GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

martes, 26 de enero de 2010

A CUENTO DE LA OPNIÓN DEL ALCALDE SAAVEDRA SOBRE EL INTERVENCIONISMO SOBRE EL SUELO

A CUENTO DE LA OPINIÓN DEL ALCALDE SAAVEDRA SOBRE
EL INTERVENCIONISMO SOBRE EL SUELO






A CUENTO DE LA OPINIÓN DEL ALCALDE SAAVEDRA SOBRE EL INTERVENCIONISMO SOBRE EL SUELO
El pasado domingo, 24 de enero, el Canarias7 publicó unos comentarios del alcalde Gerónimo Saavedra sobre los efectos perniciosos que el intervencionismo de los sucesivos gobiernos canarios sobre el desarrollo del suelo ha producido en la economía de Gran Canaria y, por consiguiente, en el bienestar de su ciudadanía de la cual unas 80.000 personas se encuentran ya censadas en las listas del paro. El señor Saavedra dijo, entre otras cosas, lo siguiente:
“Aquí todo el mundo ha querido hacer su pequeña ley, su pequeña moratoria, sus medidas urgentes….Hemos hecho una red que espanta al que viene a invertir en Canarias hoy, sea en industria, sea en turismo, sea en nuevas energías. Es terrorífico. O aprovechamos la crisis para ponernos de acuerdo todas las administraciones, o Canarias va a tener un futuro bastante complicado. Apelo al sentido común porque no se puede seguir con que el cabildo tenga que hacer 14 planes insulares y que los ayuntamientos tengamos que esperar para dar una licencia a que el cabildo haya concluido el plan correspondiente, eso no es una administración moderna, para eso no queríamos la autonomía, queríamos un autogobierno eficaz para los ciudadanos”.
Ahí queda eso; más claro agua. No creo que a alguien se le ocurra pedirlo más menudo para cachimba. Aquí tenemos el criterio de un político del PSOE, que no es un empresario precisamente aunque sí tiene a sus espaldas lo que exige la gestión de una ciudad como Las Palmas de G.C., que no es peccata minuta precisamente, que, en contra de lo que postula y practica casi la totalidad de la masa gris de su partido, llama las cosas por su nombre y dice con claridad meridiana que Gran Canaria está inmersa y acogotada por una burocracia impuesta por el intervencionismo del Gobierno canario, amplificada, irresponsablemente, por el Cabildo de la Isla que tiene totalmente bloqueado todo posible desarrollo y, por tanto, su crecimiento económico, la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo. ¿Que la crisis económica de Occidente tiene su influencia negativa sobre nuestro crecimiento económico? Claro que sí, sin la menor de las dudas pero los efectos de esta crisis han sobrevenido a la crisis que nosotros ya nos habíamos montado aquí alegremente de la mano de políticos ‘expertos’ en mercados turísticos, economía, diplomados en ‘tiralíneas’ a mano alzada sobre la propiedad privada y ‘protección’ del suelo ajeno que, con una alegría que roza lo irracional, han ‘empapelado’ la Isla en las dos últimas décadas de tal manera que ya es prácticamente imposible el programar en tiempo y forma la más mínima inversión en Gran Canaria si ello tiene algo que ver con licencias administrativas que, por pura lógica, es un requisito casi generalizado.
En contra de lo que algunos quieren hacernos creer, esta situación de páramo y desánimo no la ha traído la crisis internacional; es una crisis de nuestra propia cosecha. Lo que sí ha traído la crisis económica internacional es el magnífico ‘alibí’ que políticos y altos funcionarios que han tenido que ver con la congelación de nuestro crecimiento económico desde hace dos décadas han encontrado en dicha crisis para justificar sus respectivos fracasos en planificar de forma racional y coherente el desarrollo económico de la Isla que no es precisamente el intervencionismo y dictado al mundo empresarial de lo que tiene que hacer y cuando lo tiene que hacer, pues esta política es la que nos ha llevado a la deplorable situación de regresión y estancamiento de la actividad económica que reina en Gran Canaria y la pérdida de liderazgo en los mercados de turismo de invierno que ya es imposible recuperar. Leyes como la de Medidas Urgentes que condiciona -por citar un ejemplo del contenido de la Ley- a que un hotel de nuevo corte tenga que ser hotel-escuela, de una categoría superior a las cinco estrellas --[se suscita la pregunta: ¿Quién se ocupa de crear el entorno en consonancia con esa categoría? ¿También el inversor?]-, el diez por ciento de las camas para estudiantes, a construir en un tiempo predeterminado de tres años y un etc. etc. suplementario son condicionantes que demuestran hasta qué punto nuestros legisladores han perdido el Norte, piensan que Canarias es el ombligo del mundo y han perdido toda realidad del mundo en el que nos movemos y nos rodea en el que, hoy por hoy, lo básico, lo fundamental, lo apremiante, lo más importante en definitiva es crear puestos de trabajo.
