EL TURISTA EXIGE MÁS CALIDAD

"EL TURISTA EXIGE MÁS CALIDAD"

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“EL TURISTA EXIGE MÁS CALIDAD”
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El encabezamiento de este comentario no es de mi cosecha particular, es el titular con el que el diario de papel “Canarias7” encabeza su información sobre la apertura de la Feria del Turismo de Berlín (la ITB) en su sección de “Economía” del pasado día 8 de marzo, información que va acompañada de una fotografía a todo color de los responsables del turismo canario, incluido el presidente del Gobierno. Esta información, que a ojos de cualquier lector indolente puede pasar como un relato más sobre promoción turística, conlleva tres mensajes relevantes; a saber: A) “El turista exige más calidad”; B) “Cardona [consejero de Turismo del Cabildo y presidente del Patronato de Turismo grancanario] explicó que entre las prioridades está continuar con el proceso de renovación de la planta extrahotelera”; C) “Bermúdez [consejero de Turismo del Cabildo tinerfeño] declaró a ‘Efe’ que Tenerife no quiere tener más camas turísticas”). Estos tres mensajes son de una importancia de tal calibre que merecen y exigen un comentario sobre los mismos con la minuciosidad que permita el espacio que un periódico pueda dedicarle. Los comento por el orden antes expuesto:

A) En la convención de agencias de viajes independientes alemanas (la RTK) que se celebró en Gran Canaria en el mes de noviembre del pasado año, a la que asistieron 650 agentes alemanes, su presidente, Thomas Bosl, hizo unas declaraciones a la prensa, publicadas en la prensa local el día 21 de noviembre, dando a conocer lo que el mercado alemán pedía; transcribo sus palabras publicadas: “....la clave para la recuperación del mercado alemán está en ofrecer al turista alemán infraestructuras hoteleras de calidad”. La Feria de Turismo de Berlín, la ITB, a la que ha asistido la flor y nata de las autoridades turísticas de toda Canarias, incluido el presidente de nuestro Gobierno como ya he mencionado, ha venido a corroborar lo declarado por el señor Bosl de la RTK aquí en Gran Canaria y nuestras primeras autoridades turísticas han podido constatar ‘in situs’, a ‘pie de cantera’, que lo que pide el mercado turístico en general es calidad y es de suponer que nuestras autoridades hayan catado y asimilado ese mensaje en toda la dimensión de la importancia que para Canarias tiene, especialmente para Gran Canaria porque Tenerife lo ha tenido clarísimo desde comienzo de los años noventa.

B) En segundo lugar me ocupo del comentario que ha hecho en Berlín a los medios informativos el consejero de Turismo del Cabildo y presidente del Patronato de Gran Canaria, Juan José Cardona, en el que, entre otras cosas, aboga por la renovación de la planta extrahotelera obsoleta. Por pura lógica, no se puede estar en contra de que todo lo que esté obsoleto dentro de una zona turística que tanto significa para Gran Canaria, tanto en lo privado como en lo público, exige renovación si no se quiere correr el riesgo que contamine de cutrerío a todo su entorno, y si la mayor parte de la planta extrahotelera grancanaria está en esa situación, que lo está, lo sensato es que se anime a sus respectivos propietarios a que la renueven dándoles facilidades administrativas porque pasar de eso a expropiaciones, derribos u otras iniciativas extremas -que no pocos barajan- es pura falacia dentro de un Estado de Derecho como el que disfrutamos en España. Sólo expectativas de negocio empujará a sus propietarios a endeudarse y renovar sus complejos según estén esas expectativas alentadas por la demanda del mercado. A todo esto, el señor Cardona, como planificador de la estrategia comercial de la ‘cosa’ turística grancanaria, y el presidente del Cabildo, señor Soria, como máximo responsable en nuestra Isla de dicha ‘cosa’, quedan inexcusablemente emplazados a hacerse la siguiente pregunta: ¿qué exige el mercado? Ahí tenemos el titular sacado de la ITB berlinesa; no hace falta extenderse más sobre ello. Y ahora otra pregunta: ¿esa calidad que exige el mercado, con qué oferta de calidad pretende el Patronato de Turismo grancanario y el propio Cabildo hacer frente para hacerse merecedora de la demanda y poder contrarrestar la feroz competencia que representa Tenerife para nosotros, además del emergente Marruecos? ¿ Acaso con la renovación de las cien mil camas extrahoteleras obsoletas con que cuenta Gran Canaria? Supongamos que nos colocamos, en el mejor de los casos, en que se pudieran renovar esas cien mil camas extrahoteleras -‘misión’ de por sí imposible por diferentes razones que son de todos conocidas-, ¿entra en los cálculos del consejero de Turismo grancanario satisfacer la demanda de camas hoteleras de alta calidad que exige el mercado con camas extrahoteleras del año catapún renovadas? Milagros hay pero suele ser la Divinidad la que los haga, no cualquier mortal sobre la Tierra.

