AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR Y A NARDY BARRIOS LO QUE SE HA GANADO

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GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y LXXIV -74-)

AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR Y A NARDY BARRIOS LO QUE SE HA GANADO
Cuando Jerónimo Saavedra se hizo cargo del bastón de mando de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a mediados de 2007, en la tercera decena del mes de junio del citado año le dirigí un escrito pidiéndole que completara la magnífica obra de remozamiento del corazón de la ciudad que había efectuado su antecesora en el cargo, Josefa Luzardo, dándole el ineludible toque humano mediante la dotación de bancos que son los que tienen, dentro del mobiliario urbano, la incidencia más directa y personal en el viandante, especialmente el viejo y la madre cargada de indomables chiquillos, dando así cumplimiento al “PRIMERO LAS PERSONAS” de su campaña electoral. Mi petición al flamante alcalde fue contestada por quien don Jerónimo había encargado el cometido de los asuntos ciudadanos de esta índole, entre otros no de menos importancia, es decir, a la persona dirigente de su socio político “COMPROMISO”, la señora Nardy Barrios, por tanto, fue la señora Barrios quien contestó a mi petición, diciéndome que “estaban en ello”.
Bien, han pasado dos años largos y hoy podemos decir que es una realidad el que casi todo el corazón de la ciudad disponga de bancos donde el ciudadano pueda tomarse un respiro, tanto si es en el transcurso de un paseo cotidiano como si se trata de hacer un receso para definir hacia dónde orientar los pasos. Incluso podemos ya sentirnos aliviados al ver que a Lolita Pluma, además de perpetuarla por medio de una estatua bien acompañada por amigos del hombre, aunque sean gatos y no perros, se le ha vuelto a colocar bancos en su entorno para que la gente, propios y extraños, se paren, se sienten, la miren, recapaciten y se interesen un poco por quien fue Lolita Pluma y el porqué del monumento. No olvidemos que Lolita fue dejada ‘huérfana’ de bancos y quienquiera que ‘matara al mensajero’ quitándoselos en su día, pues siempre estuvieron allí antes de colocar la estatua, no fue muy afortunado precisamente, especialmente si se hizo con la intención de negar al desheredado de la calle incluso una dura piedra donde echarse una cabezadita. De todas maneras, lo pasado ya se fue, pasado está y la realidad es que ahora el Parque vuelve a tener bancos que, sin duda, le han devuelto parte del sello humano que perdió cuando hicieron la ‘redada’ y lo dejaron ‘desértico’. Ahora sólo necesita una cuba de agua con asiduidad que lo mantenga limpio, especialmente los puntos donde algún que otro indigente encuentra su único ‘hogar’ sobre nuestro opulento mundo ya que, si es eso todo lo que les queda, corresponde respetárselo pues no tiene mucho sentido que les hagamos monumentos después de muertos -caso Lolita Pluma- y seamos tacaños en proporcionarles un mínimo de higiene a sus ‘habitáculos’, no precisamente para endulzarle la vista a propios y extraños por la penosa imagen que dan esos puntos del Parque sino también para dar algo de limpieza digna al desafortunado, porque, en contra de lo que no pocos opinan, su ‘bienestar’ no pasa precisamente por recluirlo en contra de su voluntad.

Continuando con el asunto ‘bancario’, es lógico que nunca llueva a gusto de todos, así es que no podían faltar quienes critiquen que los bancos son blancos, negros o ‘coloraos’ porque lo importante es “al enemigo político ni agua” e incordiar, tanto si se hacen las cosas como si no se hacen; por consiguiente, y dado que hasta el siglo XXI no hemos dotado a la ciudad de suficientes bancos para relax de la ciudadanía, a título de comentario, quiero decirle a quien o quienes -porque siempre resultan ser un puñado los que gritan- que si critican la instalación de un banco, tanto si es de piedra, madera, hierro fundido, cobre o plata es porque nunca han sentido la necesidad de un respiro en la caminata a través del asfalto, caso de los mayores, el éxtasis de contemplar el paso de una gaviota cuando se retira buscando su rincón nocturno, la mirada de la madre que, desde su banco, contempla como su criatura va creciendo y creciendo día a día, esa maravillosa sensación que debe sentir una madre viendo progresar a su retoño o, ¿cómo no? -casi se me olvidaba, lo que hacen los años- esa pareja de enamorados de 14 años, de 20, de 22 [salto hacia los sesenta porque entremedio hay más ambición que romanticismo], de 60, de 70 y más años, que encuentran en el banco ese sitio y momento que se contabilizan como los ratos felices -también infelices, por supuesto, en no pocos casos- de nuestra vida.
Como testimonio de lo que acabo de escribir, ahí tenemos la calle Mayor de Triana en la que podemos notar la enorme diferencia que existe entre el hoy y el ayer, de hace sólo unos cuantos años, en confluencia, hoy mucho mayor, de la ciudadanía entre la que se encuentra el viejo, el menos viejo, el joven y el adolescente, sin faltar los pequeños. Creo que no es excesivo el afirmar que esta calle ha pasado a ser la calle de antaño de nuestros abuelos como punto de encuentro de nuestra ciudad donde de forma habitual y cotidiana confluyen las tres generaciones de sus habitantes. ¿Y cuál ha sido la causa de esa enorme diferencia entre el ayer y el hoy? Bancos, simplemente bancos; sólo el haber multiplicado por tres los asientos en bancos para el disfrute de la ciudadanía ha conllevado a que ahora podemos ver en esa calle la enorme cantidad de personas de todas las edades que pasean o están sentadas disfrutando de su agradable ambiente que, a consecuencia de demasiadas zarandajas y de obcecaciones en cosas accesorias, había perdido parte de su significado histórico porque se obvió lo básico: centrarse en lo que necesita el ciudadano para sentirse cómodo y a gusto en su ciudad y eso no es ni más ni menos que sea no sólo ornamental sino además, y sobre todo, humanizada. Eso se ha conseguido en esta calle con la reciente instalación de gran número de bancos, sin más, y no precisamente debido al costoso cambio del pavimento o los raíles de “La Pepa”.
En definitiva: el banco no es un trasto más en medio de la vía pública sino un ornamento imprescindible para que el ciudadano sienta ganas y necesidad de salir de su ‘agujero’ y disfrutar de su ciudad.
Limitándome al corazón de la ciudad porque no me es posible profundizar en sus numerosos barrios, puedo decir y lo digo: el COMPROMISO con el que se ligó la señora Barrios con el firmante de este escrito hace ahora algo más de dos años está cumplido. Ahora sólo hace falta ‘hincarle el diente’ a la Avenida, cosa que, como quiera que no es del mismo calado que la devolución de la Base Naval a la ciudad por parte del Estado, no creo que Costas, o la Autoridad Portuaria [no sé cuál de los dos entes es el competente o el incompetente en este caso] dejen ‘comer’ si ellos no están por la labor de hacerlo y autoricen al Ayuntamiento para que pueda ocuparse de la instalación de bancos y jardineras en el paseo. Si el asunto es competencia de Costas se supone que también es parte del Reino y no es un ente galáctico. Si se trata que la jurisdicción es de la Autoridad Portuaria, no estaría de más que dejen hacer a otros lo que ellos llevan ya demasiados años sin hacer y es simplemente dotar de bancos y jardineras a nuestro magnífico balcón al mar.
Ahora sólo tres palabras a Nardy Barrios: ‘CHAPÓ’, SEÑORA, GRACIAS.
Mismo artículo con información gráfica en mi página web: http://danielgarzonluna.blogspot.com/
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de febrero de 2010.
Daniel Garzón Luna

