GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

domingo, 26 de julio de 2015

La Corporación Insular denunciada en Fiscalía por presunta preva...(Libro: "Cómo iniciar un...y pudrirse en...")


HARCHICASA EN COSTA TAURITO - ETAPA III

Páginas 43 a 54

(Desclasificación de todo el suelo propiedad de harchicasa en el Barranco del Medio Almud en Costa Taurito, Mogan, Gran Canaria, y su conversión en suelo rústico de protección)

En esta Etapa le tocó a Harchicasa vivir uno de los procesos más injusto, ilegal, irracional y despiadado que en su larga etapa, a la sazón de 21 años, de su recorrido en la Costa de Mogán haya experimentado de la parte de Estamentos de la Administración española. La más injusta le quedaba aún por vivirla más adelante; la relato en la Etapa V y siguientes de este recorrido.

Cómo iniciar un proyecto turístico en Gran Canaria y pudrirse en el desierto

Libro electrónico de 251 páginas con 214 enlaces de acceso rápido desde su generoso índice -16 páginas- a su contenido para facilitar la visión rápida y sin búsqueda de asuntos concretos de los tratado en el libro. Dispone, además, de unos 1.800 folios de documentos públicos guardados en una nube de acceso inmediato a través de enlaces insertados en su texto, según corresponda. Esta posibilidad tal vez sea excepcional en relatos de su clase. Su "divisa": "Todos los hechos relatados son de inmediata constatación"

'Pinchar' aquí para descarga gratuita del libro en formato PDF desde la página web del Autor

'Pinchar' aquí para la descarga del libro en formatos PDF Y EPUB desde la editorial "Español.free-ebooks.net"

[.........continúa el exhaustivo relato -que comenzó en la página 43- del proceso de desclasificación del suelo propiedad de Harchicasa en el Medio Almud, Costa Taurito, que culminó el 20 de diciembre de 1993 con su aprobación definitiva por parte del Cabildo y la denuncia de Harchicasa en Fiscalía por presunta prevaricación el 29 de julio de 1994 contra los miembros del Consejo de Gobierno del Cabildo que lo aprobó.]

PÁGINAS 50, 51 y 52 DEL LIBRO (LITERAL)

"El vespertino Diario de Las Palmas dio amplio eco a esta denuncia de Harchicasa ante la Fiscalía.

(A continuación enlace a la denuncia presentada en la Fiscalía de del TSJC

¡ 1994-07-29 DENUNCIA DE HARCHICASA EN LA FISCALIA CONTRA TODO EL CONSEJO DEL CABILDO (29-07-1994).pdf

(A continuación enlaces a parte de la profusa información publicada por la prensa local con relación a las desclasificaciones de suelo por parte del Cabildo Insular)

¡ 1994-05-20 UNA PROMOTORA (HARCHI.) ACUSA AL CABILDO DE PREVA.pdf

¡ 1994-07-25 EL DEFENSOR DEL PUEBLO INTERROGA SOBRE UNA ACTUAC.pdf

El 27 de enero de 1995, con la aprobación definitiva del PIOT por el Gobierno de Canarias, se consumaba la mayor barbaridad que políticos grancanarias han hecho jamás en contra de los intereses de su Isla, Gran Canaria.

Este "affaire" del primer PIOT de Gran Canaria cercenó el crecimiento turístico de Gran Canaria en su oferta hotelera de calidad que hacía más de una década era la demanda del mercado turístico por excelencia, como fue el caso de Harchicasa en el Barranco del Medio Almud en Costa Taurito, y condenó a Gran Canaria a la línea de segundo lugar en la oferta de Canarias muy por detrás de la isla vecina de Tenerife. En esta ocasión no fue Tenerife quien atentó contra Gran Canaria, como es lo de a diario, sino que fue la propia Gran Canaria, sus hijos, sus políticos, con subrayado en los de ideología marxista, siempre imbuida por el irresistible afán de controlar y disponer del suelo ajeno, cúpula dirigente de ICAN con Mauricio detrás de las bambalinas, que eran quienes a la sazón tenían copado todos los puestos de poder sobre el territorio, como son el caso de Fernando González como consejero de Política Territorial en el Cabildo de Gran Canaria, hombre clave y, aparentemente, muñidor del PIOT y sus resultados, a Faustino García Márquez como Director General de Urbanismo y Nicolás Redondo en la importantísima posición de Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. El mundo político grancanario de la época dio la espalda a los intereses turístico de Gran Canaria, no se asesoró de lo que pedía el mercado turístico a la sazón para hacer un cotejo con lo que se quería suprimir y lo que pedía el mercado y mataron el crecimiento hotelero grancanario durante toda la década de los noventa, década que fue muy bien aprovechada por nuestro competidor turístico de más relieve, Tenerife, que creó una planta hotelera excelente en esos años.

A día de hoy, marzo de 2015, y como se ha venido publicando en la prensa local a cuenta de la rencilla originada sobre la nueva Ley del Turismo de Canarias que mantiene la prohibición de construir hoteles de 4 estrellas en Canarias, lo que implica que Tenerife seguirá manteniendo su omnipotencia en la oferta de calidad en hoteles de 4 y 5 estrellas en Canarias sobre Gran Canaria en cuyas categoría dobla prácticamente nuestra oferta en el mercado. Todo esto ha despertado algo el sentimiento grancanario hacia el sector turístico, del cual ha vivido siempre de espaldas, a pesar de que representa el 80% aproximadamente de nuestra economía, y ha tomado conciencia que, efectivamente, Tenerife dobla nuestra oferta turística de calidad y, consecuentemente, se lleva el mejor turismo que visita las islas en calidad y cantidad pues ya nos rebasan en alrededor de los dos millones en el número de turistas al año.

Hoy podemos aseverar que todo lo que argumentaba Harchicasa en prensa y alegaciones contra la implantación del PIOT en la vertiente de planificación turística se ajustaba a la realidad de lo que pedía el mercado turístico y que el PIOT de la década de los noventa fue el mayor disparate político que se puede cometer en una isla que vive del turismo. La continuidad en disparates que se sucedieron con las moratorias de nunca acabar, en las cuales sí ha jugado una baza importantísima el empresariado turístico tinerfeño con la concomitancia vergonzosa de políticos grancanarios, no llegan, a pesar de que dichas moratorias mantienen congelado el crecimiento hotelero grancanario impidiéndole ganar terreno en el mercado con relación a Tenerife, al disparate y suicidio colectivo del PIOT de la década de los noventa.

En todo caso, el PIOT fue anulado a partir de 1998 por el TSJC de forma repetitiva pues fue ingente la cantidad de contenciosos-administrativos a que dio lugar ya que había condenado a la pura miseria a bastante gente, empresas y particulares, a quienes había convertido sus propiedades en suelo de desarrollo turístico a valor cero al convertirlas en suelo rústico o rústico de protección que es aún peor, como fue el caso de Harchicasa. Semejante disparate jurídico no podía mantenerse por mucho tiempo en una democracia de corte Occidental como es la nuestra, o pretende ser la nuestra, donde el respeto a la propiedad privada es el punto número uno en importancia y la base de las democracias de Occidente. En todo caso, el PIOT del 95, como suele llamársele, fatídico para incontable número de personas y empresas, fue anulado por el TSJC en su sentencia 17/98, de 8 de enero de 1998 (recurso 893/95) y encontró su final definitivo por sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2002 al desestimar el recurso de Casación 1704/98 de la Comunidad Autónoma de Canarias y ratificar la sentencia del TSJC como firme.

Harchicasa, como es de suponer, puso el correspondiente contencioso-administrativo que entró en la Sala de lo Contencioso-Administrativo con el número 871/1995, el cual pasó a sentencia del Tribunal de la Sala el día 23 de octubre de 1998, cuya sentencia, Nº 1198/98, en su FUNDAMENTO DE DERECHO - PRIMERO.- dice que el acto impugnado por Harchicasa ya había sido motivo de sentencia de anulación por el propio TSJC por lo que esta exigencia, aunque por el lado de otros recurrentes, ya estaba cumplida, aunque aún no con el carácter de firme porque la Comunidad Autónoma de Canarias la había recurrido en Casación al Tribunal Supremo y el pronunciamiento del Supremo sobre este recurso no se había producido aún.

Por otro lado, da un merecido "tirón de orejas" al servicio jurídico de Harchicasa de la época al tenerle que recordar que lo que no se incluye en el escrito inicial o de "interposición" del recurso, de acuerdo con lo que exige el artículo 57.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no puede ser incluido más adelante en el recurso, como así se hizo, por lo que condujo a su inadmisibilidad a consecuencia de lo que define la terminología procesal como "desviación procesal". Ha lugar a "acatar", ¡faltaría más!, el "tirón de orejas" por merecido y prestar más atención en las indeseadas pero imprevisibles actuaciones procesales futuras que el trabajo y tramitación de los asuntos de Harchicasa no sean llevados por pasantes en inicio de carrera sin la inexcusable supervisión del veterano, o veteranos superiores del bufete.