C) En cuanto al comentario del consejero de Turismo del Cabildo tinerfeño, José Manuel Bermúdez, puede resultar ser la piedra angular de todo esta ‘carajera’ que se tienen montada los políticos canarios a cuenta de la Ley de Directrices o Moratoria al crecimiento turístico. El señor Bermúdez ha dicho a Efe con una claridad meridiana que “Tenerife no quiere tener más camas turísticas”, declaración ésta que viene a confirmar que Tenerife ha alcanzado su techo -por ahora- en su oferta turística en camas de calidad, cosa que no debe extrañar a nadie ya que, según declaraciones del propio señor Bermúdez publicadas en fechas anteriores, Tenerife tiene una oferta de 160.000 camas hoteleras entre regladas y en vías de legalización, casi todas de última generación, precisamente esa calidad que, como han podido vivir las máximas autoridades turísticas canarias en la ITB de Berlín, exige el mercado. Por tanto, está dentro de la lógica y la defensa de sus intereses el postular por medio de ASHOTEL, con su dominante influencia en ATI, el que la Ley de Directrices o Moratoria sea prorrogada tres años más, o ‘sine die’ si con ello siguen protegiendo sus intereses por medio del bloqueo a la entrada de más camas de calidad en el mercado a través de otras islas que puedan significar una competencia seria para la venta de las suyas.

Así las cosas, podemos llegar en este comentario a la conclusión siguiente: si Tenerife con sus 160.000 camas hoteleras no quiere crecer más, muy bien. ¿dónde está el problema de la Moratoria entonces? La cosa es sencilla: una moratoria al crecimiento turístico para Tenerife y asunto resuelto. En ningún caso se les debe permitir que para proteger sus intereses impongan esa moratoria al crecimiento a las islas que no lo necesitan, como es el caso de Gran Canaria.

¿Y con relación a Gran Canaria, qué? Bueno, está demostrado que la pretensión de captar la demanda de calidad que exige el mercado a través de la renovación de las cien mil camas extrahoteleras obsoletas que tiene en oferta es una absoluta utopía y si se pretende que con las 53.000 camas hoteleras que Gran Canaria tiene en oferta, con un porcentaje elevado de las mismas de más de veinte años de antigüedad, pueda competir con éxito con nuestro mayor competidor, Tenerife, y con lo que nos viene encima desde Marruecos que en un quinquenio planean poner en el mercado 600.000 camas de la más alta calidad, es un verdadero disparate. Los políticos grancanarios, todos, no deben permitir bajo ningún concepto que en la Ley de Directrices o Moratoria, de volver a renovarse, sea incluida nuestra Isla y, de serlo a consecuencias de inevitables apaños políticos, los hoteles de cuatro y cinco estrellas tienen que quedar total y absolutamente excluidos de la Moratoria para Gran Canaria y, por supuesto, sólo sujetos al reglamento de dichas categorías y no condicionados a una serie de infraestructuras complementarias con las que sólo unos cuantos grandes promotores pueden cumplir. El PSC grancanario no debe excluirse a sí mismo de esta obligación para con Gran Canaria; ya va siendo hora de que ‘barran’ para su Isla como han hecho siempre y siguen haciéndolo sus homólogos de Tenerife.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo del 2007-03-09
Daniel Garzón Luna
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¿TRÁFICO GENERALIZADO DE INFLUENCIAS EN CANARIAS?)

¿TRAFICO GENERALIZADO DE INFLUENCIAS EN CANARIAS?
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No, no creo que haya tráfico de influencias en Canarias a escala demasiado preocupante, o, por lo menos, así lo estimo, aunque no dejo de ser uno más de esos ‘felices’ ciudadanos grancanarios que sólo se entera de las cosas por lo que cuenta la prensa; precisamente a cuento de lo que cuentan los periódicos no hay más remedio que reparar en la portada del diario “Canarias7” del pasado día 27 de febrero que decía, en letras negras y grandes de imposible omisión, lo siguiente: ”EL GOBIERNO QUIERE SACAR 5.600 CAMAS TURÍSTICAS. >>Adjudica a Anfi Tauro 1.700 plazas y a Lopesan 2.631.” También informando que a estas 4.421 camas que serán presentadas por el Gobierno al Parlamento hay que sumarle las 1.184 de Tenerife, correspondientes a los proyectos de la empresa Tropical Turística de Canarias, S.L., en Abama, del grupo Polanco, consistente en un complejo de apartamentos de 700 camas y el proyecto de hotel de 484 camas de la empresa Santones, S.L.

