El diario “Canarias7” del día de hoy, 17 de octubre, publica en su página de “Economía” la decisión del presidente del Gobierno canario de convocar para el próximo viernes, día 19, una cumbre con el sector turístico canario en Fuerteventura para unificar criterios sobre la supuesta crisis turística que ya ha comenzado a exponer su virulencia en San Bartolomé de Tirajana donde en cuestión de semanas han cerrado sus puertas treinta bares y restaurantes de su zona turística, todo ello teniendo en puertas como tenemos el comienzo de la temporada alta por excelencia, o, por lo menos, la que siempre fue alta.
Sobre esta cumbre y lo publicado sobre ella en el referido diario, merece una especial mención lo que el Gobierno tiene en mente llevar a esa reunión y, como quiera que va a ser el tema de fondo de este comentario, transcribo literalmente un trozo de lo publicado. Dice:
“Por su parte, el Ejecutivo reclama al sector privado un esfuerzo por acabar con la planta turística obsoleta utilizando los recursos de la Reserva de Inversiones de Canarias (Ric). El Gobierno apuesta por avanzar hacia un turismo de calidad pero este objetivo choca con el deterioro de la planta extrahotelera. La cumbre turística también será el escenario ideal para aclarar la posición del Gobierno sobre el futuro de la moratoria turística”.
En este pequeño trozo de la información publicada se condensa toda la situación de decadencia sobrevenida a la zona turística del Sur grancanario, su estancamiento en los mercados emisores de turismo y su proyección de futuro. Me explico: Como es bien sabido, las 80.000 camas extrahoteleras de la zona turística sureña, la mayor parte de ellas necesitadas de renovación, están en manos de muchísimos propietarios de apartamentos y bungalows que están en la explotación turística bajo el concepto de comunidad que, a su vez, y en la mayoría de los casos, tiene alquilado el complejo a una empresa turística explotadora del mismo. No me consta que propietario alguno de cama extrahotelera explotada turísticamente en comunidad se haya podido acoger a los beneficios que contempla la RIC como es el caso de una empresa hotelera o extrahotelera cualquiera que explota, como empresa, su propio establecimiento. Consecuentemente, el renovar la planta extrahotelera con dineros de la RIC, en el supuesto citado que es casi general, está totalmente fuera de lugar y falta de realismo pues la RIC no contempla como beneficiarios a contribuyentes del IRPF que son casi todos los propietarios de la cama extrahotelera.
La renovación de la planta extrahotelera pasa inexorablemente por inversión en el inmueble por la propiedad del mismo; no hace falta ser un experto en economía para asumir que esta inversión no se realizará por parte de los propietarios si no hay expectativas reales de rentabilidad, y en caso alguno en aras de satisfacer la política surrealista de algún que otro político que estén empecinados en la misión imposible de meter turismo de calidad o con poder adquisitivo medio alto en apartamentos o bungalows.
Ahora la pregunta que uno puede formularse es la siguiente: ¿existen expectativas de rentabilidad para invertir en esa planta extrahotelera obsoleta? Dado la situación de dejadez y abandono en que está sumida la zona turística sureña por parte de las distintas Administraciones resulta aventurado el vaticinar una rentabilidad razonable y a corto plazo, no tanto porque los complejos renovados no encuentren clientela sino porque a esa clientela le apetezca venir a pasar sus vacaciones a una zona degradada en la que la irracionalidad ha llegado hasta el extremo de tener aparcado en caja desde el 2001 ventidos millones de euros del Plan de Calidad de Infraestructura Turística para invertir en infraestructuras en las zonas turísticas del Sur y, según la consejera de Turismo del Gobierno autónomo, no han sido invertido en cinco años. Y, mientras tanto, los turistas bajando y subiendo 75 escalones diariamente en Playa del Inglés para acceder a la playa. ¡Inaudito!
En lo que a la mención de la “apuesta del Gobierno por un turismo de calidad pero este objetivo choca con el deterioro de la planta extrahotelera” se refiere, es realmente de ciencia ficción porque no hay más remedio que preguntarse: ¿tiene el Gobierno un asesor de mercado turístico que le tenga informado de lo que ese mercado pide? ¿De dónde se saca el Gobierno que se puede apostar por el turismo de calidad y se puede ganar esa apuesta con una planta turística extrahotelera cuando ese turismo pide hoteles de cuatro y cinco estrellas y que, además, esta planta extrahotelera no son villas de lujo sino, en gran parte, vulgares apartamentos y bungalows de los años sesenta y setenta? ¿Pretende el Gobierno ganarse ese mercado de calidad con esa planta extrahotelera, aunque se renueve? Indiscutiblemente que, turísticamente, estamos perdiendo el Sur pero en el concepto de política turística hemos perdido el Norte totalmente, no precisamente desde ahora sino del mismísimo día en que se le puso la ‘camisa de fuerza’ a Gran Canaria en su desarrollo turístico hotelero con el primer PIOT de 1995 y se la mantuvo en esa situación inamovible con continuadas decisiones políticas hasta nuestros días.
Con relación a la mención que hace la mentada información sobre la Moratoria o Ley de Directrices, debo decir que esta Ley ha cumplido sobradamente el objetivo que se marcó Tenerife, la isla propulsora de la misma, que fue parar en seco el crecimiento hotelero de las demás islas, especialmente Gran Canaria, una vez que ellos habían alcanzado la meta de crecimiento de camas hoteleras que se habían trazado. El achacar por parte de algunos políticos grancanarios al anterior Gobierno el incumplimiento del desarrollo de la Ley de Directrices, razón por la que la planta extrahotelera obsoleta del Sur no se haya renovado, según ellos, es una pura falacia y ganas de confundir a la ciudadanía; todo el que tiene algo que ver con la libre iniciativa y la libertad de mercado sabe muy bien que el Gobierno no puede obligar a ningún propietario de un apartamento a invertir en él si no le cuadran sus cuentas y tampoco puede el Gobierno acometer por sí mismo y a cargo del presupuesto de la Comunidad Autónoma la renovación de esa planta obsoleta porque, visto desde ese ángulo, también tendría que renovar a cargo del erario público las peluquerías de mi barrio que han perdido la clientela por obsoletas, y, por tanto, esa renovación prevista en las Directrices es de imposible obligado cumplimiento. No se puede ni debe justificar un total fracaso político como ha sido la Ley de las Directrices para Gran Canaria con un argumento tan pueril como es el culpar a otros de la no renovación de la planta extrahotelera de la zona turística. El rectificar es cosa de sabios y el mantener numantinamente un equívoco político del calado de las Directrices es cosa de algunos políticos grancanarios que, a la sombra del desconocimiento de la ciudadanía sobre la materia, mantienen sin pudor la postura del ‘sostennella y no enmendalla’.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de octubre de 2007.
Daniel Garzón Luna
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