(A continuación inserto enlace a la referida sentencia)

¡ 1998-10-24 SENTENCIA DEL TSJC SOBRE CONTENCIOSO 871-1995 DE HARCHICASA CONTRA EL PIOT DEL 95.pdf

Después de la aprobación inicial del PIOT por el Cabildo el 20 de diciembre de 1993, Harchicasa inicia una fuerte actividad en la prensa local escribiendo numerosos artículos, que son publicados sin cortapisas por la prensa, insistiendo hasta la saciedad que Gran Canaria no debía ni podía permitirse el lujo de cercenar el crecimiento hotelero desclasificando el suelo turístico de, prácticamente, toda la costa de Mogán. Incluso publicó de pago algunas páginas enteras de los periódicos locales, especialmente en el vespertino Diario de Las Palmas y el matutino La Provincia (hoy conformados en uno solo: La Provincia/Diario de Las Palmas) y también en el Canarias7.

(A continuación enlaces a algunos de los artículos publicados, tanto por Harchicasa como por información periodística de diarios, especialmente de Diario de Las Palmas y La Provincia.)

[Siguen enlaces a 21 artículos escogidos de los publicados por la prensa local de la época, especialmente el "Diario de Las Palmas", y por la propia Harchicasa.]

viernes, 24 de julio de 2015

Razonamientos Jurídicos del Auto de 24-09-2014 de la Sala Sec 2ª del TSJC...(Libro: "Cómo iniciar un...y pudrirse en...")

Cómo iniciar un proyecto turístico en Gran Canaria y pudrirse en el desierto

Libro electrónico de 251 páginas con 214 enlaces de acceso rápido desde su generoso índice -16 páginas- a su contenido para facilitar la visión rápida y sin búsqueda de asuntos concretos de los tratado en el libro. Dispone, además, de unos 1.800 folios de documentos públicos guardados en una nube de acceso inmediato a través de enlaces insertados en su texto, según corresponda. Esta posibilidad tal vez sea excepcional en relatos de su clase. Su "divisa": "Todos los hechos relatados son de inmediata constatación"

A continuación, en recuadro, la opinión que este libro ha merecido a uno de sus lectores, jurista precisamente


"Es un relato muy real y elegante y sobre todo caritativo"

Fecha de publicación de esta opinión en la página web de descarga del libro: el 10 de julio de 2015.

'Pinchar' aquí para descarga gratuita del libro en formato PDF desde la página web del Autor

'Pinchar' aquí para la descarga del libro en formatos PDF Y EPUB desde la editorial "Español.free-ebooks.net"

PÁGINAS 173, 174, 175 Y 176 DEL LIBRO (LITERAL)

*

"RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

  1. De índole procedimental, "tramitación de incidente con audiencia de las personas afectadas".

Páginas 173 a 179

  1. "En cuanto al fondo del asunto. Validez de los acuerdos de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán de fechas 27 de julio y 19 de junio de Actuación de la Junta de Compensación del PP Sector 32 Costa Taurito."

Páginas 180 a 185

  1. "Si tales acuerdos fueron dictados por la Administración con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia."

Páginas 186 a 200

(Observación: he transcrito literalmente el texto de los tres Razonamientos del Auto; no obstante, ha lugar a mencionar que las fechas de aprobación de los distintos documentos es errónea porque el Plan Parcial se aprobó el 18 de julio de 2001 y sus instrumentos de ejecución urbanística el 19 de julio de 2001, no el 19 de junio de 2001).

RAZONAMIENTO JURÍDICO PRIMERO

Páginas 173 a 179

  1. "Tramitación de incidente con audiencia de las personas afectadas"

Es de suponer que este Auto del tribunal de la Sala de instancia de fecha 24 de septiembre de 2014 desestimando la petición de Harchicasa de anular los instrumentos de desarrollo del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito se ha tomado en base a las alegaciones que hayan sido presentadas por la Consejería de Política Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el Cabildo de Gran Canaria, por el Ayuntamiento de Mogán y por la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 de Costa Taurito, (Alegaciones de supuestos afectados que, si las ha habido, no han sido trasladadas a Harchicasa como parte del incidente de ejecución de sentencia como se supone manda el artículo 109 de la Ley Jurisdiccional, caso que el apartado 2. del mismo sea de aplicación en este caso). Es de suponer que dichas alegaciones, si se han producido, serán en la línea de lo que se ha alegado por parte de estas Administraciones en el procedimiento de demanda de indemnización por daños y perjuicios interpuesta por Katanga Inversiones S.L., sociedad del grupo de la constructora Hermanos Santana Cazorla S.L., contra las tres administraciones citadas que culminó en la sentencia de un Tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del TSJC de 10 de enero de 2014, presidido por el Presidente de la Sala, don César José García Otero, que desestimó dicha demanda en base a que sus pretensiones de derechos patrimoniales se habían originado ilegalmente, es decir, cuando todo desarrollo urbanístico-turístico estaba suspendido por el Decreto 126/2001 de 28 de mayo de 2001, por la Ley de Directrices de abril de 2003 y por la Ley de Medidas Urgentes de 2009, además de por el Auto de 14 de abril de 2000 de suspensión cautelar del PIOT y las NNSS de Mogán para Costa Taurito dictado por la Sala de instancia, ratificando así la desestimación de dicha demanda por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias.

2000-04-14 AUTO DECRETANDO SUSPEN AUTELAR DEL PIOT Y LAS NNSS DE MOGAN PARA C T.pdf

2001-01-12 Decreto 4-2001 de 12 de enero de Moratoria Turística del Gobierno de Canarias.pdf

2001-04-18 El Gobierno de Canarias (la COTMA) ordena al Ayto Mo. INTERRUMPIR procedi P. P. Sector 32 C.T..pdf

2001-05-28 Decreto del Go Ca que suspende vigencia Planes Insulares y y Ordenación de los Instru de Planea Turístico.pdf

2014-01-10 Sentencia del TSJC desestimando reclamación por daños por la moratoria de Katanga Inversiones SL en PP Sector 32.pdf

Esta sentencia, en su Fundamento de Derecho SÉPTIMO, párrafo 2º, dice textualmente lo siguiente: (El resaltado es añadido)


"Pero es que en el caso la entidad recurrente si ha patrimonializado algún derecho, es después de haberse dictado la moratoria turística. No había unido a su derecho inicial derechos artificiales cuando irrumpió la moratoria. En concreto, la aprobación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito se produjo el 18 de julio de 2001, BOC 23 de julio de 2001, después de los Decretos 4/2000 y 126/2001. Por lo que no había patrimonializado derecho alguno cuando se dictaron los citados Decretos, y las obras que hubiese realizado, y los instrumentos de gestión desarrollados, se hicieron mientras duraba la moratoria turística, y, a los efectos de este recurso, con contravención expresa de la misma."

En cuanto a las alegaciones que se hayan podido producir de la parte de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán, me aventuro a adelantar que las de la Consejería de Política Territorial se habrán ceñido a la resolución desestimatoria del Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 477/2011 de 28 de julio de 2011, dictamen requerido por dicha Consejería, sobre la pretensión indemnizatoria de la sociedad actora, el cual deja meridianamente claro que el Plan Parcial está definitivamente anulado y que sus instrumentos de desarrollo también lo están porque su existencia y desarrollo es imposible sin el respaldo de su documento jerárquico, el Plan Parcial. A este Dictamen se le suma el 480/2011 de 28 de julio de 2011, también requerido por la mentada Consejería, y también relativo al Plan Parcial que nos ocupa, en este caso con relación a 28 parcelas de dicho Plan Parcial por las que Unimadoc S.L., sociedad también del grupo Hermanos Santana Cazorla S.L., reclama a la C.A. un montante de 21.102.440.46 euros por los mismos motivos .

2011-07-28 DICTAMEN 477-2011 del Conse Consul de la CA sobre P.P. Sector 32 Costa Taurito.pdf

2011-07-28 DICTAMEN 480-2011 del Consejo Consultivo de Canarias sobre Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito.pdf

En lo que al Cabildo Insular y al Ayuntamiento de Mogán se refiere, inserto lo que dicha sentencia, en la que ambas Administraciones son codemandadas como ya mencionado, dice en su Fundamento de Derecho PRIMERO, 3. (página 3), sobre las alegaciones de las dos administraciones codemandadas:


AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

"Las restantes Administraciones codemandadas excluyen su responsabilidad en ambos casos, básicamente el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, [error, quiere decir Mogán] en cuanto al fondo opone que el Proyecto de Urbanización fue aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno celebrada el día 19 de julio de 2001, si bien la promotora solicitó prórroga de dicho plazo, que no fue autorizado por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 26 de diciembre de 2007, que fue confirmado por Sentencia de 30 de julio de 2010, del Juzgado de lo contencioso nº 2 en el P.O. 311/2008. Por último que las obras de urbanización del Plan Parcial no estaban concluidas a fecha de la contestación a la demanda por lo que no se había producido la recepción formal de las mismas."