A CUENTO DE LA OPNIÓN DEL ALCALDE SAAVEDRA SOBRE EL INTERVENCIONISMO SOBRE EL SUELO

A CUENTO DE LA OPINIÓN DEL ALCALDE SAAVEDRA SOBRE

EL INTERVENCIONISMO SOBRE EL SUELO

A CUENTO DE LA OPINIÓN DEL ALCALDE SAAVEDRA SOBRE EL INTERVENCIONISMO SOBRE EL SUELO
El pasado domingo, 24 de enero, el Canarias7 publicó unos comentarios del alcalde Gerónimo Saavedra sobre los efectos perniciosos que el intervencionismo de los sucesivos gobiernos canarios sobre el desarrollo del suelo ha producido en la economía de Gran Canaria y, por consiguiente, en el bienestar de su ciudadanía de la cual unas 80.000 personas se encuentran ya censadas en las listas del paro. El señor Saavedra dijo, entre otras cosas, lo siguiente:
“Aquí todo el mundo ha querido hacer su pequeña ley, su pequeña moratoria, sus medidas urgentes….Hemos hecho una red que espanta al que viene a invertir en Canarias hoy, sea en industria, sea en turismo, sea en nuevas energías. Es terrorífico. O aprovechamos la crisis para ponernos de acuerdo todas las administraciones, o Canarias va a tener un futuro bastante complicado. Apelo al sentido común porque no se puede seguir con que el cabildo tenga que hacer 14 planes insulares y que los ayuntamientos tengamos que esperar para dar una licencia a que el cabildo haya concluido el plan correspondiente, eso no es una administración moderna, para eso no queríamos la autonomía, queríamos un autogobierno eficaz para los ciudadanos”.
Ahí queda eso; más claro agua. No creo que a alguien se le ocurra pedirlo más menudo para cachimba. Aquí tenemos el criterio de un político del PSOE, que no es un empresario precisamente aunque sí tiene a sus espaldas lo que exige la gestión de una ciudad como Las Palmas de G.C., que no es peccata minuta precisamente, que, en contra de lo que postula y practica casi la totalidad de la masa gris de su partido, llama las cosas por su nombre y dice con claridad meridiana que Gran Canaria está inmersa y acogotada por una burocracia impuesta por el intervencionismo del Gobierno canario, amplificada, irresponsablemente, por el Cabildo de la Isla que tiene totalmente bloqueado todo posible desarrollo y, por tanto, su crecimiento económico, la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo. ¿Que la crisis económica de Occidente tiene su influencia negativa sobre nuestro crecimiento económico? Claro que sí, sin la menor de las dudas pero los efectos de esta crisis han sobrevenido a la crisis que nosotros ya nos habíamos montado aquí alegremente de la mano de políticos ‘expertos’ en mercados turísticos, economía, diplomados en ‘tiralíneas’ a mano alzada sobre la propiedad privada y ‘protección’ del suelo ajeno que, con una alegría que roza lo irracional, han ‘empapelado’ la Isla en las dos últimas décadas de tal manera que ya es prácticamente imposible el programar en tiempo y forma la más mínima inversión en Gran Canaria si ello tiene algo que ver con licencias administrativas que, por pura lógica, es un requisito casi generalizado.
En contra de lo que algunos quieren hacernos creer, esta situación de páramo y desánimo no la ha traído la crisis internacional; es una crisis de nuestra propia cosecha. Lo que sí ha traído la crisis económica internacional es el magnífico ‘alibí’ que políticos y altos funcionarios que han tenido que ver con la congelación de nuestro crecimiento económico desde hace dos décadas han encontrado en dicha crisis para justificar sus respectivos fracasos en planificar de forma racional y coherente el desarrollo económico de la Isla que no es precisamente el intervencionismo y dictado al mundo empresarial de lo que tiene que hacer y cuando lo tiene que hacer, pues esta política es la que nos ha llevado a la deplorable situación de regresión y estancamiento de la actividad económica que reina en Gran Canaria y la pérdida de liderazgo en los mercados de turismo de invierno que ya es imposible recuperar. Leyes como la de Medidas Urgentes que condiciona -por citar un ejemplo del contenido de la Ley- a que un hotel de nuevo corte tenga que ser hotel-escuela, de una categoría superior a las cinco estrellas --[se suscita la pregunta: ¿Quién se ocupa de crear el entorno en consonancia con esa categoría? ¿También el inversor?]-, el diez por ciento de las camas para estudiantes, a construir en un tiempo predeterminado de tres años y un etc. etc. suplementario son condicionantes que demuestran hasta qué punto nuestros legisladores han perdido el Norte, piensan que Canarias es el ombligo del mundo y han perdido toda realidad del mundo en el que nos movemos y nos rodea en el que, hoy por hoy, lo básico, lo fundamental, lo apremiante, lo más importante en definitiva es crear puestos de trabajo.
Por tanto, lo que Saavedra ha dicho es lo que más de uno de nuestros dirigentes sabe y opina pero el ir contra-corriente no es ‘saludable’ para mantener la poltrona, por lo que callan y otorgan como quedó demostrado cuando en el mes de abril de 2003 nuestro Parlamento se hizo el haraquiri aprobando por unanimidad la fatídica Ley de Directrices o Moratoria turística, un verdadero suicidio económico y turístico que, para más inri, fue reemplazada en mayo del 2009 por el adefesio de la Ley de Medidas Urgentes, más de lo mismo o aún peor pero con el agravante de haber sido aprobada en plena crisis económica internacional, momento y situación más que excepcional para que nuestro Gobierno y Parlamento se hubiesen estado ‘quietos’ en materia legislativa sobre el suelo con bloqueo continuado del desarrollo turístico y dejar al mercado la posibilidad de coger oxígeno y de reajustarse por sí mismo. En este caso esta ley no fue aprobada por unanimidad ya que las izquierdas ‘progres’ de siempre, especialmente el PSOE canario, no se montaron al ‘carro’ en la aprobación de esta prolongación del intervencionismo del Gobierno en el desarrollo económico, no porque vieran la ley demasiado restrictiva para alentar la inversión en un momento de crisis profunda sino porque querían más intervencionismo todavía, más dificultades para actuar sobre la única fuente sobre la que se puede generar riqueza en Canarias en la actualidad: EL SUELO. Resulta difícil de comprender que partidos de izquierdas, especialmente el que ostenta la “O” de “Obrero” en sus siglas, se distancien tanto del objetivo básico que debería ser el bienestar de la clase trabajadora, especialmente, que pasa, ineludiblemente, por un puesto de trabajo. Eso no se consigue más que con un crecimiento económico continuado que sólo es posible si se dan las condiciones positivas de confianza y seguridad jurídica para que el que tiene dinero lo exponga e invierta, condiciones que, hoy por hoy, y desde hace muchos años, no se dan en Gran Canaria.
Sí, no hay la menor duda que Saavedra sabe lo que dice, no solamente porque es viejo sino porque es Saavedra y, además de ser socialista, tiene conceptos realistas sobre la dramática situación de penuria en que se encuentra casi el 50% de la población grancanaria porque no olvidemos que cada uno de los 80.000 parados de los ciudadanos grancanarios en las listas del paro tiene detrás de sí un mínimode dos personas más, , por término medio, y, sobre todo, porque es muy consciente que el inmovilismo que postulan y ejercitan casi todos los partidos políticos canarios, también su partido socialista, el PSC, está a años luz del concepto de desarrollo continuado y progreso que exige cualquier sociedad sobre el planeta para generar empleo, especialmente en los días que corren que sólo facilitando la iniciativa privada y, como él acentúa en sus declaraciones, removiendo burocracia se podrá remontar la situación de desconcierto que reina en el mundo empresarial grancanario en la actualidad y se comience a generar riqueza. Es imposible tomar en serio partidos políticos que postulan y practican un intervencionismo fundamentalista adobado con un inmovilismo irracional cuando están en puestos decisorios y, por otro lado, se colocan la etiqueta de progresistas y se les llena la boca de palabras huecas, sumergiéndose en megaproyectos que nada tienen que ver con la realidad que es, hoy por hoy, dar de comer al hambriento, que no son pocos precisamente. Se supone que progresismo viene de progreso y que progreso es caminar hacia adelante, exactamente lo que ha hecho la humanidad desde que tiene dotes racionales y precisamente por eso hoy podemos jactarnos de saber leer y escribir, aunque no pocos en el ‘machito’ demuestran con sus actuaciones que de leer poquísimo, a juzgar por lo poco que parecen saber de lo que está pasando ‘ahí fuera’
Quiero concluir apostillando que Gran Canaria necesita políticos valientes de la talla de Saavedra que la vuelvan a encarrilar por la senda del crecimiento económico; las banderas políticas en las que militen esos políticos no tiene la más mínima importancia si en ellos anida la determinación de apoyar toda decisión política que sea beneficiosa para Gran Canaria. El zancadillear debe ser erradicado en las decisiones que afecten el resurgimiento económico de nuestra isla. Lo de “al enemigo ni agua” sigue siendo válido en política pero si con ello se deja a Gran Canaria ‘seca’ no será válido bajo ningún concepto. Tomen buena nota de ello los que practican la política de “tierra quemada” sin recapacitar que la tierra que se está quedando yerma es la de Gran Canaria y nadie, absolutamente nadie por muchos votos que tenga en su haber conferidos por las urnas, tiene derecho a condenar ‘sine díe’ a Gran Canaria a la postración en que se encuentra actualmente.
Mismo comentario con información gráfica en mi página web: http://danielgarzonluna.blogspot.com/
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de enero de 2010.
Daniel Garzón Luna

