LA MORATORIA: ¿LA ‘SOGA’ POLÍTICA DE UN PRESIDENTE?
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El día 10 de los corrientes la prensa de Gran Canaria trajo en portada una información sobre un auto del Juzgado de Instrucción número 9 de San Bartolomé de Tirajana que tuvo su entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ( el TSJC) el viernes día 9, es decir, un día antes, sometiendo al criterio de este Alto Tribunal canario una investigación sobre el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, en relación con el supuesto caso de corrupción llamado “Operación Góndola” que está siendo investigado por el citado Juzgado sobre la Corporación de Mogán. Dándose la circunstancia que el presidente es un ciudadano más sometido al Imperio de la Ley, no ha lugar a que nadie se rasgue las vestiduras porque esta iniciativa haya sido tomada por el juez instructor del caso si ha constatado indicios de posible delito. No obstante, sí puede haber originado perplejidad, extrañeza y desconcierto en la ciudadanía que ese auto por pieza separada que fue recibido por el TSJC el viernes día 9 de los corrientes, auto revestido de “secreto sumarial” que implica la no difusión de su contenido a los medios de comunicación durante el proceso de instrucción a que hubiere lugar, al día siguiente, el sábado día 10, 24 horas después de su recibo por el TSJC, fuese publicado en portada por toda la prensa grancanaria, entre la que se distingue el “Canarias7” que incluye a la noticia la foto del presidente Adán Martín en lugar destacado. Adán Martín es el presidente de todos los ciudadanos canarios, incluso de aquellos que, como es mi caso, no lo hemos votado en las urnas, y no es de recibo que nuestro presidente, con todo lo que ello implica como representante de nuestra más alta institución política ejecutiva en Canarias, sea sacado en portada en los periódicos por un supuesto delito de tráfico de influencias cuya instrucción, además de ser “secreto de sumario”, ni siquiera ha sido iniciada en ese momento. Si se ha tratado de un lapsus por parte de quienes tienen a su cargo la custodia de este tipo de procedimientos es muy grave y a quien corresponda debe tomar cartas en el asunto; por otra parte, si se trata de una ‘movida’ política con las miras puestas en deteriorar la imagen del presidente y con ello la de su partido con el fin de obtener réditos políticos a su favor, flaquísimo favor les están haciendo a nuestro sistema democrático y a sí mismos porque el “todo vale” en política no es del agrado de la ciudadanía y ésta no dejará de pensar- porque la gente vive inmersa en sus problemas pero mira a su entorno más de lo que algunos creen- que poco ejemplo de ética y escrupulosidad les están dando aquellos que algún día pueden regir sus destinos.
Expuesto en el párrafo anterior mi sentir sobre los acontecimiento al respecto, quiero entrar ahora en la razón o razones que estimo han llevado al presidente de aparecer en las portadas de los periódicos en la toma de posesión de su cargo como el hombre que tenía la sana intención de hacernos felices a los ciudadanos canarios, a un presidente para quien un Juzgado de Instrucción pide su investigación al TSJC -dado su condición de aforado- por un presunto delito de tráfico de influencias. La razón o razones de esta desafortunado situación pueden ser muy sencillas y talvez tengan su base de partida y piedra de toque en la fijación casi enfermiza que tanto el Gobierno de Adán Martín como los anteriores, especialmente el de Román Rodríguez, han tenido en poner en marcha todo tipo de resortes administrativos para controlar hasta el paroxismo y tener la palabra decisoria sobre todo lo que se moviese en la vida económica del Archipiélago; a esto se le llama, en lenguaje económico, dirigismo e intervencionismo puro y duro en la marcha de la economía y desarrollo de la misma, exactamente lo que se aplicaba en los países del Este de Europa cuyo dirigismo e intervencionismo cercenó la iniciativa privada y los llevó a donde todos ya conocemos, aunque por estas latitudes algunos nostálgicos del marxismo en puestos decisorios de la Administración siguen empecinados en el control de la actividad económica a ultranza, cosa que enmascaran con la palabrería de “desarrollo sostenible”. Desarrollo es desarrollo y el país que para su desarrollo entra en un proceso de regresión económica, pérdida de competitividad en los mercados y crecimiento imparable del paro. Esa política nos ha llevado en Canarias a la más que preocupante situación de tener un 18% de ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza hace cuatro años a tener en la actualidad el 24% de nuestra población en esa situación y de tener 92.000 parados en abril de 2003 a tener 130.000 en la actualidad.