Por tanto, lo que Saavedra ha dicho es lo que más de uno de nuestros dirigentes sabe y opina pero el ir contra-corriente no es ‘saludable’ para mantener la poltrona, por lo que callan y otorgan como quedó demostrado cuando en el mes de abril de 2003 nuestro Parlamento se hizo el haraquiri aprobando por unanimidad la fatídica Ley de Directrices o Moratoria turística, un verdadero suicidio económico y turístico que, para más inri, fue reemplazada en mayo del 2009 por el adefesio de la Ley de Medidas Urgentes, más de lo mismo o aún peor pero con el agravante de haber sido aprobada en plena crisis económica internacional, momento y situación más que excepcional para que nuestro Gobierno y Parlamento se hubiesen estado ‘quietos’ en materia legislativa sobre el suelo con bloqueo continuado del desarrollo turístico y dejar al mercado la posibilidad de coger oxígeno y de reajustarse por sí mismo. En este caso esta ley no fue aprobada por unanimidad ya que las izquierdas ‘progres’ de siempre, especialmente el PSOE canario, no se montaron al ‘carro’ en la aprobación de esta prolongación del intervencionismo del Gobierno en el desarrollo económico, no porque vieran la ley demasiado restrictiva para alentar la inversión en un momento de crisis profunda sino porque querían más intervencionismo todavía, más dificultades para actuar sobre la única fuente sobre la que se puede generar riqueza en Canarias en la actualidad: EL SUELO. Resulta difícil de comprender que partidos de izquierdas, especialmente el que ostenta la “O” de “Obrero” en sus siglas, se distancien tanto del objetivo básico que debería ser el bienestar de la clase trabajadora, especialmente, que pasa, ineludiblemente, por un puesto de trabajo. Eso no se consigue más que con un crecimiento económico continuado que sólo es posible si se dan las condiciones positivas de confianza y seguridad jurídica para que el que tiene dinero lo exponga e invierta, condiciones que, hoy por hoy, y desde hace muchos años, no se dan en Gran Canaria.
Sí, no hay la menor duda que Saavedra sabe lo que dice, no solamente porque es viejo sino porque es Saavedra y, además de ser socialista, tiene conceptos realistas sobre la dramática situación de penuria en que se encuentra casi el 50% de la población grancanaria porque no olvidemos que cada uno de los 80.000 parados de los ciudadanos grancanarios en las listas del paro tiene detrás de sí un mínimode dos personas más, , por término medio, y, sobre todo, porque es muy consciente que el inmovilismo que postulan y ejercitan casi todos los partidos políticos canarios, también su partido socialista, el PSC, está a años luz del concepto de desarrollo continuado y progreso que exige cualquier sociedad sobre el planeta para generar empleo, especialmente en los días que corren que sólo facilitando la iniciativa privada y, como él acentúa en sus declaraciones, removiendo burocracia se podrá remontar la situación de desconcierto que reina en el mundo empresarial grancanario en la actualidad y se comience a generar riqueza. Es imposible tomar en serio partidos políticos que postulan y practican un intervencionismo fundamentalista adobado con un inmovilismo irracional cuando están en puestos decisorios y, por otro lado, se colocan la etiqueta de progresistas y se les llena la boca de palabras huecas, sumergiéndose en megaproyectos que nada tienen que ver con la realidad que es, hoy por hoy, dar de comer al hambriento, que no son pocos precisamente. Se supone que progresismo viene de progreso y que progreso es caminar hacia adelante, exactamente lo que ha hecho la humanidad desde que tiene dotes racionales y precisamente por eso hoy podemos jactarnos de saber leer y escribir, aunque no pocos en el ‘machito’ demuestran con sus actuaciones que de leer poquísimo, a juzgar por lo poco que parecen saber de lo que está pasando ‘ahí fuera’
Quiero concluir apostillando que Gran Canaria necesita políticos valientes de la talla de Saavedra que la vuelvan a encarrilar por la senda del crecimiento económico; las banderas políticas en las que militen esos políticos no tiene la más mínima importancia si en ellos anida la determinación de apoyar toda decisión política que sea beneficiosa para Gran Canaria. El zancadillear debe ser erradicado en las decisiones que afecten el resurgimiento económico de nuestra isla. Lo de “al enemigo ni agua” sigue siendo válido en política pero si con ello se deja a Gran Canaria ‘seca’ no será válido bajo ningún concepto. Tomen buena nota de ello los que practican la política de “tierra quemada” sin recapacitar que la tierra que se está quedando yerma es la de Gran Canaria y nadie, absolutamente nadie por muchos votos que tenga en su haber conferidos por las urnas, tiene derecho a condenar ‘sine díe’ a Gran Canaria a la postración en que se encuentra actualmente.
Mismo comentario con información gráfica en mi página web: http://danielgarzonluna.blogspot.com/
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de enero de 2010.
Daniel Garzón Luna