¿Y qué quiere decir, en lo que a Gran Canaria se refiere, que las 4.421 camas que ha aprobado el Gobierno -dentro de las excepciones de la Moratoria- el pasado día 27 de febrero para Gran Canaria sean asignadas a Anfi Tauro del grupo Santana Cazorla y al proyecto de Lopesan en Meloneras, las dos empresas constructoras más potentes que tiene Gran Canaria? Pues que puede resultar extraño para el ciudadano corriente y moliente que sean los dos grandes ‘tiburones’ de la construcción a los que se les adjudique la totalidad de las camas previstas en este ‘reparto’ para Gran Canaria, pudiendo presentársele la interrogante del porqué empresas pequeñas no hubiesen entrado también en dicho ‘reparto’. Esta interrogante ya fue aclarada hace días por el propio presidente del Gobierno. El Gobierno ha adjudica las camas que tenía previsto adjudicar a los proyectos que habían sido presentado, es decir, los dos referidos de Gran Canaria y los dos de Tenerife. (Cae de su propio peso que no puede adjudicar camas a proyectos no presentados). La duda puede seguir prevaleciendo, no obstante, para el ciudadano de a pie porque si hay empresarios con proyectos hoteleros bloqueados en su ejecución por la Moratoria, no se explica que no intenten aprovechar esta posibilidad de desarrollarlos ya que si Gran Canaria tiene, por ejemplo, proyectos pendientes de autorización por un total de 10.000 camas, lo lógico sería que cada empresa probase ‘fortuna’ presentando el suyo; pero no, según las palabras del presidente, sólo lo han presentado las dos empresas citadas. ¿Y cual pueden ser las razones para esta ‘abstención voluntaria’? La respuesta es de lo más simple: el equipo redactor de la Moratoria o Ley de Directrices del Turismo ha impuesto unos condicionantes tan leoninos y de tal calibre, un verdadero nudo gordiano, que sólo grandes empresas con mucho suelo y con equipos jurídicos y técnicos de gran magnitud, comparables casi a los del propio Gobierno, han estado a la altura de deshacer ese ‘nudo’ y entrar en el reparto de la ‘divina dádiva’ de 3.600 camas por año que la Moratoria prevé que se pueden construir en todo el archipiélago.

A todo esto, resulta sorprendente que el equipo técnico y la dirección política que ha ‘cocinado’ la Moratoria, gran parte del cual procede de las filas comunistas de la extinta ICAN, a quienes se les supone y de quienes se espera que en ningún caso diseñen y legislen cerrando las puertas al empresariado pequeño en beneficio del empresario grande, han diseñado un ‘traje’ de tal magnitud que sólo puede entrar dentro de él el empresario de grandes medios económicos y técnicos, creando los condicionantes para lo que talvez denominaría el legendario Sagaseta “la nueva oligarquía política/gran capital canaria”, nacida a la sombra de una moratoria, estranguladora del crecimiento económico de nuestra Isla, impulsada por intereses empresariales turísticos tinerfeños y por los sempiternos amantes grancanarios del intervencionismo y dirigismo de nuestra vida económica, especialmente en todo lo que tiene que ver con el suelo, su fijación permanente. No se quieren enterar que la obsesión que políticos canarios tienen con el territorio les distrae de otros problemas de dimensiones extremas y sangrantes como son, por citar un par de ejemplos, la ausencia de cobertura por parte de nuestra Seguridad Social a los enfermos mentales -que precisa una ley por la vía de urgencia sólo para dar solución a la tragedia que viven los afectados y sus allegados-, así como la pobreza extrema del 24% de nuestra población y el endémico problema del creciente paro. Es imprescindible que el aparato político cree las condiciones favorables precisas para que el dinero ‘se mueva’, cree riqueza y oportunidades para todos. Estas expectativas de mejoras se dan de bruces con la congelación del crecimiento económico del 80% de nuestra economía --que representa el turismo y lo que arrastra- impuesto por la llamada Moratoria.

Insistiendo un poco sobre el suelo, viene a cuento el mencionar aquí que grandes males que aquejan hoy en día a España vienen precisamente de la mano del control exacerbado que el aparato político ejerce sobre el suelo, presión que trae como consecuencias graves, además de los innumerables casos de corrupción que están emponzoñando la vida nacional, la escasez de suelo urbanizado en el mercado que repercute en su precio de forma desorbitada, siendo los mas afectados por este encarecimiento del suelo aquéllos que tienen el proyecto de adquirir una vivienda, especialmente los jóvenes, que ya ven esa meta como ‘misión’ imposible; sólo con relación al concepto vivienda, la liberalización del suelo conllevaría una entrada de suelo debidamente ordenado en el mercado que reduciría el precio de venta de una vivienda en alrededor del 30%, y la ola de corrupción que asola a España por este concepto desaparecería. Ya la Ley del Suelo contempla que todo ciudadano propietario de suelo tiene derecho a ordenarlo, de acuerdo con los cánones establecidos en dicha ley, urbanizarlo y ponerlo en el mercado como suelo urbanizado; sólo hay que permitírselo hacer sin enredos y sin que tenga que ser una prebenda por parte de ningún poder público.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de marzo del 2007.

Daniel Garzón Luna

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LA MORATORIA: ¿LA SOGA POLÍTICA DE UN PRESIDENTE?