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y LXXII -72-)

LA SENTENCIA DEL SUPREMO QUE ANULA LA MORATORIA DE LANZAROTE

ES DIGNA DE COMENTARIO

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LA SENTENCIA DEL SUPREMO QUE ANULA LA MORATORIA DE LANZAROTE ES DIGNA DE COMENTARIO

El día 17 del pasado mes de diciembre la prensa local de papel y digital informó sobre la sentencia del Tribunal Supremo que anula definitivamente la Moratoria turística de la Isla de Lanzarote, impuesta por el Gobierno de Canarias vía Decreto 95/2000, ratificando así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ( el TSJC) de noviembre de 2006 que anuló la mentada Moratoria en base, esencialmente, a que este documento, el Decreto-Moratoria, no contemplaba presupuesto para indemnizar a los posibles propietarios de suelo damnificados por la desclasificación urbanística de sus propiedades, en los casos que así resultase según las previsiones al efecto contenidas en el mentado Decreto.
La confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia del TSJC de 2006 pone de manifiesto -y es digno de análisis, entre otras cosas, por el perjuicio económico que ha originado a Lanzarote desde el año 2000 en que se dictó el Decreto de moratoria hasta su anulación definitiva por la sentencia del Supremo del pasado diciembre- que el recurso al Tribunal Supremo debe estar limitado, en lo que a contenciosos contra la Administración se refiere, únicamente a la ciudadanía cuando sentencia del TSJC le fuese desfavorable y sus intereses, situación económica y asesoramiento jurídico le aconsejase tal recurso. En ningún caso debería tener la Administración la potestad de recurrir al Supremo sentencias dictadas por el alto Tribunal canario - decisión a tomar por la Administración canaria de ‘motu proprio’, por la a falta de imposición legal, en aras del bien común - por la sencilla razón que se utiliza la desproporción de medios de que dispone la Administración para ahogar económicamente al ciudadano de escasos recursos y dilata en años desarrollos económicos de ámbitos insulares con la consiguiente influencia negativa en la vida económica de las Islas y, especialmente, en su crecimiento económico que tantísima influencia tiene en la generación de puestos de trabajo y riqueza. Además, implica un derroche de dinero público en gastos jurídicos de tal magnitud que sólo ahorrando este capítulo se podría financiar la creación de casi todas las camas pendientes de crear para atender la exigencia de camas hospitalarias para discapacitados, mentales y físicos, que figuran en el censo de Canarias a la espera de acogida hospitalaria, y todo ello sólo por seguir la senda que marcó la fenecida Dictadura, de la que no pocos copian y aplican conductas más allá de lo deseable, consistente en la normativa que la Administración tiene que recurrir, por sistema, todas las sentencias desfavorables, tanto si se tiene la convicción de que no hay posibilidad alguna de ganarlas en el Supremo como si se alberga la duda al respecto.
Este disparatado proceder ha llevado a la economía de las Islas, que se fundamenta en un 75%, aproximadamente, de actuaciones sobre el suelo, a que un 70% de la posible actividad de crecimiento económico de Gran Canaria -Isla especialmente castigada por este ‘fenómeno’- en ámbitos susceptibles de desarrollo se encuentre en procesos judiciales, y, por tanto, congelado durante años en los juzgados de lo contencioso, con todo lo que ello significa de freno para el desarrollo de nuestra economía. ¿Responsables de esta situación de bloqueo y congelación de nuestro crecimiento económico en Gran Canaria? A la vista de las sucesivas sentencias que van saliendo del TSJC y del Supremo, podemos aseverar que están siendo, en su inmensa mayoría, decisiones políticas de corte intervencionista y populista orientadas a dar satisfacción a un electorado que no puede estar, por la complejidad del tema urbanístico, al tanto de lo que la demagogia ‘progresista’ del anti-cemento, anti-ladrillo y crecimiento económico cero puede significar para su puesto de trabajo o medio de vida y corea con entusiasmo la consigna populista de protección del medio ambiente sin el conocimiento preciso sobre planificación económica para poder valorar hasta qué punto le es beneficiosa o lesiva semejante política, llevada por sistema al fundamentalismo, para sí mismo y para Gran Canaria.
A todo esto, cabe preguntarse: ¿y ‘quién’ es ‘la Administración’ que dispone tan alegremente del erario público alargando pleitos que se estiman perdidos de antemano con todo lo que ello significa de gastos de asistencia jurídica y pago de intereses en no pocos casos, además del bloqueo del crecimiento económico del ámbito de la Isla afectado por esos pleitos? Podemos aseverar, a juzgar por las actuaciones de la llamada Administración ante los ciudadanos, que se trata de una ‘Administración’ que da por sentado que el ciudadano que presenta pleito no tiene la categoría de ciudadano corriente y moliente sino la de ‘enemigo’, un ‘contestatario’ al que hay que acogotar y abatir con todos los medios públicos disponibles, lo que viene a demostrar el disparate mental que pulula en mentes que llevan ‘cotarro’ en la llamada ‘Administración’; es decir, si el bien común aconseja que una carretera, por citar un ejemplo, debe atravesar el suelo propiedad de un ciudadano o empresa porque así lo exige la planificación vial en beneficio de la comunidad, es lógico que dicho suelo sea expropiado por el Departamento responsable de viales de la Administración, procedimiento en el que debe predominar, dado el beneficio o bienestar que significa para la comunidad, la equidad y la negociación del valor del suelo expropiado, además del añadido del daño económico que se origina al valor de la finca por la pérdida del posible mercado a causa del troceado que pueda exigir la planificación vial, de acuerdo con valoraciones reales de mercado en consonancia con su ubicación y perspectivas de negocio. Cuando la llamada Administración actúa con la debida equidad y justo proceder ninguna operación de adquisición de suelo para fines de bien común termina en los tribunales por la sencilla razón que nadie, absolutamente nadie gasta su dinero en pleitos innecesarios, y mucho menos contra una Administración de recursos ilimitados, por lo menos en lo que a pleitear contra el ciudadano se refiere.