(El resaltado es añadido)


CABILDO DE GRAN CANARIA

"El Cabildo Insular de Gran canaria señala que el Plan Parcial Costa Taurito 32 es nulo de pleno derecho porque desarrollaba un planeamiento general no publicado, y además, era igualmente nulo porque desarrollaba un Plan General suspendido en virtud del Decreto 126/2001, de 28 de mayo. De la nulidad del Plan Parcial se deriva la nulidad encadenada de los actos sucesivos "la falta de eficacia del Plan Parcial debe contaminar a los proyectos de urbanización basados en el mismo, y en la misma medida a las obras de urbanización o actos de ejecución realizados que, en este punto, deben considerarse ilegales." (Tribunal Supremo 18 de octubre de 2011 , Rec. casación 2093/2009). Por ello entiende nulos de pleno derecho las Bases y los Estatutos de la Junta de Compensación, el Proyecto de Urbanización del que no figura publicación alguna, y el Proyecto de Compensación. Añade que la propia solicitud de prórroga para acabar la urbanización es prueba evidente de que la misma no estaba finalizada. Por último puntualiza que no ha existido inactividad de la Corporación municipal en la formulación y aprobación provisional del PTEOTI- GC."

(El resaltado es añadido)

Como hemos podido ver, queda presumiblemente descartado que la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria hayan podido poner objeción alguna a la anulación de la Junta de Compensación, a sus Estatutos y Bases de Actuación, a su Proyecto de Compensación y al Proyecto de urbanización porque ya en sus alegaciones han argumentado sobradamente su nulidad.

En lo que al Ayuntamiento de Mogán se refiere, es de suponer que tampoco haya puesto impedimento alguno a la nulidad de los mentados instrumento de ejecución urbanística a la vista del aluvión de sentencias, dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias, informes de todas las administraciones, incluido informe de nulidad de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, ratificando de forma repetitiva que la nulidad del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito y sus instrumentos de desarrollo son nulos de pleno derecho y que cualquier pretensión de derechos patrimoniales sobre suelo de dicho Plan Parcial está absolutamente fuera de lugar porque se han producido, de existir, en situación de suspensión de todos los documentos jerárquicos y sus instrumentos de ejecución, por tanto, ilegalmente."

[Continua Razonamiento Jurídico Primero hasta la página 179]

domingo, 19 de julio de 2015

La Biblioteca Pública de Las Palmas; "Tres casos justiciables similares con resoluciones distintas"...(Libro: "Cómo iniciar...y pudrirse en...")


Tres casos justiciables similares con resoluciones distintas

Cómo iniciar un proyecto turístico en Gran Canaria y pudrirse en el desierto

Libro electrónico de 251 páginas con 214 enlaces de acceso rápido desde su generoso índice -16 páginas- a su contenido para facilitar la visión rápida y sin búsqueda de asuntos concretos de los tratado en el libro. Dispone, además, de unos 1.800 folios de documentos públicos guardados en una nube de acceso inmediato a través de enlaces insertados en su texto, según corresponda. Esta posibilidad tal vez sea excepcional en relatos de su clase. Su "divisa": "Todos los hechos relatados son de inmediata constatación"

A continuación, en recuadro, la opinión que este libro ha merecido a uno de sus lectores.


"Es un relato muy real y elegante y sobre todo caritativo"

Fecha de publicación de esta opinión en la página web de descarga del libro: el 10 de julio de 2015.

'Pinchar' aquí para descarga gratuita del libro en formato PDF desde la página web del Autor

'Pinchar' aquí para la descarga del libro en formatos PDF Y EPUB desde la editorial "Español.free-ebooks.net"

PÁGINAS 163 a la 171 DEL LIBRO

TRES CASOS JUSTICIABLES SIMILARES CON RESOLUCIONES DISTINTAS

Imperó La Ley

Ermita Ntra. Sra. de Los Dolores - Mancha Blanca - Lanzarote (construcción de retretes)

*

Imperó La Ley

Biblioteca pública de Las Palmas de Gran Canaria

*

!

Harchicasa en el Barranco del Medio Almud en el Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito

El barranco del Medio Almud es el corazón del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito y representa el 82,88% de los 187.630 m2 de suelo aprovechable de dicho Plan Parcial. Es la aportación de Harchicasa, 155.510 m2 de suelo neto, a la Junta de Compensación del mentado Plan Parcial. La incorporación de Harchicasa a la Junta fue por imperativo legal de la Ley del Suelo. (Artículo 168.2 del RGU). De los 155.510 m2 de suelo aprovechable al 100% sólo recibió una parcela de 43.168 m2 (la nº 3), 23% del suelo aprovechable; los restantes 112.342 m2 los recibió en el Proyecto de Compensación la sociedad Inmobarrenda S.L., (después Unimadoc S.L.), del grupo de la constructora Hermanos Santana Cazorla S.L., en compensación por los 730.464 m2 de riscales de nulo aprovechamiento urbanístico que metió en la Junta.

Imagen de un plano del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito


*

EL CASO LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Se impuso la Ley

Biblioteca pública de Las Palmas de Gran Canaria

La biblioteca pública de Las Palmas de Gran Canaria fue construida entre 1997/2001 e inaugurada el 25 de junio de 2002. Costó seis millones de euros que fueron sufragados por el Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España. Según el 'agua que ha pasado por debajo del molino' desde entonces, hemos podido saber que fue construida contraviniendo las ordenanzas urbanísticas municipales para esa parcela, en cuanto a los metros cuadrados construidos, sobrepasándose en altura y disminuyendo el espacio de parque público, convirtiéndose en pantalla a las vista del mar del edificio San Telmo que está detrás. Estos excesos en metros cuadrados construidos y disminución de parque público no los cubría la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Las Palmas en 1997, por tanto, infracción urbanística grave que convertía lo construido en ilegal propenso a demolición si se producía la pertinente demanda judicial. En todo caso, hoy nadie duda que la Biblioteca pública es un centro cultural de mucho relieve en la ciudad.

¿Y cuáles han sido las consecuencias de edificar una biblioteca con esos volúmenes donde las ordenanzas del suelo para esa parcela no lo permitían? Las consecuencia han sido que el edificio se ha erigido entre el edificio de viviendas San Telmo y el mar, y, consecuentemente, ha conformado una pantalla visual que no permite a los vecinos de dicho edificio disfrutar de las vistas del mar, como sí las tenían antes de erigirse la biblioteca, y se vieron perjudicados porque sus propiedades se devaluaron en cierta medida, optando por interponer un recurso contencioso-administrativo contra la otorgación de la licencia de construcción de la biblioteca. El recurso contencioso recibió el número 814/1998.

El 10 de octubre de 2002 la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia sobre el recurso contencioso 814/1992 interpuesto por la Comunidad de Propietarios del edificio San Telmo anulando la licencia de obras emitida por el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas el 25 de septiembre de 1997 en base a que se había aumentado considerablemente (580 m2) el espacio cultural y se había disminuido el espacio libre en 817 m2. Esta sentencia fue recurrida en Casación al Tribunal Supremo que vino a ratificar, en un toma y daca de años, la sentencia inicial del TSJC. Se obvió la ley en su edificación y, como corresponde en un Estado de Derecho, el edificio tiene que ser demolido y así lo ratifica en su última sentencia de 16 de mayo de 2014 el Tribunal Supremo desestimando el recurso de Casación interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas y la Abogacía del Estado. Por supuesto que no es del agrado de cualquier ciudadano el ver que se procede a la demolición de una biblioteca, precisamente ésta que es de tal relieve cultural en la ciudad; no obstante, todos los que creen en lo que significa para todos los españoles los valores de un Estado de Derecho, según criterios varios expuestos en la prensa local a cuento del asunto biblioteca, lo aceptan como hecho lógico e inexcusable. LA LEY TIENE QUE IMPERAR.

2014-05-16 sentencia del TS ordenando la demolición de LA BIBLIOTECA TS Cont 16-05-2014.pdf

Sobre esta sentencia definitiva, desestimación del recurso de Casación 1621/2013 interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas y la Abogacía del Estado, el Poder Judicial emitió el comentario que sigue, el cual, además de insertarlo a continuación, pongo de relieve la siguiente frase:

"nuestro cometido institucional (artículo 117 de la Constitución) es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales".

(Transcripción literal de lo publicado en la página siguiente)


Noticias Judiciales

Archivos asociados: Pulse aquí.

Autor: Comunicación Poder Judicial

martes, 1 de julio de 2014

El Supremo ordena demoler una biblioteca pública en las Palmas de Gran Canaria La sentencia de la Sala Tercera señala que el edificio contradice a las disposiciones urbanísticas

El Tribunal Supremo ha confirmado que el edificio de la Biblioteca Pública del Estado, en Las Palmas de Gran Canaria, debe ser demolido, por ser contrario a las disposiciones urbanísticas y, entre otras infracciones, haber eliminado zonas verdes y constituir una pantalla arquitectónica que cercena las vistas del litoral.

La Sala Tercera del alto tribunal rechaza los recursos del ayuntamiento de Las Palmas y de la Abogacía del Estado contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 14 de febrero de 2013, que rechazó la solicitud de que se decretase la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia firme del caso que estableció la demolición (que es del año 2002), con el argumento de que la biblioteca tiene idéntico régimen jurídico de los bienes de interés cultural, previsto en la Ley de Patrimonio, por lo que no procede ordenar su demolición.