LA MORATORIA: ¿LA ‘SOGA’ POLÍTICA DE UN PRESIDENTE?
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El día 10 de los corrientes la prensa de Gran Canaria trajo en portada una información sobre un auto del Juzgado de Instrucción número 9 de San Bartolomé de Tirajana que tuvo su entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ( el TSJC) el viernes día 9, es decir, un día antes, sometiendo al criterio de este Alto Tribunal canario una investigación sobre el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, en relación con el supuesto caso de corrupción llamado “Operación Góndola” que está siendo investigado por el citado Juzgado sobre la Corporación de Mogán. Dándose la circunstancia que el presidente es un ciudadano más sometido al Imperio de la Ley, no ha lugar a que nadie se rasgue las vestiduras porque esta iniciativa haya sido tomada por el juez instructor del caso si ha constatado indicios de posible delito. No obstante, sí puede haber originado perplejidad, extrañeza y desconcierto en la ciudadanía que ese auto por pieza separada que fue recibido por el TSJC el viernes día 9 de los corrientes, auto revestido de “secreto sumarial” que implica la no difusión de su contenido a los medios de comunicación durante el proceso de instrucción a que hubiere lugar, al día siguiente, el sábado día 10, 24 horas después de su recibo por el TSJC, fuese publicado en portada por toda la prensa grancanaria, entre la que se distingue el “Canarias7” que incluye a la noticia la foto del presidente Adán Martín en lugar destacado. Adán Martín es el presidente de todos los ciudadanos canarios, incluso de aquellos que, como es mi caso, no lo hemos votado en las urnas, y no es de recibo que nuestro presidente, con todo lo que ello implica como representante de nuestra más alta institución política ejecutiva en Canarias, sea sacado en portada en los periódicos por un supuesto delito de tráfico de influencias cuya instrucción, además de ser “secreto de sumario”, ni siquiera ha sido iniciada en ese momento. Si se ha tratado de un lapsus por parte de quienes tienen a su cargo la custodia de este tipo de procedimientos es muy grave y a quien corresponda debe tomar cartas en el asunto; por otra parte, si se trata de una ‘movida’ política con las miras puestas en deteriorar la imagen del presidente y con ello la de su partido con el fin de obtener réditos políticos a su favor, flaquísimo favor les están haciendo a nuestro sistema democrático y a sí mismos porque el “todo vale” en política no es del agrado de la ciudadanía y ésta no dejará de pensar- porque la gente vive inmersa en sus problemas pero mira a su entorno más de lo que algunos creen- que poco ejemplo de ética y escrupulosidad les están dando aquellos que algún día pueden regir sus destinos.

Expuesto en el párrafo anterior mi sentir sobre los acontecimiento al respecto, quiero entrar ahora en la razón o razones que estimo han llevado al presidente de aparecer en las portadas de los periódicos en la toma de posesión de su cargo como el hombre que tenía la sana intención de hacernos felices a los ciudadanos canarios, a un presidente para quien un Juzgado de Instrucción pide su investigación al TSJC -dado su condición de aforado- por un presunto delito de tráfico de influencias. La razón o razones de esta desafortunado situación pueden ser muy sencillas y talvez tengan su base de partida y piedra de toque en la fijación casi enfermiza que tanto el Gobierno de Adán Martín como los anteriores, especialmente el de Román Rodríguez, han tenido en poner en marcha todo tipo de resortes administrativos para controlar hasta el paroxismo y tener la palabra decisoria sobre todo lo que se moviese en la vida económica del Archipiélago; a esto se le llama, en lenguaje económico, dirigismo e intervencionismo puro y duro en la marcha de la economía y desarrollo de la misma, exactamente lo que se aplicaba en los países del Este de Europa cuyo dirigismo e intervencionismo cercenó la iniciativa privada y los llevó a donde todos ya conocemos, aunque por estas latitudes algunos nostálgicos del marxismo en puestos decisorios de la Administración siguen empecinados en el control de la actividad económica a ultranza, cosa que enmascaran con la palabrería de “desarrollo sostenible”. Desarrollo es desarrollo y el país que para su desarrollo entra en un proceso de regresión económica, pérdida de competitividad en los mercados y crecimiento imparable del paro. Esa política nos ha llevado en Canarias a la más que preocupante situación de tener un 18% de ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza hace cuatro años a tener en la actualidad el 24% de nuestra población en esa situación y de tener 92.000 parados en abril de 2003 a tener 130.000 en la actualidad.

Así las cosas, resulta que un empresario cualquiera tiene que mover Roma con Santiago, dentro del marco de la legalidad, para conseguir luz verde para desarrollar un proyecto de camas turísticas que a nadie le debería preocupar si son diez o si son veinte -siempre que estén encuadradas dentro de los pertinentes Planes Parciales que, no olvidemos, son aprobados, cuando lo son, por tres administraciones diferentes: Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno (la COTMAC)- porque el dinero que expone es el suyo y, si no encuentra mercado para vender sus camas, es su propio problema y no es admisible ni de recibo que un Gobierno, en pura actitud paternalista y proteccionista de otras camas existentes en el mercado, deba meterse en regular la política empresarial de inversiones que, dentro de nuestro contexto occidental de economía liberal y de libre mercado, es una absurda y total aberración del desarrollo económico de cualquier región dentro del citado contexto, además de provocar un permanente desasosiego en el mercado turístico y etapas de desarrollismo forzado por miedo a la pérdida de licencias cuando levanta ‘la veda’.