Como quiera que se da la circunstancia que la Administración somos todos, aunque con excesiva frecuencia se le recuerda al ciudadano sólo para exigirle obligaciones, nadie con sentido honesto de ciudadanía puede ver con buenos ojos cómo prepotentes cargos de la Administración, tanto de la política como del funcionariado, utilizan de forma torticera los poderes que le han sido conferidos por la ciudadanía para sustraer derechos adquiridos y propiedades a ciudadanos en nombre del bien común, o ‘interés general’ según definición política, con la pretensión de un coste cero para el erario público, celo fuera de la razón y lo justo que nadie les exige en el cumplimiento de sus funciones, obviando que los ‘contestatarios’ son también ciudadanos que cumplen con sus obligaciones cívicas y que si el bien común requiere que su propiedad sea utilizada para tal fin, de acuerdo con lo estipulado en la Ley del Suelo, es lógico que se utilice previo justo resarcimiento económico por ello. Nadie en su sano juicio, y no imbuido de ideas totalitarias marxistas, aprueba que se le sustraiga a un ciudadano su propiedad por parte de la Administración con la pretensión de coste cero por la sencilla razón que todos somos parte de la tripulación del mismo barco y si hoy ‘la Administración’ le sustrae la propiedad vía expropiación al vecino en aras de una supuesta actuación de bien común sin pago de un justiprecio, ya puede ir poniendo sus barbas en remojo porque el próximo ‘crucificado’ en aras del bien común puede ser él mismo. Este concepto de Robín de los Bosques, en lo que al tema del suelo especialmente se refiere, solo anida en mentes populistas que siembran un concepto falso de justicia e ‘interés general’ en las mentes por labrar de una inmensa parte de la ciudadanía, desgraciadamente demasiado inmensa. El quitar al que tiene para dar al que no tiene no es el camino para nada porque quitar es siempre sustraer algo a alguien y está debidamente tipificado en el código penal como delito; consecuentemente, tanto si se expropia con la justificación de que el trazado de un vial, u otro destino de bien general, así lo exige, o bien porque los cerebros pensantes de dirigentes estimen que el suelo ajeno debe ser expropiado y protegido para que pueda ser contemplado por la ciudadanía en los días de fiestas de guardar, debe ir acompañado de la imprescindible disposición dineraria para pagar al propietario del suelo el valor justo de la propiedad expropiada de forma que no se caiga en la repetitiva actuación de expropiar al precio irrisorio que marcan los tasadores de la Administración, siempre barriendo para dentro, y mucho menos en el expropiar sin pagar un duro, cosa que suena y recuerda a la historia de guerra de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria, muy ligada a la Dictadura, por cierto. En lo que a expropiaciones se refiere, la frase lapidaria de “si no estás conforme con lo que te damos, ahí están los tribunales” ha sido escuchada con excesiva frecuencia por la ciudadanía afectada por procesos expropiatorios.
Con este cotidiano proceder por parte de ‘la Administración’, los juzgados de lo contencioso están abarrotados de demandas contra la Administración que tienen su origen en decisiones de cargos públicos tomadas en gran número de casos muy a sabiendas de que son injustas y con casi nulas posibilidades de ser respaldadas por los tribunales, cargos público que también saben que nadie les hará corresponsables en el pago, en su caso, de las indemnizaciones que el erario público tenga que pagar por sentencias adversas, cuando éstas se produzcan, que tengan su origen en decisiones erróneas o inducidas por posicionamientos de prepotencia o conceptos políticos. El día que se instaure en Canarias esa corresponsabilidad económica del actor cuya decisión motivó el procedimiento judicial contra la Administración, que culminó en sentencia condenatoria para ésta con pena indemnizatoria, y la Fiscalía tome de oficio cartas en las sentencias de los altos tribunales con indicios de comisión de delito en las decisiones juzgadas con sentencia firme, los juzgados de lo contencioso de Canarias podrían olvidarse de los contenciosos con origen en el suelo y dedicarse a otros menesteres de aplicación de la Justicia.
CONCLUSIÓN:
La sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre, que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de noviembre de 2006 anulando el Decreto-Moratoria del Gobierno de Canarias 95/2000 para la Isla de Lanzarote, es un exponente claro que el adquirir una propiedad ajena cuesta dinero, también para la Administración, y si su precio no está pactado con su propietario de antemano y se pretende obtenerla sin pagarla entra dentro de actuaciones autoritarias y prepotentes que bordean el abuso de autoridad. Lo mismo es aplicable, y esta sentencia lo demuestra, que no es lícito sustraer al propietario de un suelo los derechos adquiridos para su desarrollo, siempre que no haya incumplido con las exigencias de la Ley del Suelo, después de larguísimos años de trámites burocráticos y gasto dinerario, bien en base a ideologías políticas trasnochadas o a populismo demagógico y oportunista. Con la Administración, porque somos todos, hay que cumplir; la administración, por su parte, tiene que cumplir con la ciudadanía comenzando por hacer cumplir y respetar las leyes que ella misma promulga. Nadie ni nada está por encima de La Ley; tampoco la Administración.
Mismo comentario con información gráfica en mi página web:
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de enero de 2010.
Daniel Garzón Luna