Así las cosas, resulta que un empresario cualquiera tiene que mover Roma con Santiago, dentro del marco de la legalidad, para conseguir luz verde para desarrollar un proyecto de camas turísticas que a nadie le debería preocupar si son diez o si son veinte -siempre que estén encuadradas dentro de los pertinentes Planes Parciales que, no olvidemos, son aprobados, cuando lo son, por tres administraciones diferentes: Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno (la COTMAC)- porque el dinero que expone es el suyo y, si no encuentra mercado para vender sus camas, es su propio problema y no es admisible ni de recibo que un Gobierno, en pura actitud paternalista y proteccionista de otras camas existentes en el mercado, deba meterse en regular la política empresarial de inversiones que, dentro de nuestro contexto occidental de economía liberal y de libre mercado, es una absurda y total aberración del desarrollo económico de cualquier región dentro del citado contexto, además de provocar un permanente desasosiego en el mercado turístico y etapas de desarrollismo forzado por miedo a la pérdida de licencias cuando levanta ‘la veda’.
Por tanto, las ‘atribulaciones’ que en estos días está viviendo el presidente de nuestra Comunidad autónoma es sólo y simplemente la recogida del fruto o consecuencias de lo que el núcleo duro de su partido, ATI, brazo ‘armado’ de ASHOTEL (Asociación de Empresarios Hoteleros y Extrahoteleros de Tenerife, El Hierro y La Gomera) ha impuesto en Canarias, de su mano y de la del anterior Gobierno, en la evolución de nuestro desarrollo económico -no olvidemos que éste se fundamenta en su 80% del turismo y de lo que lo rodea- bloqueando el crecimiento turístico de otras islas, especialmente de Gran Canaria, de forma que ASHOTEL, con sus 160.000 camas hoteleras contra las 53.000 que tiene Gran Canaria, pudiera mantener la hegemonía de todo el Archipiélago en el mercado turístico internacional. Por consiguiente, no debería ser noticia que cualquier empresario grancanario que lleve metido decenas de millones de euros en un proyecto abogue ante el Gobierno con mayor o menor vehemencia, pero que nadie puede quitarle el derecho a hacerlo si no traspasa la legalidad, para que le sean autorizadas la construcción de unas camas contempladas en su correspondiente Plan Parcial, gestiones que en ningún caso deberían producirse si estuviéramos operando en un clima de normalidad y disposición administrativa lógica y necesaria dentro de una libertad de mercado en el que el único papel que debería desempeñar la Administración es el de hacer posible que el capital se invierta, obtenga beneficios y genera riqueza, cosa que siempre se traduce en puestos de trabajo y oportunidades para todos los que estén debidamente preparados, todo ello dentro del marco de Planes Parciales debidamente aprobados por las tres administraciones citadas en el párrafo anterior.
Consecuentemente, Adán Martín, presidente del Gobierno de Canarias, está ahora inmerso en un asunto de presunción delictiva, -posiblemente filtrado a los medios de comunicación con malicia para dañar su imagen pública- que le ha sobrevenido de la mano de sus propios vetos a nuestro crecimiento económico y que ha dado hilo directo circunstancial a uno de los miles de empresarios de esta Isla de los que no pocos viven el mismo problema de tener sus proyectos parados en seco por la desmedida intervención de la política en la actividad económica del Archipiélago.
En resumidas cuentas: la Moratoria al crecimiento turístico, promovida por ASHOTEL para garantizar la ocupación de sus camas hoteleras y su liderazgo del Archipiélago en los mercados turísticos internacionales, eficazmente sacada adelante por ATI, ha arrinconado y ahorcado a Gran Canaria en el mercado turístico al cercenar su crecimiento hotelero en beneficio de Tenerife pero también puede haberse llevado por delante en el plano político a uno de sus hijos más selecto: a su presidente del Gobierno. La fiera termina devorando a lo más granado de sus hijos. ¿Terminará siendo la Moratoria turística la ‘soga’ política del presidente Adán Martín?