El Supremo rechaza esa tesis e indica que la finalidad de la Ley de Patrimonio es amparar las bibliotecas de titularidad del Estado "bajo el presupuesto de que éstas se hayan construido legalmente, y no parece que su objetivo sea permitir las edificaciones ilegales destinándolas a bibliotecas, archivos o museos estatales".

La Sala se manifiesta consciente de los conflictos que plantean las actuaciones administrativas declaradas ilegales cuando los hechos se han consumado, como sucede en este caso con el edificio destinado a biblioteca de titularidad estatal, pero -añade- "nuestro cometido institucional (artículo 117 de la Constitución) es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales".

La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados que la han dictado, que entendían que debía estimarse el recurso del ayuntamiento y del abogado del Estado declarándose la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, y fijándose alternativamente una indemnización para los vecinos de la comunidad de propietarios del edificio San Telmo (vencedores del pleito)."

(El resaltado es añadido)

Y ahora tal vez haya lugar al siguiente interrogante: ¿hubo mala fe por parte de los regidores municipales que extendieron la licencia para la construcción de la biblioteca al hacerlo? Descartado, no pudo haber mala fe en extender una licencia para la construcción de algo tan importante y necesario como es un edificio cultural. (Hago referencia a "la fe" porque la buena o mala fe es un calificativo de actos que en lo judicial aparece con frecuencia como "comodín" para dictaminar en una línea o la opuesta según criterios del juzgador del momento sobre el asunto enjuiciado. No hay duda que este "comodín" puede resultar muy útil en los casos en los que el juzgador pueda aportar su propio convencimiento de lo justo o injusto aparte de la rigidez de la ley pero no es menos cierto que da un margen, tal vez excesivo, a que el juzgador dicte resoluciones en base a criterios o circunstancias personales que pueden dar origen al concepto procesal denominado "incongruencia procesal")

A cuento del asunto biblioteca, el diario CANARIAS7 de 18 de noviembre de 2014 publicó la siguiente información sobre la situación del proceso a dicha fecha:


CANARIAS7 - 18 de noviembre de 2014

"El Tribunal Supremo rechazó, a fines de septiembre, el incidente de nulidad de actuaciones promovido en julio por el Ayuntamiento para evitar el derribo de la biblioteca estatal. Los magistrados entienden que la demolición hace prevalecer «el valor superior de la justicia, que conlleva el cumplimiento de las sentencias firmes como manifestación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales»."

2014-11-18 El Supremo se reafirma en demoler la biblioteca.pdf

Cerrada la vía ordinaria después de 4 resoluciones del Tribunal Supremo desestimatorias de lo recurrido, el Consistorio recurre en amparo al Tribunal Constitucional.

A continuación enlace al artículo de Francisco J. Chavanel sobre la sentencia de demolición de la Biblioteca de Las Palmas publicado en el diario CANARIAS7 de 21 de noviembre de 2014, que es de lo más instructivo, y también las declaraciones publicadas en canariasahora.com el 02-07-2014 del alcalde Juan J. Cardona que vislumbró expropiación de derechos a la parte actora y lo que dice la Ley 29-1998 LJCA (art.105) sobre la expropiación de derechos adquiridos en sentencia firme.

2014-07-02 Cardona demolería antes los hoteles ilegales de Lanzarote que la biblioteca (canariasahoras.com).pdf

Art. 105 de la Ley 29-1998 Regula de la Jurisdi Conten.-Admi. (expropiación derechos de sentencia firme).pdf

2014-11-21 Derribo de la Biblioteca y el Mamotreto (Francisco J. Chavanel en el Canarias7).pdf

Ampliar imagen para facilitar su lectura

Biblioteca de Alejandría - destruida por la barbarie en el 646 de nuestra Era


*

CASO LOS EVACUATORIOS DEL PUEBLO DE MANCHA BLANCA (LANZAROTE)

Aplicación de la Ley, simplemente

Ermita "Nuestra Señora de Los Dolores" (También Virgen de Los Volcanes)

Pueblo Mancha Blanca (Lanzarote)

Evacuatorios "Los Dolores"

La ermita del pueblo de Mancha Blanca en Lanzarote es un lugar de peregrinaje por antonomasia en la isla de Lanzarote. Raramente hay visitante turístico a la isla que no pase por dicha ermita porque su influencia religiosa se remonta a tiempos muy pretéritos en los que se le atribuye el milagro de haber salvado a la isla del fuego de los volcanes al parar el avance de la lava, de ahí que, además de ser conocida por su denominación propia de "Nuestra Señora de Los Dolores", también es conocida como "La Virgen de los Volcanes". En todo caso, la afluencia de peregrinaje a esta ermita es de record. La afluencia de personas a esta ermita era un hecho que seguía en aumento cada día pero, hete aquí que ello vino a presentar un grave problema de higiene y situaciones embarazosas para los visitantes ya que en las inmediaciones de la ermita no había sitio alguno donde aliviar la vejiga.... o cosas mayores. Ante esta situación, y ante el inevitable cartel de tercermundista que nos estábamos ganando a pulso, el regidor de la época en el Cabildo tomó la decisión de solventar tan acuciante problema, porque acuciante es el tener que 'descargar' y no encontrar ni una tunera a la vista para perpetrar el acto fuera de la vista de la numerosa concurrencia al lugar.

Como mandan los cánones, el regidor en cuestión de la isla asumió la obligación de solventar el problema porque también en Lanzarote vive el 80% de su población del turismo, pues pensó que para ello le pagaban, y tiró de tiralíneas y marcó un punto cercano a la ermita donde construir unos evacuatorios , no muy grandes porque unos evacuatorio no necesitan un campo de futbol, y los edificó. No se fijó debidamente en la elección del sitio, posiblemente porque pensó que por su pequeño tamaño, alrededor de 100 m2, metro más o menos, podría pasar desapercibido, y, sobre todo, obvió que marcaba en suelo protegido de imposible edificabilidad si no se cambiaban previamente las normas de su protección, y así fue que en junio de 2003 edificó los evacuatorios sin cambiar previamente las normas sobre ese pedazo de suelo y obviando la prohibición que imponía la ley de edificar en ese sitio.

El asunto de los evacuatorios terminó en los tribunales, en este caso por la vía penal, y una juez de Lanzarote lo condenó en mayo de 2011 a dos años de prisión por haber edificado los mentados evacuatorios en suelo protegido que no permitía edificación alguna; por tanto, infracción grave de la ley sobre el territorio. Esta sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife de mayo de 2011, con el fallo


FALLO

"al considerar probado que cometió los delitos de prevaricación urbanística, daños contra el Patrimonio y un delito contra la ordenación territorial"

fue ratificada por la Audiencia Provincial de Las Palmas el 26 de marzo de 2012, sentencia no recurrible. Como hemos podido ver en este otro ejemplo, no obstante la innegable necesidad de proveer al pueblo Mancha Blanca de baños-evacuatorios en las inmediaciones de su ermita, se hicieron en la ilegalidad, se obvió e incumplió la ley del suelo en su edificación, y tuvo como consecuencia la condena al regidor infractor que implicó dos años de privación de libertad, además de ocho años de inhabilitación para ocupar cargo público, porque, en este caso, el actor demandante optó por la vía penal. De haber optado por la vía de lo contencioso posiblemente la sentencia habría sido la demolición de lo construido donde la ley no lo permitía, si así lo hubiese pedido el denunciante, sin tomar en consideración la imperiosa necesidad que existía de edificar dichos evacuatorios porque la ley no se puede acomodar a las necesidades o pretensiones de cualquiera en cada caso y situación. En el caso de los evacuatorios de "Los Dolores" igualmente procede plantearse el mismo interrogante que en el caso de "la biblioteca": ¿hubo mala fe por porte del regidor de Lanzarote al hacer construir los retretes en las inmediaciones de la ermita de Nuestra Señora de Los Dolores en el pueblo Mancha Blanca? Descartado, no pudo haber mala fe porque no había lucro personal de ningún tipo. Ha lugar a insertar aquí el mismo comentario que en el caso " la Biblioteca" sobre el "comodín" de la buena o mala fe en los procedimientos procesales.

*

CASO HOTELES ARCHIPIÉLAGO CANARIO S.A. (HARCHICASA) EN EL BARRANCO DEL MEDIO ALMUD, COSTA TAURITO, MOGÁN

El Auto de 24 de septiembre de 2014 de un Tribunal de la Sala de instancia, compuesto por los señores magistrados D. César José García Otero, Dña. Cristina Páez Martínez-Virel y D. Javier Varona Gómez-Acedo, desestima las alegaciones presentadas por Harchicasa y deja vigentes la Junta de Compensación, los Estatutos y Bases de la Junta, el Proyecto de Urbanización y el Proyecto de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito, cuya anulación pedía Harchicasa en razón de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013, cuyo proceso de ejecución nos ocupa, que trae causa de la 253/02 del TSJC de 8 de marzo de 2002, firme. Estos magistrados fueron parte de los 4 denunciados el 26 de septiembre de 2013 por Harchicasa en la Fiscalía del TSJC por presunta prevaricación. En el texto de este Auto no figura presidente ni ponente. (Denuncia en Etapa VII, Parte Segunda).