lunes, 11 de enero de 2010

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y LXXII -72-)

LA SENTENCIA DEL SUPREMO QUE ANULA LA MORATORIA DE LANZAROTE
ES DIGNA DE COMENTARIO
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LA SENTENCIA DEL SUPREMO QUE ANULA LA MORATORIA DE LANZAROTE ES DIGNA DE COMENTARIO





El día 17 del pasado mes de diciembre la prensa local de papel y digital informó sobre la sentencia del Tribunal Supremo que anula definitivamente la Moratoria turística de la Isla de Lanzarote, impuesta por el Gobierno de Canarias vía Decreto 95/2000, ratificando así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ( el TSJC) de noviembre de 2006 que anuló la mentada Moratoria en base, esencialmente, a que este documento, el Decreto-Moratoria, no contemplaba presupuesto para indemnizar a los posibles propietarios de suelo damnificados por la desclasificación urbanística de sus propiedades, en los casos que así resultase según las previsiones al efecto contenidas en el mentado Decreto.
La confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia del TSJC de 2006 pone de manifiesto -y es digno de análisis, entre otras cosas, por el perjuicio económico que ha originado a Lanzarote desde el año 2000 en que se dictó el Decreto de moratoria hasta su anulación definitiva por la sentencia del Supremo del pasado diciembre- que el recurso al Tribunal Supremo debe estar limitado, en lo que a contenciosos contra la Administración se refiere, únicamente a la ciudadanía cuando sentencia del TSJC le fuese desfavorable y sus intereses, situación económica y asesoramiento jurídico le aconsejase tal recurso. En ningún caso debería tener la Administración la potestad de recurrir al Supremo sentencias dictadas por el alto Tribunal canario - decisión a tomar por la Administración canaria de ‘motu proprio’, por la a falta de imposición legal, en aras del bien común - por la sencilla razón que se utiliza la desproporción de medios de que dispone la Administración para ahogar económicamente al ciudadano de escasos recursos y dilata en años desarrollos económicos de ámbitos insulares con la consiguiente influencia negativa en la vida económica de las Islas y, especialmente, en su crecimiento económico que tantísima influencia tiene en la generación de puestos de trabajo y riqueza. Además, implica un derroche de dinero público en gastos jurídicos de tal magnitud que sólo ahorrando este capítulo se podría financiar la creación de casi todas las camas pendientes de crear para atender la exigencia de camas hospitalarias para discapacitados, mentales y físicos, que figuran en el censo de Canarias a la espera de acogida hospitalaria, y todo ello sólo por seguir la senda que marcó la fenecida Dictadura, de la que no pocos copian y aplican conductas más allá de lo deseable, consistente en la normativa que la Administración tiene que recurrir, por sistema, todas las sentencias desfavorables, tanto si se tiene la convicción de que no hay posibilidad alguna de ganarlas en el Supremo como si se alberga la duda al respecto.
Este disparatado proceder ha llevado a la economía de las Islas, que se fundamenta en un 75%, aproximadamente, de actuaciones sobre el suelo, a que un 70% de la posible actividad de crecimiento económico de Gran Canaria -Isla especialmente castigada por este ‘fenómeno’- en ámbitos susceptibles de desarrollo se encuentre en procesos judiciales, y, por tanto, congelado durante años en los juzgados de lo contencioso, con todo lo que ello significa de freno para el desarrollo de nuestra economía. ¿Responsables de esta situación de bloqueo y congelación de nuestro crecimiento económico en Gran Canaria? A la vista de las sucesivas sentencias que van saliendo del TSJC y del Supremo, podemos aseverar que están siendo, en su inmensa mayoría, decisiones políticas de corte intervencionista y populista orientadas a dar satisfacción a un electorado que no puede estar, por la complejidad del tema urbanístico, al tanto de lo que la demagogia ‘progresista’ del anti-cemento, anti-ladrillo y crecimiento económico cero puede significar para su puesto de trabajo o medio de vida y corea con entusiasmo la consigna populista de protección del medio ambiente sin el conocimiento preciso sobre planificación económica para poder valorar hasta qué punto le es beneficiosa o lesiva semejante política, llevada por sistema al fundamentalismo, para sí mismo y para Gran Canaria.