Por tanto, las ‘atribulaciones’ que en estos días está viviendo el presidente de nuestra Comunidad autónoma es sólo y simplemente la recogida del fruto o consecuencias de lo que el núcleo duro de su partido, ATI, brazo ‘armado’ de ASHOTEL (Asociación de Empresarios Hoteleros y Extrahoteleros de Tenerife, El Hierro y La Gomera) ha impuesto en Canarias, de su mano y de la del anterior Gobierno, en la evolución de nuestro desarrollo económico -no olvidemos que éste se fundamenta en su 80% del turismo y de lo que lo rodea- bloqueando el crecimiento turístico de otras islas, especialmente de Gran Canaria, de forma que ASHOTEL, con sus 160.000 camas hoteleras contra las 53.000 que tiene Gran Canaria, pudiera mantener la hegemonía de todo el Archipiélago en el mercado turístico internacional. Por consiguiente, no debería ser noticia que cualquier empresario grancanario que lleve metido decenas de millones de euros en un proyecto abogue ante el Gobierno con mayor o menor vehemencia, pero que nadie puede quitarle el derecho a hacerlo si no traspasa la legalidad, para que le sean autorizadas la construcción de unas camas contempladas en su correspondiente Plan Parcial, gestiones que en ningún caso deberían producirse si estuviéramos operando en un clima de normalidad y disposición administrativa lógica y necesaria dentro de una libertad de mercado en el que el único papel que debería desempeñar la Administración es el de hacer posible que el capital se invierta, obtenga beneficios y genera riqueza, cosa que siempre se traduce en puestos de trabajo y oportunidades para todos los que estén debidamente preparados, todo ello dentro del marco de Planes Parciales debidamente aprobados por las tres administraciones citadas en el párrafo anterior.

Consecuentemente, Adán Martín, presidente del Gobierno de Canarias, está ahora inmerso en un asunto de presunción delictiva, -posiblemente filtrado a los medios de comunicación con malicia para dañar su imagen pública- que le ha sobrevenido de la mano de sus propios vetos a nuestro crecimiento económico y que ha dado hilo directo circunstancial a uno de los miles de empresarios de esta Isla de los que no pocos viven el mismo problema de tener sus proyectos parados en seco por la desmedida intervención de la política en la actividad económica del Archipiélago.

En resumidas cuentas: la Moratoria al crecimiento turístico, promovida por ASHOTEL para garantizar la ocupación de sus camas hoteleras y su liderazgo del Archipiélago en los mercados turísticos internacionales, eficazmente sacada adelante por ATI, ha arrinconado y ahorcado a Gran Canaria en el mercado turístico al cercenar su crecimiento hotelero en beneficio de Tenerife pero también puede haberse llevado por delante en el plano político a uno de sus hijos más selecto: a su presidente del Gobierno. La fiera termina devorando a lo más granado de sus hijos. ¿Terminará siendo la Moratoria turística la ‘soga’ política del presidente Adán Martín?

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de 2007

Daniel Garzón Luna

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LA MORATORIA TURÍSTICA: EL PSC GRANCANARIO TAMBIÉN SE DOBLEGA A LOS INTERESES DE TENERIFE

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y XXXVI)

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LA MORATORIA TURISTICA: EL PSC GRANCANARIO TAMBIÉN SE DOBLEGA A LOS INTERESES DE TENERIFE
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El pasado día 18 de enero la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias, en un conchavo antinatura -tomando como punto de referencia la confrontación política ‘navajera’ que existe en la actualidad entre Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario (PSC)- decidió dar luz verde a la petición del Gobierno de Adán Martín, -léase de ATI- para que presente en el Parlamento el pertinente proyecto de ley a los efectos de prorrogar la Ley de Directrices o Moratoria Turística que expiró el 14 de abril del pasado año. Esta concomitancia del PSC y CC es un hecho más que extravagante a juzgar por la que está ‘cayendo’ en Canarias en lo relativo a la política.

El PSC grancanario, sin cuyo apoyo esa luz verde no habría alumbrado, se decanta por apoyar al Gobierno de Adán Martín para que prorrogue por tres años más la mentada ley que lo será, sin la menor duda, en beneficio de los intereses de ASHOTEL (Federación de Hoteleros y Extrahoteleros de Tenerife, El Hierro y La Gomera), intereses eficazmente representados en el Gobierno por ATI que es, en su núcleo transmontano, ASHOTEL. Y ahora ha lugar a la siguiente pregunta: ¿qué consecuencias puede traer este acuerdo para Gran Canaria? Unas consecuencias muy claras pero demoledoras. Me explico:

El Gobierno de Adán Martín podrá ahora conseguir del Parlamento la prórroga de tres años más al crecimiento hotelero que reclama ASHOTEL y algunos empresarios de muy cortas miras grancanarios que permitirá a ASHOTEL consagrar su liderazgo turístico en el Archipiélago de por siempre. Si alguien tiene alguna duda de lo que aquí menciono, le reproduzco literalmente para su información uno de los párrafos de las declaraciones del expresidente y exconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte, a “La Gaceta de Canarias”, publicadas en la página 15 de su edición del día 19 de enero, que en su párrafo tercero dice lo siguiente: “Además, Lorenzo Olarte señala que Gran Canaria ha sido la isla más perjudicada en materia turística, “como lo demuestra el hecho de que haya recibido un millón y medio de turistas menos en el último año en relación con la isla de Tenerife” destacó Olarte”. (Datos publicados en “La Gaceta de Canarias” en su edición del día 19 de enero, página 15: turistas recibidos por Gran Canaria en el 2006: 3.300.000). (Datos publicados en el diario digital “El Día” en su edición del pasado día 25 de enero: turistas recibidos por Tenerife en el 2006: 5.444.288). De acuerdo con estas cifras, Tenerife recibió, en contra del millón y medio mencionado por Lorenzo Olarte, 2.144.288 turísticas más que Gran Canaria en el pasado año 2006.

Si bien Lorenzo Olarte culpa de este descomunal desfase de recepción de turistas entre Tenerife y Gran Canaria a la política turística del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, y sin quitarle la razón en muchos aspectos, especialmente en lo relativo al Gobierno de Canarias que se marcó la meta de desmantelar a Gran Canaria de sus instituciones de promoción y formación turística de altos dirigentes, meta alcanzada como es bien sabido, no valora en su posicionamiento dos factores fundamentales, siendo el primero que Tenerife tiene una oferta hotelera de 160.000 camas -según declaraciones de su consejero de Turismo del Cabildo tinerfeño, José Manuel Bermúdez-, casi todas construidas en los últimos diez años, es decir, de nuevo cuño, y Gran Canaria sólo tiene una oferta de 53.000 camas de la misma especie de las cuales el 80% tiene una antigüedad de más de 25 años; en segundo término se encuentra la oferta de camas extrahoteleras que superan las 100.000 en Gran Canaria, estando alrededor del 90% tan obsoletas que, incluso cuando sean renovadas, hecho extremadamente improbable por la atomización de la propiedad de las mismas, no solucionarán el desfase de la demanda entre Tenerife y Gran Canaria porque no hay demanda adecuada en el mercado para este tipo de oferta de alojamiento, especialmente si buscamos una cierta calidad, aunque, indiscutiblemente, si son renovadas mucho mejor porque también encontrarán su segmento en el mercado de bajo poder adquisitivo y mejorarán el deterioro del entorno en que están situadas. Por tanto, no hay ciencia comercial capaz de vender lo que el mercado rechaza y no quiere comprar, aunque eso no quita que algunas veces el Patronato de Turismo grancanario, que tiene a su cargo la promoción de nuestra Isla, cometa fallos como el que denuncié con mis comentarios a este respecto publicados el día 18 de noviembre del pasado año en el periódico digital “El IndependienteDeCanarias.com” con el titular “UN NUEVO LOGOTIPO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA GRANCANARIA CON ASPIRACIONES AL GUINNESS” y en el diario también digital “La Voz de Gran Canaria” del día 23 del mismo mes y año con el mismo titular. Desde comienzos de la década de los noventa la demanda turística se decantó abiertamente por la cama hotelera de hoteles de tres estrella de alta calidad y de los de cuatro y cinco estrellas, especialmente los de cuatro estrellas.

Si aún alguien alberga alguna duda de lo reseñado en el párrafo anterior, a continuación transcribo literalmente las declaraciones del presidente de la Asociación de Agencias de Viajes alemanas agrupadas en la RTK, Thomas Bosl, que participó en la convención celebrado el noviembre del pasado año en Gran Canaria con la asistencia de 650 profesionales del turismo alemán, publicadas en el diario de papel “Canarias7” del día 21 de noviembre de 2006, en su página de “Economía”, y que dice lo siguiente: “Bosl explicó ayer en el recinto de Infecar, en la capital grancanaria, donde la asociación celebra su convención anual, que Canarias ha entendido que la clave para la recuperación del mercado alemán está en ofrecer al turista alemán “infraestruturas hoteleras de calidad””.¿Le queda a alguien alguna duda, después de leer el criterio del presidente de la RTK, de qué es lo que pide el mercado turístico y de cual es el camino a seguir? Si aún la tiene alguien, y su actividad está ligada a importantes decisiones institucionales en Gran Canaria en el campo turístico o ámbitos de los que el turismo depende, debería, por el bien de nuestra Isla, renunciar a su puesto y dejar paso a algún otro u otros que sepan de lo que va la cosa, sobre todo de lo que pide el mercado.