2014-09-24 Auto de la Sala de lo Contencioso del TSJC desestimando anular Junta Comp y Pro Compen.pdf

2013-09-26 DENUNCIA EN FISCALÍA (1ª pag con sello entrad) contra 4 magis de la Sala Segunda del TSJC.pdf

Cabe comenzar este apartado con una frase del contundente contenido del comunicado que el Poder Judicial emitió el 1 de julio de 2014 (Ver texto completo en el enlace que sigue) a cuento de la sentencia desestimatoria del recurso de Casación del Ayuntamiento de Las Palmas y la Abogacía del Estado contra la demolición de la biblioteca pública de Las Palmas de G.C., lo que ratifica y confirma la demolición de la misma (ver el caso la Biblioteca en la página 165). Inserto a continuación una frase literal del mismo:

"nuestro cometido institucional (artículo 117 de la Constitución) es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales"

2014-07-01 EL SUPREMO ORDENA DEMOLER LA BIBLIOTECA - NOTA DEL PODER JUDICIAL.pdf

Así mismo, la Doctrina del Tribunal Constitucional dice a cuento de la ejecución de sentencias:


c Incidente de ejecución. Alcance:

No permite resolver cuestiones que no hayan sido abordadas ni decididas en el fallo o con las que éste no guarde una inmediata o directa relación de causalidad, pues, de otro modo, no sólo se vulnerarían las normas legales que regulan la ejecución sino que podría resultar menoscabado, asimismo, el derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes procesales o terceros ( STC 18-7-1994 [ RTC 1994, 219] ).

C) Consagrando la llamada garantía de la inmodificabilidad del fallo, se razonó que: “... los principios de seguridad jurídica y de legalidad en materia procesal de los artículos 9.3 y 117.3 de la Constitución impiden que los Jueces y Tribunales puedan revisar el juicio efectuado en un caso concreto, si entienden con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad aplicable.

Ha de admitirse, en consecuencia, que la inmodificabilidad de una Sentencia integra también el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la protección judicial carecería de efectividad si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por Sentencia firme. De este modo, el derecho fundamental del justiciable a la tutela judicial efectiva actúa como límite y fundamento que impide que los Jueces y Tribunales puedan revisar las Sentencias y demás resoluciones firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la Ley”.

[Continua en la página siguiente el análisis sobre el Auto de 24 de septiembre de 2014 de la Sala de instancia]

viernes, 17 de julio de 2015

Dictamen 480/2011 del Consejo Consultivo sobre indemnización 28 parcelas en P. P. Sector 32 COSTA TAURITO...(Libro: "Cómo iniciar...y pudrirse en...")


Dictamen 480/2011 de 28 de julio de 2011 del Consejo Consultivo de Canarias sobre petición indemnizatoria de Unimadoc S.L. a la C.A. canaria por supuestos derechos edificatorios no realizados en 28 parcelas del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito

Cómo iniciar un proyecto turístico en Gran Canaria y pudrirse en el desierto

Libro electrónico de 251 páginas con 214 enlaces de acceso rápido del índice a su contenido para facilitar la visión rápida de asuntos concretos de los tratado en el libro. Dispone, además, de unos 1.800 folios de documentos públicos guardados en una nube de acceso inmediato a través de enlaces insertados en su texto, según corresponda.

A continuación, en recuadro, la opinión que este libro ha merecido a de uno de sus lectores.



"Es un relato muy real y elegante y sobre todo caritativo"

Fecha de publicación de esta opinión en la página web de descarga del libro: el 10 de julio de 2015.

'Pinchar' aquí para descarga gratuita del libro en formato PDF desde la página web del Autor

'Pinchar' aquí para la descarga del libro en formatos PDF Y EPUB desde la editorial "Español.free-ebooks.net"

PÁGINAS 223 y 224 DEL LIBRO - (LITERAL)

[...........viene de la página 222 (Análisis del Razonamiento Jurídico nº 2 de la la Consejería de Política Territorial de la C.A.C.)]

"Resulta paradójico ver a qué tipo de argumentos puede recurrir una Administración para justificar lo injustificable porque, si bien es una realidad constatada que la Corporación de Mogán actuó en este caso al margen de la legalidad, ello no debe implicar que por parte de la Consejería de la Comunidad Autónoma que más peso lleva en el ordenamiento territorial ponga negro sobre blanco que era normal y habitual que dicha Corporación actuara sistemáticamente de esa manera; en cierto modo, el tomar como bueno y normal que la Corporación de Mogán de la época actuase al margen de la legalidad en estas aprobaciones que nos ocupan, viene a demostrar la indolencia y mirar para otra parte que esta Consejería ha practicado en otras ocasiones en la vigilancia y ejecución de suspensiones cautelares y sentencias sobre Disposiciones sobre el Planeamiento del territorio emitidas por los tribunales, como han sido la suspensión cautelar del PIOT y las Normas Subsidiarias de Mogán para Costa Taurito y la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de de junio de 2003 (recurso de casación 31/2002 interpuesto por la APEP de Mogán), que implicaban un parón absoluto e inmediato a toda actividad urbanística en dicho ámbito, conduciendo ello como consecuencia a la consolidación del 'urbanicio' perpetrado en el Barranco de Taurito de imposible retrotracción a la situación anterior al dictado de dichas resoluciones. (A continuación enlace a la sentencia del Tribunal Supremo mencionada, y a su Fundamento de Derecho QUINTO, que ordenó a la Consejería la ejecución inmediata de la suspensión de las Normas Subsidiarias de Mogán para Costa Taurito).

2003-06-10 SENTENCIA DEL TS RJ-2003-5373 DE 10-06-2003 MANTE SUS CAU NNSS MO EN C T.pdf

2003-06-10 Sentencia del TS anulando cautelarmente las NNSS de Mogán para Costa Taurito (Funda Dere QUINTO y FALLO).pdf

Poco más hay que añadir para descalificar este punto de las alegaciones de la Consejería de Política Territorial de la C.A.C., salvo insertar a continuación algunos párrafos del Dictamen 480/2011 de 28 de julio de 2011 del Consejo Consultivo de Canarias, emitido a petición de la Consejería de Política Territorial de la C.A.C., a cuento de la demanda por daños y perjuicios por la cuantía de 21.102.635,26 Euros presentada por Unimadoc S.L. (antes Inmobarrenda S.L.), filial de Hermanos Santana Cazorla S.L., relativa a 28 parcelas en el Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito, el mismo Plan Parcial que nos ocupa.


DICTAMEN 480/2011 DE 28 DE JULIO DE 2011 SOBRE PETICIÓN INDEMNIZATORIA DE 28 PARCELAS DEL PLAN PARCIAL SECTOR 32 COSTA TAURITO

(Enlace al Dictamen completo al final de recuadro)

FUNDAMENTO IV

PARRAFO 2º El Plan Parcial fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia mediante (Sentencia de 15 de noviembre de 2005), por lo que, como “no puede haber ejecución de un plan cuando éste no existe”, ello determina la “inexistencia de derechos urbanísticos consolidados” (STS de 27 de mayo de 2008). Y aunque el Tribunal Supremo haya casado la Sentencia citada, tal casación se limita a retrotraer las actuaciones para dar la preceptiva audiencia a las partes en relación al motivo alegado por la Sala para fundamentar el fallo. La nulidad del Plan “acarrea inexorablemente la de sus instrumentos de desarrollo, que en definitiva sirven para la ejecución de aquellos”.

PARRAFO 3º Por Sentencias, firmes, de 8 de marzo de 2002 y 17 de enero de 2003, se declararon nulas la modificación puntual de las Normas Subsidiarias y la modificación puntual n° 4 del Plan Insular, por lo que “no existía instrumento de planeamiento general que diera cobertura a la ordenación pormenorizada establecida por dicho Plan Parcial, deviniendo igualmente nulos los demás actos de desarrollo o ejecución del mismo (proyectos de urbanización y de compensación, de 18 y 19 de julio de 2001), por “vulneración del principio de jerarquía (arts. 9.3 de la Constitución, 4.2 y 9.2 del TRLOTEN, y 51.3 y 62.2 LRJPAC)”, como por otra parte confirma la jurisprudencia (STS de 9 de julio de 2009, RJ 566/2005).

PARRAFO 9º La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 78/2008, de 7 de marzo, citada por la reclamante, ha sido recientemente anulada mediante Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de febrero de 2010, viene a decir justamente eso: que sólo se genera responsabilidad patrimonial cuando los cambios normativos afectan a derechos urbanísticos consolidados, consolidación que se produce con el cumplimiento de los deberes y cargas del promotor o propietario, es decir, “con la culminación de las obras de urbanización”. Es más, desde la firmeza de la Sentencia de 8 de marzo de 2002 (alcanzada el 22 de diciembre de 2005) que anula la normativa que da cobertura al Plan Parcial (modificación puntual n° 4 del PIO y de las Normas Subsidiarias), es innegable que, aún en el caso de que la normativa de la "moratoria turística" no hubiera existido nunca, la reclamante no hubiera podido proceder a ultimar la urbanización “dado que el Plan Parcial que ampara su actuación, así como la normativa que le da respaldo, son nulos de pleno derecho”.