A todo esto, cabe preguntarse: ¿y ‘quién’ es ‘la Administración’ que dispone tan alegremente del erario público alargando pleitos que se estiman perdidos de antemano con todo lo que ello significa de gastos de asistencia jurídica y pago de intereses en no pocos casos, además del bloqueo del crecimiento económico del ámbito de la Isla afectado por esos pleitos? Podemos aseverar, a juzgar por las actuaciones de la llamada Administración ante los ciudadanos, que se trata de una ‘Administración’ que da por sentado que el ciudadano que presenta pleito no tiene la categoría de ciudadano corriente y moliente sino la de ‘enemigo’, un ‘contestatario’ al que hay que acogotar y abatir con todos los medios públicos disponibles, lo que viene a demostrar el disparate mental que pulula en mentes que llevan ‘cotarro’ en la llamada ‘Administración’; es decir, si el bien común aconseja que una carretera, por citar un ejemplo, debe atravesar el suelo propiedad de un ciudadano o empresa porque así lo exige la planificación vial en beneficio de la comunidad, es lógico que dicho suelo sea expropiado por el Departamento responsable de viales de la Administración, procedimiento en el que debe predominar, dado el beneficio o bienestar que significa para la comunidad, la equidad y la negociación del valor del suelo expropiado, además del añadido del daño económico que se origina al valor de la finca por la pérdida del posible mercado a causa del troceado que pueda exigir la planificación vial, de acuerdo con valoraciones reales de mercado en consonancia con su ubicación y perspectivas de negocio. Cuando la llamada Administración actúa con la debida equidad y justo proceder ninguna operación de adquisición de suelo para fines de bien común termina en los tribunales por la sencilla razón que nadie, absolutamente nadie gasta su dinero en pleitos innecesarios, y mucho menos contra una Administración de recursos ilimitados, por lo menos en lo que a pleitear contra el ciudadano se refiere.
Como quiera que se da la circunstancia que la Administración somos todos, aunque con excesiva frecuencia se le recuerda al ciudadano sólo para exigirle obligaciones, nadie con sentido honesto de ciudadanía puede ver con buenos ojos cómo prepotentes cargos de la Administración, tanto de la política como del funcionariado, utilizan de forma torticera los poderes que le han sido conferidos por la ciudadanía para sustraer derechos adquiridos y propiedades a ciudadanos en nombre del bien común, o ‘interés general’ según definición política, con la pretensión de un coste cero para el erario público, celo fuera de la razón y lo justo que nadie les exige en el cumplimiento de sus funciones, obviando que los ‘contestatarios’ son también ciudadanos que cumplen con sus obligaciones cívicas y que si el bien común requiere que su propiedad sea utilizada para tal fin, de acuerdo con lo estipulado en la Ley del Suelo, es lógico que se utilice previo justo resarcimiento económico por ello. Nadie en su sano juicio, y no imbuido de ideas totalitarias marxistas, aprueba que se le sustraiga a un ciudadano su propiedad por parte de la Administración con la pretensión de coste cero por la sencilla razón que todos somos parte de la tripulación del mismo barco y si hoy ‘la Administración’ le sustrae la propiedad vía expropiación al vecino en aras de una supuesta actuación de bien común sin pago de un justiprecio, ya puede ir poniendo sus barbas en remojo porque el próximo ‘crucificado’ en aras del bien común puede ser él mismo. Este concepto de Robín de los Bosques, en lo que al tema del suelo