Así las cosas, resulta más que sorprendente que la comisión de turismo de nuestro Parlamento responsable de dar luz verde, o roja, a la petición del Gobierno de prorrogar la Ley de la Moratoria celebrada en la fecha antes mencionada se decantara por la luz verde al Gobierno para editar la prorrogación de la Moratoria turística, auque, por otro lado, y a pesar del voto en contra de la representación del PP -esta vez no entró en la dinámica del suicidio colectivo que escenificó nuestro Parlamento con la aprobación de dicha Ley en abril de 2003, acto suicida que sólo pudo tener una explicación, en lo que al PP se refiere: contentar a los cuantos peperos tinerfeños rebotados de ATI que, indiscutiblemente, ‘barrieron’ para los intereses de su isla- se impuso en esta reunión de la Comisión de Turismo del Parlamento del pasado día 18 de enero el criterio de la mayoría que la ostentó CC y PSC, emulando este último partido, en lo que a los socialistas grancanarios se refiere, la ‘gesta’ del PP en 2003 porque, también influidos por los criterios socialistas de sus militantes elitistas de Tenerife que, sin la menor de las dudas, también ‘barren’, ¡cómo no!, para su isla ante todo, arrastró al PSC grancanario, -aún anclado en los conceptos trasnochados del intervencionismo y dirigismo de la economía con toda la carga negativa que ello implica en la evolución de una economía de libre mercado como se supone es la nuestra-, a su aprobación con todo lo que ello significa en la consagración de Tenerife del liderazgo económico de Canarias contra Gran Canaria, como Lorenzo Olarte denuncia y ya casi todo el mundo sabe. La Ley de Directrices o Moratoria turística ha sido y sigue siendo la panacea para los intereses tinerfeños, especialmente de ASHOTE, pues les garantiza la hegemonía y liderazgo turístico ‘sine die’, y también posiblemente político, de nuestro Archipiélago.

Por tanto, como los números no engañan ni entienden de palabrería hueca, podemos constatar que cuando entró en vigor la Moratoria Turística en abril de 2003 el número de parados en Canarias era de 92.000 y terminada la vigencia de la Ley en abril del 2006 ese número de parados era de 130.000. En lo que a la situación de parados en las dos islas capitalinas se refiere, al día de hoy el paro en Gran Canaria es del 12% de su población activa y en Tenerife del 10,8%. A escala nacional Canarias incrementa su número de parados en 12.000 mientras que baja en el resto de España. (Datos publicados en portada por el diario de papel “La Gaceta de Canarias del día 27 del actual mes de enero). Esta situación de incremento del paro la habría vaticinado cualquier economista porque no podía ocurrir otra cosa cuando un Parlamento congela por medio de una ley el crecimiento del 80% de su actividad económica que es lo que representa el área turística para Canarias, algo insólito dentro de la libertad de mercado del mundo Occidental al que pertenecemos.¿Qué más necesitan saber los políticos del PSC grancanario para valorar hasta qué punto deben seguir plegándose a los elitistas tinerfeños que hoy al igual que ayer y al igual que mañana antepondrán antes los intereses de su isla a las ideologías de partido? Tenerife tiene una oferta de camas hoteleras numerosísima y de calidad y hará lo imposible para que el crecimiento de ese tipo de cama en otras islas sea bloqueado por los medios que sean precisos y tienen a su incondicional ATI que está más que demostrado que sabe hacer muy bien sus deberes en beneficio de su isla, y, por si fuera poco, cuando de defender a Tenerife se trata, todos los partidos, ideologías aparte, están hechos una piña para defender a su isla hasta donde haga falta, porque, de lo contrario, ¿cómo se explicaría que haya superado a Gran Canaria en la recepción de turistas en 2.144.288 en el año pasado cuando hace menos de una década estaba casi a la par con Gran Canaria e, incluso, superando nuestra Isla a Tenerife? Tal vez nuestros políticos en Gran Canaria deberían emular a sus homólogos de Tenerife pues no es malo copiar si lo que se copia es bueno para nuestra Isla.
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Las Palmas de Gran Canaria, 30 de enero de 2007.

Daniel Garzón Luna
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REZANDO (PINTURA DE VAN GOGH

REZANDO

¡FELICES FIESTAS A TODOS MIS LECTORES Y AMIGOS!

LA ANULACIÓN POR LA JUSTICIA DE LA MORATORIA TURÍSTICA DE LANZAROTE

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y XXXV)

LA ANULACION POR LA JUSTICIA DE LA MORATORIA TURISTICA DE LANZAROTE
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Una vez más, y van.........., los jueces enmiendan la plana a políticos que campan por sus respetos y hacen caso omiso de la Ley, precisamente esa Ley que ellos, como legisladores, han diseñado y aprobado en Parlamentos como regla inviolable e incuestionable de la convivencia ciudadana. En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC), comunicada a las partes implicadas (Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Yaiza) el 13 de noviembre, el Alto Tribunal canario falla en contra del Cabildo lanzaroteño y anula la moratoria turística impuesta en Lanzarote por el Decreto cabildicio 95/2000. ¿Piedra de toque que fundamenta el fallo? La ausencia de previsiones económicas compensatorias para los ciudadanos afectados por la moratoria y perseguida desclasificación de numerosos planes parciales debidamente aprobados por nuestras instituciones, incluidos el Cabildo lanzaroteño y el Gobierno canario. La ausencia de esas previsiones compensatorias son un claro exponente de que la intencionalidad de los políticos implicados en ese tipo de decisiones es la de sustraer a los ciudadanos afectados, a costo cero para la Administración, unos derechos legítimos adquiridos siguiendo las exigencias de la Ley del Suelo y cumpliendo con todos los trámites burocráticos que son preciso seguir hasta obtener la definitiva aprobación de un Plan Parcial por la COTMAC y el Gobierno de Canarias, después de haber sido previamente aprobado en plenos de los Ayuntamientos y Cabildos correspondientes. Todo este trámite burocrático, que va acompañado de un gasto ingente de dineros, suele tardar de cinco años hacia arriba.