FUNDAMENTO V

PÁRRAFO 4º La publicación de los Decretos 4 y 126/2001 pudieron haber afectado a la tramitación y aprobación del Plan Parcial (18 de julio de 2001),pero el Ayuntamiento entendió que no era así –en contra, primero, de la opinión de la Administración autonómica; luego, con su silencio- continuando con la ejecución tras la aprobación de las Leyes 6/2001 y 19/2003 –lo que ocurrió cuando el Plan Parcial estaba ya aprobado-. Hasta que se anuló el citado Plan (STSJC de 15 de noviembre de 2005), siendo por ello asimismo inexistentes los actos de ejecución del mismo, lo que impide la patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos.

[Enlace al Dictamen completo a continuación.]

2011-07-28 DICTAMEN 480-2011 del Consejo Consultivo de Canarias sobre Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito.pdf " [Sigue RAZONAMIENTO JURÍDICO Nº 3 en la página siguiente]

sábado, 11 de julio de 2015

Presunta falsedad en documento público en la constitución de la Junta de Compensación del...(Libro: "Cómo iniciar un...y pudrirse en...")


Presunta falsedad en documento público en la constitución de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito el 10 de julio de 2001. (del libro: "Cómo iniciar un proyecto hotelero en Gran Canaria y pudrirse en el desierto")

Cómo iniciar un proyecto turístico en Gran Canaria y pudrirse en el desierto

Libro electrónico de 251 páginas con 214 enlaces de acceso rápido del índice a su contenido para facilitar la visión rápida de asuntos concretos de los tratado en el libro. Dispone, además, de unos 1.800 folios de documentos públicos guardados en una nube de acceso inmediato a través de enlaces insertados en su texto, según corresponda.

'Pinchar' aquí para descarga gratuita del libro en formato PDF desde la página web del Autor

'Pinchar' aquí para la descarga del libro en formatos PDF Y EPUB desde la editorial "Español.free-ebooks.net"

PÁGINAS 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 Y 75 DEL LIBRO

............viene de la página 68 del libro.

A continuación los intervinientes en el acto de constitución de la Junta.

INTERVIENEN

1.- DON JAIME IGLESIAS GARCíA CRUZ, en nombre y representación de las entidades:--

A).- INMOBARRENDA, SOCIEDAD LIMITADA, con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, C/'Franchy y Roca, 5, 5º piso, oficina 10

B) Y en el mismo concepto de Administrador Único, de la entidad mercantil de nacionalidad española y duración indefinida NICICA, SOCIEDD LIMITADA

2.- DON DANIEL GARZÓN LUNA, en nombre y representación, como administrador único de la entidad mercantil de nacionalidad española HOTELES ARCHIPIÉLAGO CANARIO, S.A.,

3.- DON JUAN SANTANA ARTILES, en su condición de delegado por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán, según acuerdo de la Comisión de Gobierno de dicho ayuntamiento de fecha 27 de junio del 2.001, según certificación de la secretaria del Ayuntamiento de Mogán que se incorpora al presente.

4.- DON JUAN IGNACIO RIVAS ALONSO, en nombre y representación y en su calidad de Apoderado de la entidad mercantil "AFRICANO ISLAS, SOCIEDAD LIMlTADA.

*

A continuación inserto la página 8ª completa de la escritura de constitución de la Junta de Compensación (escaneada en imagen JPEG). Obsérvese que en el apartado "CARGAS" se cita que la finca aportada por Inmobarrenda S.L. está "libre de cargas y gravámenes". (Ampliar la imagen para facilitar lectura)

0 Ley Orgánica 10-1995 CÓDIGO PENAL (Art 390 de la falsificación de documentos públicos oficiales y mercantiles).pdf  

A continuación la página 2 (escaneada en JPEG) del Decreto del Ayuntamiento de Mogán 1908/2007-R de fecha 27 de septiembre de 2007 sobre el embargo de la parcela S-16 propiedad de Investaurito S.A. y su historial de pertenencia. (Ampliar la imagen para facilitar su lectura).

A continuación enlace al Decreto completo.

2007-09-27 Decreto 1908-2007-R del Ayto Mogán ratifica embargo finca S-16 el 14-06-2001 tributos 351.424.68 E. ptes..pdf

1987-03-25 Santiago Santana Cazorla en represen de INVESTAURITO S.A. recurre notifi liqui impues sobre finca S-16.pdf

Como hemos podido constatar documentalmente, el dirigente de la constructora "Hermanos Santana Cazorla, S.L.", Santiago Santana Cazorla, presente con sus abogados en el acto de constitución de la Junta en un plano de dirigente-coordinador pero sin representación de parte alguna, ocultó a los socios que iban a conformar la Junta de Compensación que dentro del ámbito del Plan Parcial que correspondería a la Junta de Compensación administrar se encontraba una parcela o finca denominada Sector-16 de 8.200 m2 en escritura, cuyo propietario era Investaurito S.A., sociedad de la que él era su consejero delegado cuando fue adquirida a José Leva Marmol en compra-venta el 17 de septiembre de 1986 (ver escritura), finca que fue incorporada a la Junta como aportación de suelo por la filial de Hermanos Santana Cazorla S.L., Inmobarrenda S.L., ocultando a su verdadero titular, INVESTAURITO S.A., sociedad que tenía con el Ayuntamiento de Mogán una deuda por tributos pendientes de pago por la cantidad de 351.428,68 euros (unos 58 millones de las antiguas pesetas), precisamente derivados desde la fecha de la compra-venta de la mentada finca. Esta ocultación de información, tanto en lo relativo a la deuda pendiente con el Ayuntamiento de Mogán, pues no aportó una finca libre de cargas como hizo constar en el acto de constitución y así fue escriturado, como a la titularidad de la parcela, puede ser calificada hoy a la vista de la documentación existente como un acto de presunta falsedad en documento público, en connotación con presunta estafa, presuntos delitos en los que pudo incurrir el Administrador Único de Inmobarrenda S.L. como único responsable de la sociedad ya que Inmobarrenda S.L. (más tarde Unimadoc S.L. con el mismo CIF) pertenece a una serie de sociedades interpuestas en la que el accionariado de Inmobarrenda S.L. lo ostenta al cien por cien la sociedad Cicica S.L. (más tarde Katanga Inversiones S.L. con el mismo CIF), cuyo accionariado a su vez es al cien por cien propiedad de la sociedad IVORA HOLDING AG (Aktiengesellschaft) de titularidad desconocida y registrada en algún sitio fuera de España.

Ley Orgánica 10-1995 CÓDIGO PENAL (Art 390 de la falsificación de documentos públicos oficiales y mercantiles).pdf

0 Art. 248 del Código Penal -ESTAFA-.pdf

En cuanto a la responsabilidad de los munícipes que el 27 de junio de 2001 acordaron en Comisión de Gobierno, siendo a la sazón Alcalde-Presidente Antonio Santana Flores, autorizar al concejal de Urbanismo de Mogán, Juan Santana Artiles, a que representara a la Corporación en el acto de constitución de la Junta de Compensación a celebrar ante notario el 10 de julio de 2001 y diera su conformidad a dicha constitución, conformidad imprescindible e inexcusable para que el acto adquiriese legalidad porque así lo manda la Ley del Suelo (Artículo 163.1 del RGU), se hicieron indispensables partícipes de los presuntos delitos de "falsedad en documento público y estafa" porque eran sobradamente conscientes que la finca S-16 pertenecía a Investaurito S.A., que dicha finca se encontraba ubicada dentro del ámbito del Plan Parcial cuya Junta de Compensación se iba a constituir y que la finca tenía desde el 14 de ese mismo mes de junio de 2001 diligencias de embargo decretado por el propio Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos por la cuantía de 351.424,68 euros (unos ¡58 millones! de Ptas.) dimanantes de la compra-venta de la finca por parte de Investaurito S.A. a José Leva Marmol, tributos por plusvalía que fueron asumidos por la compradora en la escritura de compra-venta.

Además, y a más temeridad jurídica por parte de la Corporación de Mogán en el desarrollo del Planeamiento de Costa Taurito, corresponde mencionar que, al permitir la constitución de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito dando conformidad a un acto de presunta falsedad en documento público a sabiendas, también estaba haciendo caso omiso a lo ordenado por la COTMAC que en su reunión del día 18 de abril de 2001 acordó declinar emitir informe favorable sobre el procedimiento de aprobación del mentado Plan Parcial por estar actuándose en tiempo de prohibición de desarrollo urbanístico impuesto por el Decreto de "Moratoria Turística" 4/2001 de 12 de enero de 2001 del Gobierno de Canarias (el 28 de mayo de 2001 sustituido por el Decreto 126/2001), y por el artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2000 (Texto Refundido de la Ley sobre el Territorio y Espacios Naturales de Canarias), le devolvió el expediente y lo emplazó a interrumpir el procedimiento de aprobación de dicho Plan Parcial como puede constatar el lector en el documento cuyo enlace inserto a continuación.