especialmente se refiere, solo anida en mentes populistas que siembran un concepto falso de justicia e ‘interés general’ en las mentes por labrar de una inmensa parte de la ciudadanía, desgraciadamente demasiado inmensa. El quitar al que tiene para dar al que no tiene no es el camino para nada porque quitar es siempre sustraer algo a alguien y está debidamente tipificado en el código penal como delito; consecuentemente, tanto si se expropia con la justificación de que el trazado de un vial, u otro destino de bien general, así lo exige, o bien porque los cerebros pensantes de dirigentes estimen que el suelo ajeno debe ser expropiado y protegido para que pueda ser contemplado por la ciudadanía en los días de fiestas de guardar, debe ir acompañado de la imprescindible disposición dineraria para pagar al propietario del suelo el valor justo de la propiedad expropiada de forma que no se caiga en la repetitiva actuación de expropiar al precio irrisorio que marcan los tasadores de la Administración, siempre barriendo para dentro, y mucho menos en el expropiar sin pagar un duro, cosa que suena y recuerda a la historia de guerra de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria, muy ligada a la Dictadura, por cierto. En lo que a expropiaciones se refiere, la frase lapidaria de “si no estás conforme con lo que te damos, ahí están los tribunales” ha sido escuchada con excesiva frecuencia por la ciudadanía afectada por procesos expropiatorios.
Con este cotidiano proceder por parte de ‘la Administración’, los juzgados de lo contencioso están abarrotados de demandas contra la Administración que tienen su origen en decisiones de cargos públicos tomadas en gran número de casos muy a sabiendas de que son injustas y con casi nulas posibilidades de ser respaldadas por los tribunales, cargos público que también saben que nadie les hará corresponsables en el pago, en su caso, de las indemnizaciones que el erario público tenga que pagar por sentencias adversas, cuando éstas se produzcan, que tengan su origen en decisiones erróneas o inducidas por posicionamientos de prepotencia o conceptos políticos. El día que se instaure en Canarias esa corresponsabilidad económica del actor cuya decisión motivó el procedimiento judicial contra la Administración, que culminó en sentencia condenatoria para ésta con pena indemnizatoria, y la Fiscalía tome de oficio cartas en las sentencias de los altos tribunales con indicios de comisión de delito en las decisiones juzgadas con sentencia firme, los juzgados de lo contencioso de Canarias podrían olvidarse de los contenciosos con origen en el suelo y dedicarse a otros menesteres de aplicación de la Justicia.
CONCLUSIÓN:
La sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre, que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de noviembre de 2006 anulando el Decreto-Moratoria del Gobierno de Canarias 95/2000 para la Isla de Lanzarote, es un exponente claro que el adquirir una propiedad ajena cuesta dinero, también para la Administración, y si su precio no está pactado con su propietario de antemano y se pretende obtenerla sin pagarla entra dentro de actuaciones autoritarias y prepotentes que bordean el abuso de autoridad. Lo mismo es aplicable, y esta sentencia lo demuestra, que no es lícito sustraer al propietario de un suelo los derechos adquiridos para su desarrollo, siempre que no haya incumplido con las exigencias de la Ley del Suelo, después de larguísimos años de trámites burocráticos y gasto dinerario, bien en base a ideologías políticas trasnochadas o a populismo demagógico y oportunista. Con la Administración, porque somos todos, hay que cumplir; la administración, por su parte, tiene que cumplir con la ciudadanía comenzando por hacer cumplir y respetar las leyes que ella misma promulga. Nadie ni nada está por encima de La Ley; tampoco la Administración.
Mismo comentario con información gráfica en mi página web:
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de enero de 2010.
Daniel Garzón Luna