Por tanto, esta sentencia viene a demostrar, una vez más, que la inseguridad jurídica para cualquier tipo de inversor en el tema urbanístico en nuestro Archipiélago es de tal calibre que, no importe el cumplimiento estricto de la Ley del Suelo y toda la parafernalia de normativas y reglamentos que hay en vigor en Canarias, corre el riesgo de que su inversión se le vaya por el sumidero de las decisiones políticas del momento, que al margen de lo establecido en la Ley, y por puro oportunismo político, y no pocas veces por intereses personales o proteccionistas -caso de la Ley de Directrices o Moratoria al crecimiento turístico en Canarias impulsado por ATI en descarado proteccionismo de los intereses de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Extrahoteleros de Tenerife (ASHOTEL)- dan al traste con su inversión y expectativas de negocio, decisiones que, aparte de ir en numerosísimos casos en contra de lo que la misma institución ha aprobado en etapas anteriores -caso éste del Cabildo de Lanzarote - incumplen o aplican las leyes de forma torticera vía decreto e ignorando los mecanismos legales que la Ley del Suelo ya contempla para la anulación de un Plan Parcial por incumplimientos -especialmente incumplimiento en el estricto desarrollo del Plan de Etapas, por ejemplo-, en cuyos procedimientos administrativos de anulación la Ley contempla el incuestionable derecho del afectado a defenderse vía alegaciones. Este sistema establecido de forma generalizada de anular Planes Parciales de forma arbitraria vía decreto, pretendidamente a coste cero para la Administración, “y si no está de acuerdo que vaya a los tribunales”, ha dado lugar a las numerosísimas sentencias de los tribunales contra la Administración en contenciosos urbanísticos.

Con relación a esta sentencia del Alto Tribunal canario, el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo lanzaroteño, Carlos Espino, además de anunciar que el Cabildo recurrirá la sentencia al Supremo de Madrid -¡cómo no, si paga el contribuyente y, además, se fastidia así dos o tres años más a los ciudadanos damnificados por la moratoria lanzaroteña!-, “considera que deberían pedirse responsabilidades” [La Provincia/Diario de Las Palmas de fecha 17 de noviembre, página 18], refiriéndose a Política Territorial del Gobierno de Canarias que, según él, manifestó que “debe suprimirse toda previsión indemnizatoria a cargo del Gobierno de Canarias” [La Provincia/Diario de Las Palmas de fecha 15 de noviembre, página 19]. No le falta razón al señor Espino cuando reclama responsabilidades a Política Territorial del Gobierno canario por parte de su Cabildo pero olvida que igualmente, y con muchísima más razón que el Cabildo de Lanzarote, están en la situación de pedir responsabilidades, tanto pecuniarias como penales en los casos de manifiesta prevaricación a la vista de sentencias del Supremo, los damnificados por decisiones tomadas por puro populismo electorero o por funcionarios que se erigen en centinelas patrios y creen que su cometido consiste en sustraer o expropiar derechos al ciudadano al coste cero, olvidando que la Administración somos todos y que la inmensa mayoría de los ciudadanos no está por la labor de que se atropellen derechos de ciudadanos que, en casi todos los casos, han sido adquiridos después de muchos años de trámites administrativos y cuantiosos gastos dinerarios.

Sí, no hay duda que lleva razón el señor Espino en lo que a pedir responsabilidades se refiere, pero no sólo en este caso sino en la multitud de casos parecidos que pueblan actuaciones políticas y de algunos funcionarios de nuestra Administración. Algún día los ciudadanos tendrán que poner pies en pared y exigir voz en grito la constitución de una Fiscalía totalmente independiente del poder político, con órgano rector elegido por su propio colectivo, que, además de convertirse en gendarmería manos limpias contra la corrupción política y no política, actúe también de oficio contra los inductores de daños económicos a la ciudadanía desde la prepotencia de posiciones de poder, político o funcionarial, a sabiendas de que lo hacen, corresponsabilizándolos con la Administración por los perjuicios económicos originados al ciudadano, además de la correspondiente denuncia por la vía criminal de haber atisbos de prevaricación en las sentencias del Alto Tribunal. Sólo por esa vía se podrá sacar a nuestra democracia del páramo de corrupción e impunidad de actuaciones arbitrarias políticas en que se encuentra inmersa y el ciudadano recobraría la confianza, hoy tan maltrecha, en ella, sus instituciones y sus políticos.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de noviembre de 2006.

Daniel Garzón Luna

(Mismo artículo con ilustración gráfica en mi pagina WEB de Google: http://danielgarzonluna.blogspot.com

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