2001-04-18 El Gobierno de Canarias (la COTMA) ordena al Ayto Mo. INTERRUMPIR procedi P. P. Sector 32 C.T..pdf


En el Decreto 1908/2007-R del Ayuntamiento de Mogán de 27 de septiembre de 2007, en su página 2, párrafo 1º, se puede apreciar que 26 días con anterioridad a la constitución de la Junta ya se había decretado el embargo sobre dicha finca. (Ver a continuación el párrafo del Decreto concerniente a la fecha del embargo).

".....a la vista de la diligencia de embargo fechada el 14 de junio de 2.001, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 1 de agosto de 2.001, ...."


Constitución el 10 de julio de 2001 de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito. Número de Protocolo 4.948 del Notario don Juan Alfonso Cabello Cascajo.

Interviniente por la Corporación de Mogán

3.- DON JUAN SANTANA ARTILES, en su condición de delegado por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán, según acuerdo de la Comisión de Gobierno de dicho ayuntamiento de fecha 27 de junio del 2.001, según certificación de la secretaria del Ayuntamiento de Mogán que se incorpora al presente.

Nos encontramos, pues, ante un cúmulo de despropósitos jurídicos en la constitución de la Junta de Compensación que nos ocupa, donde no faltan presuntos delitos, y el lector tal vez se haga la pregunta de por qué incurrir en tanta irregularidad administrativa, presuntamente delictivas, y qué consigue Hermanos Santana Cazorla S.L. con esta oscura "movida" patrimonial entre sus filiales y la ocultación de la deuda de una de ellas, Investaurito S.A. Este interrogante le quedará sobradamente claro al lector si analiza que a través de esta Junta de Compensación y de su Proyecto de Compensación, Inmobarrenda S.L., con su aportación de 730.000 m2 de acantilados desde la carretera C-812 hasta Lomo las Mesas, fagocita en el reparto de suelo aprovechable resultante el 73,75% de la propiedad de Harchicasa en el Barranco del Medio Almud (112.342 m2 de los 155.510 m2 que componen la propiedad de Harchicasa; todo el Barranco menos los viales del Plan Parcial anulado). Un expolio 'legal' en toda regla facilitado por la constitución de dicha Junta de Compensación cuyo desarrollo tiene su origen en el Protocolo de Intenciones firmado el 17 de abril de 1998 en el Cabildo Insular, ya citado al principio de esta Etapa, que culminó en la aprobación de las Órdenes 633 y 634 de 5 de julio de 1999 (PIOT y Normas Subsidiarias de Mogán para Costa Taurito) de la Consejería de Política Territorial de la C.A.C. Estas Órdenes serían anuladas a instancia de Harchicasa por sentencia del TSJC el 8 de marzo de 2002, ratificada por el Tribunal Supremo el 5 de octubre de 2005. (Las Etapas V, VII y VIII se ocupan ampliamente de estos hechos).

Si bien la cifra abstracta de 112.342 m2 expoliados a Harchicasa puede no dar una idea de la enormidad de dicho expolio, baste al lector imaginarse que estamos hablando de una superficie equivalente al suelo de todo el palmeral del Oasis de Maspalomas, programado turístico y en primerísima línea de Playa en la costa de Mogán que goza del mejor clima del mundo. No es una bagatela precisamente.

Ver imágenes comparativas a continuación entre el Oasis de Maspalomas y el Medio Almud en Costa Taurito.

De los 155.510 m2 de suelo propiedad de Harchicasa en el Barranco del Medio Almud en Costa Taurito -todo el barranco menos los viales del Plan Parcial anterior-, suelo programado turístico en primera línea de playa, 112.342 m2, el 73,75 %, le fueron expoliados en beneficio de Inmobarrenda S.L., filial de Hermanos Santana Cazorla S.L., a través de la Junta de Compensación y su Proyecto de Compensación dimanantes del desarrollo de las Órdenes 633 y 634 de 5 de julio de 1999 de la Consejería de Política Territorial de la C.A.C. Estas Órdenes fueron anuladas por sentencia del TSJC de 8 de marzo de 2002, ratificada por sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2005. En el proceso de ejecución de la sentencia en los justos términos del fallo corresponde que la propiedad expoliada a Harchicasa le sea devuelta. Para que el lector pueda hacerse una composición de lugar sobre la magnitud del expolio le será suficiente, como dato comparativo, que los 112.342 m2 citados superan la extensión que abarca todo el palmeral del Oasis de Maspalomas con sus hoteles incluidos.

A continuación enlaces a las certificaciones registrales de las sociedades Inmobarrenda S.L. y Cicica S.L., así como al Protocolo de Intenciones para el desarrollo de Costa Taurito firmado por Santiago Santana Cazorla en representación de la constructora Hermanos Santana Cazorla S.L.

1998-04-17 PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE AYTO MOGAN - CABILDO - GOBIERNO Y HNOS SANTANA CAZORLA SL.pdf

00-00-00 KATANGA INVERSIONES SL B35431162 (antes Nicica SL B35431162) 16-10-2013 nota simple Regis Mercantil.pdf

UNIMADOC SL B35436088 (antes Inmobarrenda SL B35436088) - 11-10-2013 nota simple Regis Mercantil.pdf

2013-03-05 Correo de Carolina Ramírez secretario Harmanos Santana Cazorla S L para reconstituir J. C..pdf

Las consecuencias que poco más tarde tendría para Harchicasa , como único socio de la Junta ajeno a la constructora Hermanos Santana Cazorla S.L., la constitución en presunta ilegalidad de la Junta de Compensación con el hecho de haber ocultado en el acto de su constitución la existencia de la sociedad Investaurito S.A. como titular de la finca Sector-16 y su deuda tributaria con el Ayuntamiento de Mogán, crearía una situación insostenible dentro de la Junta y su Proyecto de Compensación cuando el Ayuntamiento de Mogán sacó a subasta el 6 de mayo de 2002, diez meses después del acto de constitución de la Junta, la finca Sector-16 de Investaurito S.A. por impago de la ya mencionada deuda de 351.426,68 euros. Estas consecuencia las veremos en la Segunda Fase, denominada Kafkiana, de esta Etapa IV. (Suspensión del Proyecto de Compensación).

(A continuación enlace al Boletín Oficial de la Provincia de Las palmas haciendo pública la deuda a efectos de subasta de la finca S-16 y, también, enlace al Acta de certificación de la subasta)

2002-05-06 BOP (PAG 5841) INDICAN 351 424 68 LA DEUDA DE INVESTAURITO SA CON AYTO MO.pdf

2002-05-06 ACTA DE LA SUBAS DE LA PARCELA S-16 ADJUDICADA A EXCO EXIMPORT DE COMESTIBLES SL.pdf

A continuación enlace a las escrituras de compra del Sector-16 por INVESTAURITO S.A. a don José Leva Mármol.

1986-09-17 Santiago Santana Cazorla compra en repre de INVESTAURITO SA finca S-16 en C.T. a J.Leva Marmol.pdf

PROVIDENCIA Y ANUNCIO DE SUBASTA 7.008 - DOÑA MARGARITA CRUZ GONZALEZ, TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN.

HACE SABER:

Que en el expediente administrativo de apremio número 5.832 P, que se instruye en la Recaudación de este Ayuntamiento al deudor INVESTAURITO SA., con domicilio en la calle Domingo Doreste Fray Lesco, número 17, 35.001, Las Palmas de Gran Canaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de Diciembre (BOE 3-1-1991), procede dictar la siguiente PROVIDENCLA. No habiéndose satisfecho Ia deuda objeto del expediente de apremio número 5.832 P, que asciende a la suma total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS. (351.424,68 EUROS), decreto la venta del bien embargado al deudor.

Cabe señalar que en el acto de constitución de la Junta de Compensación se celebró su primera Asamblea General Universal de socios en la que se aprobó a renglón seguido el Proyecto de Compensación, los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta, el Proyecto de Urbanización y el convenio suscrito el mismo día entre Inmobarrenda S.L./Nicica S.L. con Harchicasa, cuyo convenio fue asumido en su totalidad por los socios de la Junta en la Asamblea Universal citada y del cual corresponde resaltar los puntos que se citan seguidamente en recuadros.

[Sigue la página 76 con el desarrollo de la constitución de la Junta de Compensación.....]

jueves, 9 de julio de 2015

La C.A. canaria desestima indemnizar a Katanga Inversiones S.L. por.....(Libro: "Cómo iniciar un proyecto...y pudrirse en el desierto")


[Razonamiento jurídico nº 3 de la Consejería de Política Territorial de la C.A. canaria impugnando el recurso de Reposición de Harchicasa que vuelve a pedir a la Sala de instancia la anulación de los instrumentos de desarrollo del repetidamente anulado por el Tribunal Supremo Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito]

Cómo iniciar un proyecto turístico en Gran Canaria y pudrirse en el desierto

Libro electrónico de 251 páginas con 214 enlaces de acceso rápido del índice a su contenido para facilitar la visión rápida de asuntos concretos de los tratado en el libro. Dispone, además, de unos 1.800 folios de documentos públicos guardados en una nube de acceso inmediato a través de enlaces insertados en su texto, según corresponda.