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de 2007
Daniel Garzón Luna
Este mismo artículo con información gráfica está publicado en mis páginas web de Google: http://danielgarzonluna.blogspot.com/ y de MSN: http://spaces.msn/members/zxcvb14
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El día 10 de los corrientes la prensa de Gran Canaria trajo en portada una información sobre un auto del Juzgado de Instrucción número 9 de San Bartolomé de Tirajana que tuvo su entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ( el TSJC) el viernes día 9, es decir, un día antes, sometiendo al criterio de este Alto Tribunal canario una investigación sobre el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, en relación con el supuesto caso de corrupción llamado “Operación Góndola” que está siendo investigado por el citado Juzgado sobre la Corporación de Mogán. Dándose la circunstancia que el presidente es un ciudadano más sometido al Imperio de la Ley, no ha lugar a que nadie se rasgue las vestiduras porque esta iniciativa haya sido tomada por el juez instructor del caso si ha constatado indicios de posible delito. No obstante, sí puede haber originado perplejidad, extrañeza y desconcierto en la ciudadanía que ese auto por pieza separada que fue recibido por el TSJC el viernes día 9 de los corrientes, auto revestido de “secreto sumarial” que implica la no difusión de su contenido a los medios de comunicación durante el proceso de instrucción a que hubiere lugar, al día siguiente, el sábado día 10, 24 horas después de su recibo por el TSJC, fuese publicado en portada por toda la prensa grancanaria, entre la que se distingue el “Canarias7” que incluye a la noticia la foto del presidente Adán Martín en lugar destacado. Adán Martín es el presidente de todos los ciudadanos canarios, incluso de aquellos que, como es mi caso, no lo hemos votado en las urnas, y no es de recibo que nuestro presidente, con todo lo que ello implica como representante de nuestra más alta institución política ejecutiva en Canarias, sea sacado en portada en los periódicos por un supuesto delito de tráfico de influencias cuya instrucción, además de ser “secreto de sumario”, ni siquiera ha sido iniciada en ese momento. Si se ha tratado de un lapsus por parte de quienes tienen a su cargo la custodia de este tipo de procedimientos es muy grave y a quien corresponda debe tomar cartas en el asunto; por otra parte, si se trata de una ‘movida’ política con las miras puestas en deteriorar la imagen del presidente y con ello la de su partido con el fin de obtener réditos políticos a su favor, flaquísimo favor les están haciendo a nuestro sistema democrático y a sí mismos porque el “todo vale” en política no es del agrado de la ciudadanía y ésta no dejará de pensar- porque la gente vive inmersa en sus problemas pero mira a su entorno más de lo que algunos creen- que poco ejemplo de ética y escrupulosidad les están dando aquellos que algún día pueden regir sus destinos.
Expuesto en el párrafo anterior mi sentir sobre los acontecimiento al respecto, quiero entrar ahora en la razón o razones que estimo han llevado al presidente de aparecer en las portadas de los periódicos en la toma de posesión de su cargo como el hombre que tenía la sana intención de hacernos felices a los ciudadanos canarios, a un presidente para quien un Juzgado de Instrucción pide su investigación al TSJC -dado su condición de aforado- por un presunto delito de tráfico de influencias. La razón o razones de esta desafortunado situación pueden ser muy sencillas y talvez tengan su base de partida y piedra de toque en la fijación casi enfermiza que tanto el Gobierno de Adán Martín como los anteriores, especialmente el de Román Rodríguez, han tenido en poner en marcha todo tipo de resortes administrativos para controlar hasta el paroxismo y tener la palabra decisoria sobre todo lo que se moviese en la vida económica del Archipiélago; a esto se le llama, en lenguaje económico, dirigismo e intervencionismo puro y duro en la marcha de la economía y desarrollo de la misma, exactamente lo que se aplicaba en los países del Este de Europa cuyo dirigismo e intervencionismo cercenó la iniciativa privada y los llevó a donde todos ya conocemos, aunque por estas latitudes algunos nostálgicos del marxismo en puestos decisorios de la Administración siguen empecinados en el control de la actividad económica a ultranza, cosa que enmascaran con la palabrería de “desarrollo sostenible”. Desarrollo es desarrollo y el país que para su desarrollo entra en un proceso de regresión económica, pérdida de competitividad en los mercados y crecimiento imparable del paro. Esa política nos ha llevado en Canarias a la más que preocupante situación de tener un 18% de ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza hace cuatro años a tener en la actualidad el 24% de nuestra población en esa situación y de tener 92.000 parados en abril de 2003 a tener 130.000 en la actualidad.