LA ANULACIÓN POR EL SUPREMO DE LA MORATORIA TURÍSTICA DE LANZAROTE

LA ANULACION POR EL SUPREMO DE LA MORATORIA DE LANZAROTE

El 17 de diciembre del pasado año los diarios de papel de Las Palmas La Provincia/DLP y el Canarias7 publicaron con grandes titulares la sentencia del Tribunal Supremo anulando definitivamente la Moratoria turística de Lanzarote. Esta sentencia viene a ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de noviembre del 2006 que lo anuló en base, esencialmente, a que no contempló el presupuesto necesario para pagos a los damnificados por pérdida de derechos adquiridos en suelo debidamente ordenado urbanísticamente.
Al respecto de la sentencia del TSJC de noviembre del 2006 sobre la Moratoria lanzaroteña, publiqué un artículo en prensa digital y en mi página web el cual, por su rabiosa actualidad, lo reproduzco integramente a continuación.

"23 de noviembre de 2006. GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y XXXV)
LA ANULACION POR LA JUSTICIA DE LA MORATORIA TURISTICA DE LANZAROTE*Una vez más, y van.........., los jueces enmiendan la plana a políticos que campan por sus respetos y hacen caso omiso de la Ley, precisamente esa Ley que ellos, como legisladores, han diseñado y aprobado en Parlamentos como regla inviolable e incuestionable de la convivencia ciudadana. En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC), comunicada a las partes implicadas (Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Yaiza) el 13 de noviembre, el Alto Tribunal canario falla en contra del Cabildo lanzaroteño y anula la moratoria turística impuesta en Lanzarote por el Decreto cabildicio 95/2000. ¿Piedra de toque que fundamenta el fallo? La ausencia de previsiones económicas compensatorias para los ciudadanos afectados por la moratoria y perseguida desclasificación de numerosos planes parciales debidamente aprobados por nuestras instituciones, incluidos el Cabildo lanzaroteño y el Gobierno canario. La ausencia de esas previsiones compensatorias son un claro exponente de que la intencionalidad de los políticos implicados en ese tipo de decisiones es la de sustraer a los ciudadanos afectados, a costo cero para la Administración, unos derechos legítimos adquiridos siguiendo las exigencias de la Ley del Suelo y cumpliendo con todos los trámites burocráticos que son preciso seguir hasta obtener la definitiva aprobación de un Plan Parcial por la COTMAC y el Gobierno de Canarias, después de haber sido previamente aprobado en plenos de los Ayuntamientos y Cabildos correspondientes. Todo este trámite burocrático, que va acompañado de un gasto ingente de dineros, suele tardar de cinco años hacia arriba.Por tanto, esta sentencia viene a demostrar, una vez más, que la inseguridad jurídica para cualquier tipo de inversor en el tema urbanístico en nuestro Archipiélago es de tal calibre que, no importe el cumplimiento estricto de la Ley del Suelo y toda la parafernalia de normativas y reglamentos que hay en vigor en Canarias, corre el riesgo de que su inversión se le vaya por el sumidero de las decisiones políticas del momento, que al margen de lo establecido en la Ley, y por puro oportunismo político, y no pocas veces por intereses personales o proteccionistas -caso de la Ley de Directrices o Moratoria al crecimiento turístico en Canarias impulsado por ATI en descarado proteccionismo de los intereses de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Extrahoteleros de Tenerife (ASHOTEL)- dan al traste con su inversión y expectativas de negocio, decisiones que, aparte de ir en numerosísimos casos en contra de lo que la misma institución ha aprobado en etapas anteriores -caso éste del Cabildo de Lanzarote - incumplen o aplican las leyes de forma torticera vía decreto e ignorando los mecanismos legales que la Ley del Suelo ya contempla para la anulación de un Plan Parcial por incumplimientos -especialmente incumplimiento en el estricto desarrollo del Plan de Etapas, por ejemplo-, en cuyos procedimientos administrativos de anulación la Ley contempla el incuestionable derecho del afectado a defenderse vía alegaciones. Este sistema establecido de forma generalizada de anular Planes Parciales de forma arbitraria vía decreto, pretendidamente a coste cero para la Administración, “y si no está de acuerdo que vaya a los tribunales”, ha dado lugar a las numerosísimas sentencias de los tribunales contra la Administración en contenciosos urbanísticos.Con relación a esta sentencia del Alto Tribunal canario, el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo lanzaroteño, Carlos Espino, además de anunciar que el Cabildo recurrirá la sentencia al Supremo de Madrid -¡cómo no, si paga el contribuyente y, además, se fastidia así dos o tres años más a los ciudadanos damnificados por la moratoria lanzaroteña!-, “considera que deberían pedirse responsabilidades” [La Provincia/Diario de Las Palmas de fecha 17 de noviembre, página 18], refiriéndose a Política Territorial del Gobierno de Canarias que, según él, manifestó que “debe suprimirse toda previsión indemnizatoria a cargo del Gobierno de Canarias” [La Provincia/Diario de Las Palmas de fecha 15 de noviembre, página 19]. No le falta razón al señor Espino cuando reclama responsabilidades a Política Territorial del Gobierno canario por parte de su Cabildo pero olvida que igualmente, y con muchísima más razón que el Cabildo de Lanzarote, están en la situación de pedir responsabilidades, tanto pecuniarias como penales en los casos de manifiesta prevaricación a la vista de sentencias del Supremo, los damnificados por decisiones tomadas por puro populismo electorero o por funcionarios que se erigen en centinelas patrios y creen que su cometido consiste en sustraer o expropiar derechos al ciudadano al coste cero, olvidando que la Administración somos todos y que la inmensa mayoría de los ciudadanos no está por la labor de que se atropellen derechos de ciudadanos que, en casi todos los casos, han sido adquiridos después de muchos años de trámites administrativos y cuantiosos gastos dinerarios.Sí, no hay duda que lleva razón el señor Espino en lo que a pedir responsabilidades se refiere, pero no sólo en este caso sino en la multitud de casos parecidos que pueblan actuaciones políticas y de algunos funcionarios de nuestra Administración. Algún día los ciudadanos tendrán que poner pies en pared y exigir voz en grito la constitución de una Fiscalía totalmente independiente del poder político, con órgano rector elegido por su propio colectivo, que, además de convertirse en gendarmería manos limpias contra la corrupción política y no política, actúe también de oficio contra los inductores de daños económicos a la ciudadanía desde la prepotencia de posiciones de poder, político o funcionarial, a sabiendas de que lo hacen, corresponsabilizándolos con la Administración por los perjuicios económicos originados al ciudadano, además de la correspondiente denuncia por la vía criminal de haber atisbos de prevaricación en las sentencias del Alto Tribunal. Sólo por esa vía se podrá sacar a nuestra democracia del páramo de corrupción e impunidad de actuaciones arbitrarias políticas en que se encuentra inmersa y el ciudadano recobraría la confianza, hoy tan maltrecha, en ella, sus instituciones y sus políticos.Las Palmas de Gran Canaria, 21 de noviembre de 2006.Daniel Garzón Luna"

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de enero de 2010
Daniel Garzón Luna

FELIZ NAVIDAD A MI FAMILIA, MIS AMIGOS Y LECTORES

ZAPATERO Y MORATINOS FRENTE A LA SOBERANIA ESPAÑOLA DE GIBRALTAR Y SUS AGUAS

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ZAPATERO Y MORATINOS FRENTE A LA SOBERANIA ESPAÑOLA DE GIBRALTAR Y SUS AGUAS

Los incidentes que están teniendo lugar en las últimas semanas en las aguas españolas de Gibraltar con la Guardia Civil de la frontera en su cometido de salvaguardarla de la incursión de delincuentes con base en Gibraltar, y el ‘talante’ hacia la colonia, inusitado en trescientos años de colonia, mostrado por el presidente Zapatero, su Gobierno y, ¿cómo no citarlo?, el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, ha puesto en el candelero lo que fue metido en el baúl de los recuerdos por la Democracia desde su implantación: la recuperación de Gibraltar, una colonia mantenida en Europa en el suelo de uno de los miembros de la Comunidad Europea por otro miembro de la Comunidad. [Las veleidades del Gobierno de Aznar negociando una soberanía compartida del Peñón con los británicos fue un absoluto despropósito porque a cambio de poner bandera en el Peñón se renunciaba a lo básico, a lo fundamental, a la soberanía simple y llana que nunca dejó de ser española y, además, con la ‘zanahoria’ de las negociaciones nos metieron políticamente en la Guerra de Irak].

El españolito de a pie, que tiene otras preocupaciones para él más importantes que el ocuparse de profundizar en el asunto de Gibraltar pues para eso hay cargos políticos con abultados sueldos y prebendas que tienen la inexcusable obligación de hacerlo, puede que piense que el tema de Gibraltar es ajeno a la Democracia restaurada en España al terminar la Dictadura y que las reivindicaciones españolas sobre Gibraltar eran cosas del General Franco y los suyos, lo que podría llevarnos a la creencia que, en lo que se refiere a la reivindicación española del retorno de Gibraltar a España, Franco vivió trescientos años porque se da la circunstancia que hace ese tiempo que España exige la devolución del Peñón, y, en épocas como la del reinado de Carlos III, por ejemplo, con muchísima pólvora de por medio.

Por tanto, como quiera que se está poniendo en cuestión con exceso la soberanía española sobre todo el territorio de Gibraltar y sus aguas colindantes, llegándose al extremo de que el ministro Moratinos diga en público que España no renuncia a que le sea devuelta la soberanía sobre el Peñón, dispuesto también a compartir soberanía y otras incongruencias por el estilo, demostrando de esta manera, para sonrojo de la diplomacia española, que no tiene ni la más remota idea del contenido del Tratado de Utrecht en el que, por supuesto, no hay cesión de soberanía por ninguna parte, ha lugar a pensar que el señor Moratinos, con la aquiescencia del presidente Zapatero y el resto del Gobierno, puede meter a España en una negoción con Gran Bretaña y los llanitos sobre la soberanía del Peñón y las aguas que lo circundan sin el preceptivo respaldo del Parlamento español.