'Pinchar' aquí para descarga gratuita del libro en formato PDF desde la página web del Autor

'Pinchar' aquí para la descarga del libro en formatos PDF Y EPUB desde la editorial "Español.free-ebooks.net"

PÁGINAS 225 / 226 / 227 / 228 / 229 DEL LIBRO

RAZONAMIENTO JURÍDICO Nº 3


"Si tales acuerdos fueron tomados por la Administración con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia."

Referente a las Alegaciones CUARTA, en su párrafo 7º, podemos leer lo que sigue:


"A juicio de esta parte, no puede confundirse el reconocimiento, por seguridad jurídica, de actos administrativos firmes anteriores a la declaración judicial de nulidad del planeamiento habilitante,...."

Como podemos ver, la Consejería sigue queriendo ignorar que con anterioridad a "la declaración judicial de nulidad" ya pesaba sobre todo el territorio de Costa Taurito la suspensión cautelar del PIOT y las NNSS de Mogán para Costa Taurito y, también, los Decretos de "Moratoria Turística" 4/2001 de 12 de enero de 2001 y desde el 28 de mayo de 2001 su sucesor 126/2001 de 28 de mayo de 2001 del Gobierno de Canarias, por tanto, la aprobación de cualquier Disposición instrumental de desarrollo turístico-urbanístico en dicha Costa se hizo desde la ilegalidad y es gana de confundir y enredar la madeja pretendiendo validar "los actos administrativos firmes anteriores a la declaración judicial de nulidad del planeamiento" puesto que no hay "acto administrativo firme" que haya sido efectuado en la ilegalidad, como es el caso de las aprobaciones del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito y sus instrumentos de desarrollo, a menos que dichas resoluciones de los tribunales y del Gobierno de Canarias sean consideradas papel mojado por la Corporación de Mogán de la época, como así fue, y por la propia Consejería. No olvidemos que ya la propia Consejería se opuso a estas aprobaciones en el mismo año que tuvieron lugar por medio del recurso contencioso 1524/2001 presentado en el TSJC, además de conminar a la Corporación de Mogán a interrumpir el procedimiento de aprobación del mismo a través del acuerdo de la COTMAC de 18 de abril de 2001 ya citado. La Corporación de Mogán estaba en su papel de aprobar este Planeamiento urbanístico con todas las consecuencias y tomaron la decisión de tirar por la senda de los hechos consumados, obviando suspensiones cautelares y decretos de moratoria de todo tipo y la prohibición expresa de la COTMAC de seguir adelante con la aprobación de este Plan Parcial; es puro infantilismo el pretender enjuiciar hoy los hechos acaecidos en dichas aprobaciones desde perspectivas de bonhomía o buenas intenciones.

Cabe terminar este análisis insistiendo sobre la exposición jurídica excepcional que el Consejo Consultivo de Canarias hace en su Dictamen 480/2011 de 28 de julio de 2011 sobre la situación jurídica del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito, del cual he insertado algunos párrafos en el Punto 2, Dictamen sobre el cual la Consejería ha pasado de puntillas en sus alegaciones impugnatorias con la sola mención de su existencia, pero que eso no quita que dicho informe desestima con rotundidad la demanda de indemnización pretendida por Unimadoc S.L. en base a que cualquier patrimonio que se pretenda haber adquirido en el mentado Plan Parcial ha sido en una situación de absoluta ilegalidad y, por consiguiente, nulo derecho a indemnización alguna.

2011-07-28 DICTAMEN 480-2011 del Consejo Consultivo de Canarias sobre Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito.pdf

Inserto a continuación también enlace al Dictamen 477/2011 de la misma fecha que el 480/2011 sobre la parcela nº 6 del mismo Plan Parcial. Asunto ya sentenciado por el TSJC en su sentencia 4/2014 de 10 de enero de 2014 (recurso 366/2010) ampliamente comentada ya en otros apartados de este análisis.

2011-07-28 DICTAMEN 477-2011 del Conse Consul de la CA sobre P.P. Sector 32 Costa Taurito.pdf

A la vista de los Dictámenes 480/2011 y 477/2011 de 28 de julio de 2011 del Consejo Consultivo de Canarias, a lugar a añadir que nos encontramos ante la siguiente situación:

  • el mismo escenario: el Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito

  • en el mismo período de tiempo en el que se produjeron los hechos: 18 y 19 de julio de 2001 en que fueron aprobados el Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito y sus instrumentos de desarrollo

  • y la misma causa de fondo: presuntos derechos patrimoniales

Sobre el mismo escenario y el mismo período de tiempo no hace falta añadir nada más, es obvia la igualdad.

En lo referente a los derechos patrimoniales, sí hay que citar lo siguiente:

  1. La Consejería de Política Territorial de la C.A.C. ha desestimado indemnizar a Katanga Inversiones S.L. con los 2.638.44.46 euros demandados, desestimación que ha sido ratificada por la sentencia mencionada del TSJC en base a que los presuntos derechos reclamados se adquirieron en el Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito y sus instrumentos de desarrollo, documentos nulos de pleno derecho porque fueron aprobados en un vacío legal impuesto por la "Moratoria Turística" y suspensiones cautelares repetidamente citadas.

  1. En este otro caso, el proceso de ejecución de sentencia promovido por Harchicasa, en el que coinciden con exactitud los tres puntos relacionados, la Consejería de Política Territorial se opone (!) a que la Sala de instancia resuelva anulando los instrumentos ya citados, lo que conllevaría, de aceptar la Sala de instancia este posicionamiento de la Consejería, a que Unimadoc S.L., filial del grupo Hermanos Santana Cazorla S.L., se beneficiara con la propiedad de 112.342 m2 de suelo clasificado turístico en primera línea de playa en el Barranco del Medio Almud en Costa Taurito -el 72,24% de todo el Barranco-, ello en detrimento de Harchicasa que le corresponde le sea devuelta dicha propiedad como resultado de la sentencia de la misma Sala de instancia de 8 de marzo de 2002 (recurso 114/2000), firme, punto de partida del larguísimo (seis años y 4 meses) proceso de ejecución de sentencia en el que nos encontramos.

Inserto nuevamente el Fundamento de Derecho SÉPTIMO, párrafo 2º, y fallo de la mencionada sentencia sobre la demanda de indemnización de Katanga Inversiones S.L.


"Pero es que en el caso la entidad recurrente si ha patrimonializado algún derecho, es después de haberse dictado la moratoria turística. No había unido a su derecho inicial derechos artificiales cuando irrumpió la moratoria. En concreto, la aprobación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito se produjo el 18 de julio de 2001, BOC 23 de julio de 2001, después de los Decretos 4/2000 y 126/2001. Por lo que no había patrimonializado derecho alguno cuando se dictaron los citados Decretos, y las obras que hubiese realizado, y los instrumentos de gestión desarrollados, se hicieron mientras duraba la moratoria turística, y, a los efectos de este recurso, con contravención expresa de la misma."

"FALLO

Desestimar el recurso número 366/2010 interpuesto por el Procurador don Francisco Ojeda Rodríguez, en representación de KATANGA INVERSIONES S.L. contra la Orden nº 36, de 31 de agosto de 2011 del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Política Territorial, que desestimó íntegramente la demanda de responsabilidad patrimonial en relación con la incidencia del bloque normativo asociado a la moratoria turística, que declaramos conforme a derecho. Notifíquese la presente resolución a las partes personadas de conformidad con el artículo 248.4 de la LOPJ .

Sin realizar expresa imposición de costas.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-"

A continuación enlace a la sentencia completa:

2014-01-10 Sentencia del TSJC desestimando reclamación por daños por la moratoria de Katanga inversiones SL en PP Sector 32.pdf

Termino el análisis de este último punto con la afirmación de que no puede haber resoluciones distintas a dos casos idénticos de reclamación de presunta propiedad o derecho de idéntica naturaleza en 'el mismo sitio y a la misma hora' y dictadas por el mismo TSJ de Canarias. No casa, por ninguna parte que se mire.

Ver a continuación en imágenes, comparativas con el Oasis de Maspalomas, lo que significaría para Harchicasa que la sentencia cuya ejecución nos ocupa, que trae causa de la 253/02 de 8 de marzo de 2002 del TSJC, no fuese ejecutada en los "justos términos" del fallo.

De los 155.510 m2 de suelo propiedad de Harchicasa en el Barranco del Medio Almud en Costa Taurito, suelo programado turístico en primera línea de playa, 112.342 m2, el 73,75 %, le fueron expoliados en beneficio de Inmobarrenda S.L., filial de Hermanos Santana Cazorla S.L., a través del desarrollo de las Órdenes 633 y 634 de 5 de julio de 1999 de la Consejería de Política Territorial de la C.A.C. Estas Órdenes fueron anuladas por sentencia del TSJC de 8 de marzo de 2002, ratificada por sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2005. En el proceso de ejecución de la sentencia en los justos términos del fallo corresponde que la propiedad expoliada a Harchicasa le sea devuelta. Para que el lector pueda hacerse una composición de lugar sobre la magnitud del expolio le será suficiente, como dato comparativo, que los 112.342 m2 citados superan la extensión que abarca todo el palmeral del Oasis de Maspalomas con sus hoteles incluidos.

[Sigue la parte tercera del análisis de las alegaciones impugnatorias de la Consejería...]