sábado, 2 de enero de 2010

LA ANULACIÓN POR EL SUPREMO DE LA MORATORIA TURÍSTICA DE LANZAROTE
















LA ANULACION POR EL SUPREMO DE LA MORATORIA DE LANZAROTE

El 17 de diciembre del pasado año los diarios de papel de Las Palmas La Provincia/DLP y el Canarias7 publicaron con grandes titulares la sentencia del Tribunal Supremo anulando definitivamente la Moratoria turística de Lanzarote. Esta sentencia viene a ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de noviembre del 2006 que lo anuló en base, esencialmente, a que no contempló el presupuesto necesario para pagos a los damnificados por pérdida de derechos adquiridos en suelo debidamente ordenado urbanísticamente.
Al respecto de la sentencia del TSJC de noviembre del 2006 sobre la Moratoria lanzaroteña, publiqué un artículo en prensa digital y en mi página web el cual, por su rabiosa actualidad, lo reproduzco integramente a continuación.

"23 de noviembre de 2006. GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y XXXV)
LA ANULACION POR LA JUSTICIA DE LA MORATORIA TURISTICA DE LANZAROTE*Una vez más, y van.........., los jueces enmiendan la plana a políticos que campan por sus respetos y hacen caso omiso de la Ley, precisamente esa Ley que ellos, como legisladores, han diseñado y aprobado en Parlamentos como regla inviolable e incuestionable de la convivencia ciudadana. En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC), comunicada a las partes implicadas (Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Yaiza) el 13 de noviembre, el Alto Tribunal canario falla en contra del Cabildo lanzaroteño y anula la moratoria turística impuesta en Lanzarote por el Decreto cabildicio 95/2000. ¿Piedra de toque que fundamenta el fallo? La ausencia de previsiones económicas compensatorias para los ciudadanos afectados por la moratoria y perseguida desclasificación de numerosos planes parciales debidamente aprobados por nuestras instituciones, incluidos el Cabildo lanzaroteño y el Gobierno canario. La ausencia de esas previsiones compensatorias son un claro exponente de que la intencionalidad de los políticos implicados en ese tipo de decisiones es la de sustraer a los ciudadanos afectados, a costo cero para la Administración, unos derechos legítimos adquiridos siguiendo las exigencias de la Ley del Suelo y cumpliendo con todos los trámites burocráticos que son preciso seguir hasta obtener la definitiva aprobación de un Plan Parcial por la COTMAC y el Gobierno de Canarias, después de haber sido previamente aprobado en plenos de los Ayuntamientos y Cabildos correspondientes. Todo este trámite burocrático, que va acompañado de un gasto ingente de dineros, suele tardar de cinco años hacia arriba.Por tanto, esta sentencia viene a demostrar, una vez más, que la inseguridad jurídica para cualquier tipo de inversor en el tema urbanístico en nuestro Archipiélago es de tal calibre que, no importe el cumplimiento estricto de la Ley del Suelo y toda la parafernalia de normativas y reglamentos que hay en vigor en Canarias, corre el riesgo de que su inversión se le vaya por el sumidero de las decisiones políticas del momento, que al margen de lo establecido en la Ley, y por puro oportunismo político, y no pocas veces por intereses personales o proteccionistas -caso de la Ley de Directrices o Moratoria al crecimiento turístico en Canarias impulsado por ATI en descarado proteccionismo de los intereses de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Extrahoteleros de Tenerife (ASHOTEL)- dan al traste con su inversión y expectativas de negocio, decisiones que, aparte de ir en numerosísimos casos en contra de lo que la misma institución ha aprobado en etapas anteriores -caso éste del Cabildo de Lanzarote - incumplen