desarrollar proyectos en el plazo rígido de tres años en una situación de recesión aguda de la demanda turística que desaconseja el invertir, de momento, en nuevas camas turísticas. Todo esto con la penalización de la desclasificación del suelo, la expropiación y una retahíla de otras medidas coercitivas y penalizadoras, por lo que cabe preguntarse: ¿este panorama tan desolador es atractivo para un inversionista, especialmente si es foráneo? o ¿es de recibo una ley que obliga a construir un hotel en un tiempo record de tres años, so pena de ser desclasificado el suelo, cuando la inversión tiene gran riesgo de rentabilidad por falta de demanda en el mercado? o ¿Se puede penalizar por ley al propietario de un suelo debidamente ordenado con la desclasificación del suelo si no construye un hotel escuela como única posibilidad de construir, cometido docente que corresponde al Departamento de Formación del Gobierno? o, Si todo este trajín de moratorias para acá y para allá tienen la finalidad del “ni una cama más”, ¿cómo es posible que se penalice con desclasificación del suelo a quien no construya más camas porque no tiene mercado para ellas, por ejemplo? o, si la política del Gobierno sigue siendo el “ni una cama más”, ¿cómo vamos a recibir turismo de calidad en número suficiente para poder reincorporar a los hoy existentes desempleados al mundo del trabajo si nos falta la infraestructura receptiva -camas hoteleras de calidad- para ello? Tal vez alguien dentro del mundo político que dirige nuestro destino tiene la respuesta de qué fue primero, el huevo o la gallina… porque esa respuesta aquí podría ser de utilidad.
CONCLUSIÓN FINAL
HISPANOAMÉRICA: El monopolio de la Corona de España sobre el subsuelo de las naciones de Hispanoamérica, además del territorio metropolitano pues América no fue una excepción, lastraron de forma relevante sus respectivos desarrollos a través de los siglos y hoy el lastre continúa; no obstante, siguen ‘tirando’ hacia adelante porque sus territorios son inmensos y sus posibilidades también.
GRAN CANARIA: La congelación del crecimiento económico de la mano del intervencionismo, injerencia y control férreo del suelo ordenado de propiedad privada por parte de los Gobiernos de Canarias ha llevado a Gran Canaria a una situación drástica de paro de dificilísima solución y a un retroceso muy grave en nuestro liderazgo, tantos años mantenido, de la oferta turística de invierno en el mercado europeo. Gran Canaria no sigue ‘tirando’ hacia adelante, está en regresión, vamos hacia atrás, peor que Hispanoamérica porque nuestro abanico de posibilidades de desarrollo económico se reduce a dos sectores: TURISMO/CONSTRUCCIÓN. Ninguno de los demás sectores económicos de la Isla es alternativa en la actualidad al modelo turismo/construcción. La salida de la crisis canaria no es fácil pero el binomio citado es el único camino, no hay otro ahora mismo, y ese camino tiene que ser allanado por nuestros dirigentes políticos sacando ‘la cuchara’ del suelo ajeno, no dando más ‘chutes’ de intervencionismo al enfermo y dejarlo que por sí mismo se recomponga, recupere su pulso y constantes vitales y podremos ver como, por sus propios pies, sale de la UCI tan pronto como ‘escampe’ en el exterior..
Mismo artículo con información gráfica en mi página web: http://danielgarzonluna.blogspot.com/
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de diciembre de 2009.
Daniel Garzón Luna
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