Dado que este planteamiento es algo que cualquier español que haya seguido con detenimiento los pasos dados por el Gobierno de Zapatero y su ministro Moratinos en los últimos meses sobre el asunto de Gibraltar, con la escenificación de su denigrante visita a la colonia el pasado mes de julio incluida, le es inevitable el albergar los temores de que cualquier día de estos nos desayunamos con la noticia de que el ministro Moratinos acaba de añadir un apéndice al Tratado de Utrecht dando, o compartiendo, la soberanía del Peñón y sus aguas a Gran Bretaña y los llanitos, y como quiera que esto puede convertirse en una realidad de un día para otro, llamo la atención, con el derecho que me confiere el ser español y el haber hecho la mili como mandaban los cánones, al señor presidente Zapatero, al señor ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y al resto del Gobierno sobre lo siguiente:

1º La soberanía sobre Gibraltar la ostenta España puesto que nunca la cedió y nunca renunció a ella. ¿Qué documento avala esto jurídicamente? El Tratado de Utrecht, la ausencia absoluta de la palabra “soberanía” en él, el mismo Tratado que da cobertura jurídica a la presencia británica en la colonia de Gibraltar, aunque lo hayan incumplido de cabeza a rabo de forma continuada.

2º La soberanía sobre las aguas circundantes del Peñón es española con la sola excepción de las aguas correspondientes al puerto-embarcadero que existía en Gibraltar cuando se produjo la venta política. (Ver croquis de Gibraltar de la época en mi página web http://danielgarzonluna.blogspot.com/ donde podrá ver con claridad el embarcadero y sus aguas y un mapa del puerto actual).

El puerto actual, adicionado al puerto-embarcadero de origen, está construido en aguas españolas, por tanto este puerto, así como el 50%, aproximadamente, de la pista del aeropuerto, están en aguas españolas, y, además, en lo que al aeropuerto se refiere, en la ‘tierra de nadie’ entre las dos fronteras. Por tanto, los guardias civiles que fueron detenidos y llevados al cuartelillo de la policía de Gibraltar no entraron en casa ajena cuando penetraron en las aguas del puerto actual en persecución de delincuentes sino en aguas españolas usurpadas por los británicos..

3º En el supuesto caso que se produjera una negociación con entrega final de la soberana española del peñón y sus aguas a los británicos y llanitos, sin que esa negociación estuviese respaldada por un mandato previo del Parlamento español, nos encontraríamos con que el actual Gobierno de España escinde ‘motu proprio’, sin estar legitimado para ello, un trozo de su territorio y su dominio de aguas del Estrecho y lo entrega a una potencia extranjera, socio de España en la OTAN, que hoy la mantiene como colonia.

4º Ni este Gobierno ni ningún otro Gobierno de España está legitimado para decidir en solitario una escisión de parte del territorio nacional en beneficio de potencia extranjera alguna. De producirse esta premisa, sin que se hiciese sin el respaldo de un mandato del Parlamento español, tal y como se menciona en el apartado anterior, sería, en el caso de Gibraltar, jurídicamente nulo ante la potencia colonial británica y los habitantes del Peñón, tanto los legales como los ilegales. En todo caso, de producirse esa negociación con los requisitos contemplados en el apartado 3º y con el resultado de transferencia de la soberanía a los británicos o llanitos, su validez no sería efectiva mientras no fuese refrendada por votación popular de toda la ciudadanía española en referéndum ya que se trata de una escisión del territorio nacional.

5º Tanto la Gran Bretaña como los llanitos deben tener claro que cualquier tipo de acuerdo que protagonice cualquier Gobierno de España que cambie el concepto sobre la soberanía española sobre Gibraltar y sus aguas, que de forma incuestionable no se cede en el Tratado de Utrecht a Gran Bretaña, será jurídicamente nulo si no tiene el respaldo popular producido en referéndum, según se menciona en el apartado 4º.

6º Todo apunta en la dirección de que el señor ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, no está a la altura del legado de Gibraltar ni de lo que Gibraltar significa para la gran mayoría de los españoles con conocimiento de causa sobre el tema. Su homólogo británico, que no es precisamente una lumbrera, y el llanito Caruana están haciendo encajes de bolillos con él, con sus ‘gestos’, con su ‘talante’ y, de paso, con España entera. Consecuentemente, el señor ministro Moratinos debe ser relevado de su cargo como ministro de Asuntos Exteriores, bien por decisión propia o por dimisión, y, si el presidente Zapatero no está en la situación de afrontar una crisis también dentro de su Gobierno, cosa comprensible, entonces el señor ministro Moratinos debe seguir encargándose de asuntos hispanoamericanos con sus afines, que son aguas en las que nada bien, y ser relevado de todo lo que tenga algo que ver con Gibraltar…..antes que la encharque más a fondo todavía.

En lo que al partido mayoritario de la oposición se refiere, el Partido Popular, debo recordarle que ya cuando el Gobierno de Zapatero decidió dar el valor de tercer socio en la mesa de negociaciones a los llanitos su controversia brilló por su ausencia en la medida de lo que el nefasto paso representaba y la réplica continuada y contundente que semejante despropósito debió significarle. Pasó de puntillas de la creación de la vergonzosa claudicación del tripartito. No hubo el más mínimo seguimiento de los erráticos pasos del ministro de Exteriores en su camino de dar concesiones a los llanitos y regalar ‘gestos’ y ‘talantes’ a cambio de nada. Que los españoles de a pie no estén pendientes del tema de Gibraltar es una cosa lógica porque ya tienen más que suficientes preocupaciones, con toda la que está cayendo, para llegar a fin de mes, pero que un partido que está llamado a gobernar no le dé la importancia y actúe en consecuencia y con la contundencia que el caso requiere sobre un asunto que tanto significa para la dignidad nacional es otra cosa muy a tener en cuenta por lo que nos pueda deparar en el futuro venidero.

Antes o después la propiedad de Gibraltar volverá a la Piel de Toro. España es grande y generosa y le sobra sitio para los llanitos; sólo tendrán que aprender andaluz que, por lo visto, no les será problema alguno porque no hay dudas que se les da mejor la lengua de Cervantes que la de Saquespeare. (En andaluz se dice Saquespeare, es bueno el aprenderlo).

Si bien el artículo del Tratado de Utrecht que se ocupa de la entrega de Gibraltar a Gran Bretaña, el Artículo X, ya lo incluía íntegro en mi comentario sobre Gibraltar del pasado día 25 de noviembre, voy a reproducirlo nuevamente por la importancia que tiene que sea bien conocido por los españoles y por coger poco espacio. Dice lo siguiente:

“El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce en entero derecho, y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno” En el párrafo siguiente dice: “……que la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra……”.

Mismo artículo con información gráfica en mi página web, ya citada en la segunda página de este escrito.
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de diciembre de 2009
Daniel Garzón Luna