o aplican las leyes de forma torticera vía decreto e ignorando los mecanismos legales que la Ley del Suelo ya contempla para la anulación de un Plan Parcial por incumplimientos -especialmente incumplimiento en el estricto desarrollo del Plan de Etapas, por ejemplo-, en cuyos procedimientos administrativos de anulación la Ley contempla el incuestionable derecho del afectado a defenderse vía alegaciones. Este sistema establecido de forma generalizada de anular Planes Parciales de forma arbitraria vía decreto, pretendidamente a coste cero para la Administración, “y si no está de acuerdo que vaya a los tribunales”, ha dado lugar a las numerosísimas sentencias de los tribunales contra la Administración en contenciosos urbanísticos.Con relación a esta sentencia del Alto Tribunal canario, el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo lanzaroteño, Carlos Espino, además de anunciar que el Cabildo recurrirá la sentencia al Supremo de Madrid -¡cómo no, si paga el contribuyente y, además, se fastidia así dos o tres años más a los ciudadanos damnificados por la moratoria lanzaroteña!-, “considera que deberían pedirse responsabilidades” [La Provincia/Diario de Las Palmas de fecha 17 de noviembre, página 18], refiriéndose a Política Territorial del Gobierno de Canarias que, según él, manifestó que “debe suprimirse toda previsión indemnizatoria a cargo del Gobierno de Canarias” [La Provincia/Diario de Las Palmas de fecha 15 de noviembre, página 19]. No le falta razón al señor Espino cuando reclama responsabilidades a Política Territorial del Gobierno canario por parte de su Cabildo pero olvida que igualmente, y con muchísima más razón que el Cabildo de Lanzarote, están en la situación de pedir responsabilidades, tanto pecuniarias como penales en los casos de manifiesta prevaricación a la vista de sentencias del Supremo, los damnificados por decisiones tomadas por puro populismo electorero o por funcionarios que se erigen en centinelas patrios y creen que su cometido consiste en sustraer o expropiar derechos al ciudadano al coste cero, olvidando que la Administración somos todos y que la inmensa mayoría de los ciudadanos no está por la labor de que se atropellen derechos de ciudadanos que, en casi todos los casos, han sido adquiridos después de muchos años de trámites administrativos y cuantiosos gastos dinerarios.Sí, no hay duda que lleva razón el señor Espino en lo que a pedir responsabilidades se refiere, pero no sólo en este caso sino en la multitud de casos parecidos que pueblan actuaciones políticas y de algunos funcionarios de nuestra Administración. Algún día los ciudadanos tendrán que poner pies en pared y exigir voz en grito la constitución de una Fiscalía totalmente independiente del poder político, con órgano rector elegido por su propio colectivo, que, además de convertirse en gendarmería manos limpias contra la corrupción política y no política, actúe también de oficio contra los inductores de daños económicos a la ciudadanía desde la prepotencia de posiciones de poder, político o funcionarial, a sabiendas de que lo hacen, corresponsabilizándolos con la Administración por los perjuicios económicos originados al ciudadano, además de la correspondiente denuncia por la vía criminal de haber atisbos de prevaricación en las sentencias del Alto Tribunal. Sólo por esa vía se podrá sacar a nuestra democracia del páramo de corrupción e impunidad de actuaciones arbitrarias políticas en que se encuentra inmersa y el ciudadano recobraría la confianza, hoy tan maltrecha, en ella, sus instituciones y sus políticos.Las Palmas de Gran Canaria, 21 de noviembre de 2006.Daniel Garzón Luna"

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de enero de 2010
Daniel Garzón Luna