Así las cosas, resulta que un empresario cualquiera tiene que mover Roma con Santiago, dentro del marco de la legalidad, para conseguir luz verde para desarrollar un proyecto de camas turísticas que a nadie le debería preocupar si son diez o si son veinte -siempre que estén encuadradas dentro de los pertinentes Planes Parciales que, no olvidemos, son aprobados, cuando lo son, por tres administraciones diferentes: Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno (la COTMAC)- porque el dinero que expone es el suyo y, si no encuentra mercado para vender sus camas, es su propio problema y no es admisible ni de recibo que un Gobierno, en pura actitud paternalista y proteccionista de otras camas existentes en el mercado, deba meterse en regular la política empresarial de inversiones que, dentro de nuestro contexto occidental de economía liberal y de libre mercado, es una absurda y total aberración del desarrollo económico de cualquier región dentro del citado contexto, además de provocar un permanente desasosiego en el mercado turístico y etapas de desarrollismo forzado por miedo a la pérdida de licencias cuando levanta ‘la veda’.
Por tanto, las ‘atribulaciones’ que en estos días está viviendo el presidente de nuestra Comunidad autónoma es sólo y simplemente la recogida del fruto o consecuencias de lo que el núcleo duro de su partido, ATI, brazo ‘armado’ de ASHOTEL (Asociación de Empresarios Hoteleros y Extrahoteleros de Tenerife, El Hierro y La Gomera) ha impuesto en Canarias, de su mano y de la del anterior Gobierno, en la evolución de nuestro desarrollo económico -no olvidemos que éste se fundamenta en su 80% del turismo y de lo que lo rodea- bloqueando el crecimiento turístico de otras islas, especialmente de Gran Canaria, de forma que ASHOTEL, con sus 160.000 camas hoteleras contra las 53.000 que tiene Gran Canaria, pudiera mantener la hegemonía de todo el Archipiélago en el mercado turístico internacional. Por consiguiente, no debería ser noticia que cualquier empresario grancanario que lleve metido decenas de millones de euros en un proyecto abogue ante el Gobierno con mayor o menor vehemencia, pero que nadie puede quitarle el derecho a hacerlo si no traspasa la legalidad, para que le sean autorizadas la construcción de unas camas contempladas en su correspondiente Plan Parcial, gestiones que en ningún caso deberían producirse si estuviéramos operando en un clima de normalidad y disposición administrativa lógica y necesaria dentro de una libertad de mercado en el que el único papel que debería desempeñar la Administración es el de hacer posible que el capital se invierta, obtenga beneficios y genera riqueza, cosa que siempre se traduce en puestos de trabajo y oportunidades para todos los que estén debidamente preparados, todo ello dentro del marco de Planes Parciales debidamente aprobados por las tres administraciones citadas en el párrafo anterior.
Consecuentemente, Adán Martín, presidente del Gobierno de Canarias, está ahora inmerso en un asunto de presunción delictiva, -posiblemente filtrado a los medios de comunicación con malicia para dañar su imagen pública- que le ha sobrevenido de la mano de sus propios vetos a nuestro crecimiento económico y que ha dado hilo directo circunstancial a uno de los miles de empresarios de esta Isla de los que no pocos viven el mismo problema de tener sus proyectos parados en seco por la desmedida intervención de la política en la actividad económica del Archipiélago.
En resumidas cuentas: la Moratoria al crecimiento turístico, promovida por ASHOTEL para garantizar la ocupación de sus camas hoteleras y su liderazgo del Archipiélago en los mercados turísticos internacionales, eficazmente sacada adelante por ATI, ha arrinconado y ahorcado a Gran Canaria en el mercado turístico al cercenar su crecimiento hotelero en beneficio de Tenerife pero también puede haberse llevado por delante en el plano político a uno de sus hijos más selecto: a su presidente del Gobierno. La fiera termina devorando a lo más granado de sus hijos. ¿Terminará siendo la Moratoria turística la ‘soga’ política del presidente Adán Martín?
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de 2007
Daniel Garzón Luna
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