EL VICIO HISTÓRICO DE METER LA CUCHARA EN SUELO AJENO

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EL VICIO HISTÓRICO DE METER LA CUCHARA EN SUELO AJENO
Al día de hoy, y después de echar una ojeada a siglos transcurridos, se puede aseverar que los gestores políticos de España han tenido una fijación por mantener un control férreo sobre el suelo, tanto como si ha sido propiedad del Estado, en cuyo caso es natural, como si ha sido de propiedad privada, en cuyo caso es intervencionismo y metida de cuchara donde no deben, y, en lo que a la actualidad se refiere, pasarse por el ‘arco del triunfo’ el Artículo 15 de la Ley del Suelo española. ¿Que esto ha tenido homogeneidad en otras naciones de la Europa Occidental? Sin duda alguna pero no con la continuidad española y en muchísima menor medida como más adelante podremos ver en el ejemplo comparativo que expondré sobre el concepto español de la propiedad del suelo y el sajón (británico para más señas). Comenzaré por ubicarme en la época en la que se sentaron las bases para que el ciudadano de España, en esa época aún envuelta en lucha por su reunificación, perdiera el poder sobre la propiedad de su suelo en profundidad -en los casos que fuese propietario de suelo- y pasó a ser un propietario superficial del mismo. El artífice absolutista de esta iniciativa fue el rey Alfonso XI, también llamado El Justiciero, a la sazón rey de Castilla y León, cuya proclama sobre el territorio podríamos aventurarnos a definir como una avanzadilla de lo que más tarde, a lo largo del siglo XX, especialmente, se convertiría en doctrina del comunismo sobre el suelo que se fundamenta esencialmente en que el suelo es propiedad del Estado en su totalidad. Los Lenins, Los Marxes y demás tenidos como fenómenos de la ideología comunista del siglo XX fueron, por la distancia en el tiempo en que se configuraron los conceptos, unos angelitos comparados con semejante mente preclara en lo que a voracidad del Estado sobre el territorio ajeno se refiere, aunque él, Alfonso XI, no tuviera a la sazón la más remota idea de que lo que puso en pie ya en 1348 tendría eco como consigna totalitaria con una proyección tan brutal y demoledora para la humanidad como sería el comunismo del Este de Europa de nuestra Historia reciente, aún vivo y activo en algunas naciones del Globo.
Este rey, supongo que con la ayuda no desdeñable de una coorte de masa gris-rojiza, convirtió en ley, a través del “Ordenamiento de Alcalá” de 1348, que el subsuelo de todo el territorio bajo el dominio de su Corona fuese de propiedad del Estado, es decir, de la propiedad de la Corona, de su propiedad para ser más claro, porque, por ser los reyes de la época absolutistas, el Estado era él mismo. En otras palabras, de un plumazo se hizo con el subsuelo de todo el territorio en el que gobernaba su Corona, así, por la cara, nacionalización regia universal del subsuelo. Estas Ordenanzas o Ley que, después de ser ratificada en 1387 por el rey Juan I con las “Ordenanzas de Briviesca”, perduró inalterable a través de los siglos hasta nuestros días, pero no porque fuese un bien común pues sólo beneficiaba a los cuantos de turno alrededor del poder o en el propio poder sino que fue, y sigue siendo, una poderosa arma política en manos de los gobernantes en ejercicio del poder.
Ahora puede haber lugar al siguiente interrogante: ¿ha sido bueno y positivo para los ciudadanos españoles lo que Alfonso XI tomó para sí arrebatando al propietario de suelo de la época el derecho total sobre el subsuelo de su propiedad y que, con el transcurrir de los siglos, ha pasado a ser propiedad de un Estado común, como es el caso en la actualidad? En mi criterio no, no ha sido bueno ni positivo para el ciudadano español esta nacionalización del subsuelo impuesta por AlfonsoXI y tampoco ha sido bueno para España. ¿Razones para este criterio? Las hay, por ejemplo: ha coartado la iniciativa individual del ciudadano a explotar su propiedad en profundidad, tanto si se tratara de mineralogía como petrolífera, sin deber tener otro límite que el que le marcara la propiedad colindante, además de controles adecuados en lo que al aprovechamiento de acuíferos se refiere ya que pueden tener origen en otras propiedades ajenas y ser drenados hacia la propia, lo que necesita de por sí una regulación muy precisa. Por otro lado, el Estado no tenía en las épocas a las que nos remontamos los tentáculos informativos necesarios para detectar dónde sacar riqueza del subsuelo por lo que hubo riquezas que no fueron explotadas durante siglos. Ahora cabe otra pregunta al respecto: ¿tiene algún beneficio el ciudadano del Estado español de los tiempos modernos del omnímodo poder que ostenta éste sobre la propiedad del subsuelo de todo el territorio nacional? Podemos aseverar, dejando un pequeño margen para algunas actuaciones puntuales, que ningún beneficio o casi ninguno; por el contrario, al amparo del ‘paraguas’ de esta potestad absoluta de disponer del subsuelo de todo el territorio y no permitir excavación alguna sin concesión o licencia previa, ha dado pábulo a la picaresca en el poder y a que el tráfico de influencias campara por sus respetos a lo largo de los siglos en lo que a concesiones de la explotación del subsuelo se refiere. El poder corrompe y el poder sobre el territorio, bien superficial o en profundidad, es tremendo y ha corrompido siempre tremendamente.
Por otra parte, nunca el Estado puede suplir a la iniciativa privada en actuaciones múltiples en toda la geografía nacional. El monopolio sobre el subsuelo significó para España un desaprovechamiento inmenso por ausencia de diversidad de explotadores de la minería, especialmente en las Españas de Ultramar donde tuvo implantación y continuidad hasta el día de hoy el tristemente famoso “Ordenamiento de Alcalá” de 1348, refrendado por la “Real Cédula de 1504 de los Reyes Católicos. El abuso del derecho sobre el subsuelo por parte de la Corona de España en las Españas de América tuvo un efecto desastroso para el desarrollo y proyección económica de Hispanoamérica porque limitó a unos cuantos elegidos el desarrollo mineralógico del subsuelo, bien por la vía de la concesión o licencia en suelo de propiedad privada, y cercenó toda posible iniciativa privada del emprendedor individualista en la explotación del subsuelo que se mantuvo atado a concesiones o prebendas otorgadas por el cacique gubernamental de turno, desafuero económico que se ha prolongado a través de los siglos hasta nuestros días, ya que ninguna nación hispana de América ha tenido gobiernos que estuvieran por la labor de otorgar a la propiedad del suelo la del subsuelo por serle intrínseca; esto habría significado pérdida de poder político que ningún político cede de buen grado.
Una prueba fehaciente de lo que ha significado para Hispanoamérica el control omnímodo del subsuelo por parte del Estado la tenemos en la demoledora diferencia que existe entre el desarrollo económico experimentado por la América Sajona (América del Norte) y la Hispana (Centro y Sur América); no es gratuito que la economía de la América Hispana lleve siglos por los suelos comparada con el Norte del continente, no pudiéndose argumentar que ello es debido al carácter indolente hispano o sureño para justificar semejante desigualdad en el desarrollo de ambas Américas; la razón básica está en que en la América del Norte los sajones británicos implantaron desde los comienzos de su colonización el derecho irrenunciable a la propiedad privada en suelo y subsuelo traído al Nuevo Mundo desde Inglaterra, lo que vino a generar múltiples actuaciones individuales de emprendedores en todo lo relacionado con el suelo que es básico para cualquier desarrollo económico. La América hispana, por el contrario, fue encadenada, al igual que la Metrópolis, a las leyes de la Corona que, si bien escribió capítulos de humanidad plagados de aciertos y generosidad, no soltó prebenda alguna sobre el subsuelo y condicionó a sus dominios, especialmente a las Españas de América, a un desarrollo económico en manos de un puñado de individuos, no siempre de buen hacer y desdeño del enriquecimiento propio.
¿Consecuencias de esta avidez por el control del suelo? Están ahí para ver y tocar, especialmente en la América Hispana. El éxodo de hispanoamericanos hacia la América Sajona en busca de un medio de vida es espectacular y no precisamente porque sus respectivos países sean pobres por naturaleza sino porque su desarrollo económico ha estado en manos de pocos mientras que la iniciativa emprendedora de muchos ha sido ahogada por las normas disuasorias impuestas a través de los siglos, entre ellas el fatídico “Ordenamiento de Alcalá” de 1348 del rey Alfonso XI, un verdadero derecho Real de pernada económica impuesto por la Corona del Descubrimiento y mantenido en el correr de los siglos a todo lo que se movía relacionado con el subsuelo.
Ahora puede que se suscite la pregunta: ¿y qué pintamos nosotros los grancanarios en todo este rollo sobre el suelo? Sí, no hay duda que la pregunta es de cajón y voy a intentar trasladar a nuestro contexto de forma resumida a dónde me lleva esta exposición sobre el suelo en Hispanoamérica. Veamos:
Si bien el control del subsuelo por el Estado en las naciones de Hispanoamérica atrasó el desarrollo económico de las naciones hispanas comparado con sus vecinos del Norte, podemos decir que la influencia que tuvo el escaso desarrollo del subsuelo en sus vidas cotidianas no fueron determinantes puesto que casi nadie contaba con ese factor como de vital importancia para el día a día de la vida; es decir, había otras actividades sobre el basto territorio con las que poder ir tirando. Por tanto, la no explotación del subsuelo en todas sus posibilidades no fue vital para el vivir cotidiano. ¿Y cuál podría ser el dato comparativo de la América Hispana con Gran Canaria en lo que a sus respectivas dependencias del suelo se refiere? Ahí está precisamente el quid de la cuestión: para la América Hispana el monopolio y control que el Estado ejercía y ejerce sobre el subsuelo no era determinante, como he mencionado, para subsistir mientras que en Gran Canaria el control exacerbado y el intervencionismo que los Gobiernos canarios han venido ejerciendo sobre el suelo de titularidad privada en Gran Canaria en las dos últimas décadas sí ha sido y sigue siendo determinante para la subsistencia de una importantísima parte de la ciudadanía grancanaria. Me explico:
Si bien no puede decirse que la explotación o no explotación del subsuelo grancanario sea determinante para que mejore o empeore el status de vida de un número significativo de grancanarios, sí podemos asegurar que en las cuatro últimos décadas el 75%, aproximadamente, de la economía de la Isla ha dependido del binomio turismo/construcción, ambas actividades ligadas intrínsecamente al suelo; es decir, una actuación racional sobre el suelo ha venido dando sustento al 75%, bien directamente relacionados con el binomio citado o de forma indirecta, de los grancanarios. Y bien, ¿qué problema hay?, tal vez se pregunta el lector. El problema que hay es muy gordo, gordísimo porque el intervencionismo y control desmesurado que los Gobiernos canarios han venido ejerciendo desde comienzos de la década de los noventa hasta el día de hoy ha hecho totalmente imposible que Gran Canaria pudiese actualizar su oferta alojativa con camas hoteleras de calidad, lo que viene exigiendo el mercado desde la década de los ochenta, y ha perdido el liderazgo del mercado turístico de invierno en Europa en beneficio de Tenerife, que está en camino de triplicar a Gran Canaria en su oferta de camas hoteleras de cuatro y cinco estrellas, mientras que Gran Canaria mantiene en su inventario un abultado número de camas extrahoteleras de bajísima calidad que están predestinadas a quedar fuera del mercado a muy corto plazo en una cuantía que rondará las 80.000 camas repartidas desde Bahía Feliz hasta Mogán, lo que pone de manifiesto que la sangría de despedidos por cierre de complejos extrahoteleros en el Sur de la Isla tienen remotas posibilidades de encontrar un nuevo puesto de trabajo porque las moratorias del 2001 al 2003, la del 2003 al 2009 (Ley de Directrices) y la del 2009 hasta cuando el Gobierno de turno quiera (Ley de Medidas urgentes) han aniquilado al binomio construcción/turismo y, con ello, la creación de nuevas camas de calidad que nos proyectaran nuevamente a la primera línea del mercado turístico europeo y absorbiera la mano de obra que está quedando ociosa por el cierre de complejos extrahoteleros, especialmente en el Sur de la Isla.
Así las cosas, al día de hoy tenemos unos 250.000 personas en las listas del paro en Canarias de los que un 50%, aproximadamente, son grancanarios, todos ellos con escasísimas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo en los próximos años, tanto en la construcción como en la hostelería. Por otro lado, el intervencionismo e injerencia desmedida de la política en el mundo de la economía y la iniciativa privada ha originado un fuerte retraimiento del inversionista porque ha creado una tremenda inseguridad jurídica y zozobra al inversionista el hecho de que lo que es hoy válido para un gestor político mañana deja de serlo para el que le pueda sustituir en el cargo y que la política dicte a placer lo que se puede hacer sobre un suelo ordenado -después de haber sido aprobado por todas las instituciones competentes lo que se puede hacer en los pertinentes Planes Parciales- cuándo se puede hacer, cómo se tiene que hacer y en cuánto tiempo hay que hacerlo, utilizando para ello incluso leyes que bordean la trampa como es el caso de la reciente Ley de Medidas Urgentes en la que se fijan condicionantes para la realización de proyectos que son imposibles de cumplir, como pudieran ser los hoteles escuela, con los que el Gobierno pretende que el empresariado asuma sus obligaciones docentes, o el desarrollar proyectos en el plazo rígido de tres años en una situación de recesión aguda de la demanda turística que desaconseja el invertir, de momento, en nuevas camas turísticas. Todo esto con la penalización de la desclasificación del suelo, la expropiación y una retahíla de otras medidas coercitivas y penalizadoras, por lo que cabe preguntarse: ¿este panorama tan desolador es atractivo para un inversionista, especialmente si es foráneo? o ¿es de recibo una ley que obliga a construir un hotel en un tiempo record de tres años, so pena de ser desclasificado el suelo, cuando la inversión tiene gran riesgo de rentabilidad por falta de demanda en el mercado? o ¿Se puede penalizar por ley al propietario de un suelo debidamente ordenado con la desclasificación del suelo si no construye un hotel escuela como única posibilidad de construir, cometido docente que corresponde al Departamento de Formación del Gobierno? o, Si todo este trajín de moratorias para acá y para allá tienen la finalidad del “ni una cama más”, ¿cómo es posible que se penalice con desclasificación del suelo a quien no construya más camas porque no tiene mercado para ellas, por ejemplo? o, si la política del Gobierno sigue siendo el “ni una cama más”, ¿cómo vamos a recibir turismo de calidad en número suficiente para poder reincorporar a los hoy existentes desempleados al mundo del trabajo si nos falta la infraestructura receptiva -camas hoteleras de calidad- para ello? Tal vez alguien dentro del mundo político que dirige nuestro destino tiene la respuesta de qué fue primero, el huevo o la gallina… porque esa respuesta aquí podría ser de utilidad.
CONCLUSIÓN FINAL
HISPANOAMÉRICA: El monopolio de la Corona de España sobre el subsuelo de las naciones de Hispanoamérica, además del territorio metropolitano pues América no fue una excepción, lastraron de forma relevante sus respectivos desarrollos a través de los siglos y hoy el lastre continúa; no obstante, siguen ‘tirando’ hacia adelante porque sus territorios son inmensos y sus posibilidades también.
GRAN CANARIA: La congelación del crecimiento económico de la mano del intervencionismo, injerencia y control férreo del suelo ordenado de propiedad privada por parte de los Gobiernos de Canarias ha llevado a Gran Canaria a una situación drástica de paro de dificilísima solución y a un retroceso muy grave en nuestro liderazgo, tantos años mantenido, de la oferta turística de invierno en el mercado europeo. Gran Canaria no sigue ‘tirando’ hacia adelante, está en regresión, vamos hacia atrás, peor que Hispanoamérica porque nuestro abanico de posibilidades de desarrollo económico se reduce a dos sectores: TURISMO/CONSTRUCCIÓN. Ninguno de los demás sectores económicos de la Isla es alternativa en la actualidad al modelo turismo/construcción. La salida de la crisis canaria no es fácil pero el binomio citado es el único camino, no hay otro ahora mismo, y ese camino tiene que ser allanado por nuestros dirigentes políticos sacando ‘la cuchara’ del suelo ajeno, no dando más ‘chutes’ de intervencionismo al enfermo y dejarlo que por sí mismo se recomponga, recupere su pulso y constantes vitales y podremos ver como, por sus propios pies, sale de la UCI tan pronto como ‘escampe’ en el exterior..
Mismo artículo con información gráfica en mi página web: http://danielgarzonluna.blogspot.com/
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de diciembre de 2009.
Daniel Garzón Luna